La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alarmas sobre la gestión de recursos públicos administrados a través de contratos fiduciarios. Con corte a diciembre de 2024, el organismo de control identificó que una porción significativa de estos fondos permanece sin ejecución, pese a que fueron concebidos para impulsar eficiencia y transparencia en el gasto estatal.
El estudio revela que, de un total de $13,48 billones distribuidos en 787 negocios fiduciarios, $4,84 billones correspondientes a 156 contratos se encontraban inmovilizados. Esta cifra equivale al 35,61% del total analizado y, según la CGR, refleja una “ineficiencia fiscal” que se traduce en oportunidades perdidas para financiar proyectos estratégicos.
Un doble impacto: costo fiscal y pérdida social
La Contraloría concluyó que la inmovilización de recursos genera un doble costo para el Estado. Por un lado, existe una pérdida económica asociada al costo de oportunidad, ya que los fondos permanecen en portafolios de baja rentabilidad. Por otro, se produce una pérdida social derivada del retraso en la entrega de bienes y servicios esenciales.
“Cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza”, advirtió el organismo de control, al subrayar el impacto directo sobre el Gasto Público Social y la calidad de vida de los ciudadanos.
Ministerio de Vivienda lidera recursos inmovilizados
En una muestra específica de $390.265 millones analizada por la CGR, el Ministerio de Vivienda aparece como la entidad con mayor volumen de recursos sin ejecutar. Según el informe, esta cartera concentra $165.255 millones inmovilizados, equivalentes al 42,34% del total de la muestra.
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Le siguen el Ministerio de Comercio, con $109.320 millones (28,01%), y el Ministerio de Salud, con $67.792 millones (17,37%). Estos resultados evidencian que sectores clave de la política pública enfrentan serias dificultades para materializar proyectos financiados mediante esquemas fiduciarios.
Alta concentración en pocas fiduciarias
El análisis también identificó una fuerte concentración de recursos inmovilizados en un número reducido de fiduciarias. Scotiabank Colpatria encabeza la lista, con $168.081 millones bajo administración sin ejecutar, lo que representa el 43% de la muestra evaluada.
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A esta le siguen Fiduciaria La Previsora, con $74.440 millones, y Fiduciaria Popular, con $46.979 millones. Para la Contraloría, este escenario refuerza la necesidad de focalizar acciones correctivas en actores específicos del sistema fiduciario.
¿Por qué no se ejecutó ese dinero de fiducias?
De acuerdo con el informe, las principales causas de la inmovilización de recursos están relacionadas con fallas en la ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes. Aunque los recursos estaban disponibles, estos problemas generaron rigidez operativa y retrasos significativos.
Durante 2024, la situación afectó especialmente proyectos fiduciarios de gran escala en sectores estratégicos como infraestructura inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales. Se trata de iniciativas con altas inversiones iniciales y plazos de ejecución largos, alineadas con prioridades de desarrollo nacional.
Ante los hallazgos, la Contraloría General de la República reiteró su compromiso con la defensa del patrimonio público y anunció que dará inicio a las actuaciones fiscales correspondientes. El objetivo es corregir las fallas detectadas, reducir la inmovilización de recursos y mejorar la eficiencia del gasto público en Colombia.
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