Luego de decretarse el aumento de 23,7% para el salario mínimo de este año, las advertencias desde los diversos gremios económicos sobre una carestía en los precios no han frenado. La tensión ha ido creciendo, pues la respuesta del Gobierno Nacional no ha sido otra que denunciar incrementos de precios, amenazar con investigaciones e, incluso, hablar de un plan para controlar la especulación de precios.
El hecho más reciente se registró contra el gremio constructor, Camacol. Ayer, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia al sector constructor al pedir que se deje de informar a los compradores que los precios de la vivienda serán indexados al mismo porcentaje del salario vital (23,7%).
Incluso, el mandatario sostuvo que esa es una práctica que constituye en “estafa delictiva” contra los consumidores y debe ser investigada por las autoridades competentes. Algo que más adelante se precisa que no es del todo cierto.
No paró ahí. El jefe de Estado solicitó de manera explícita la intervención de los entes de control como la Superintendencia de Industria y Comercio y dirigió un mensaje directo al Ministerio de Vivienda para abstenerse de transferir recursos públicos (subsidios) a las empresas que, según su criterio, mantengan estas prácticas comerciales.
El control de precios generaría incertidumbre
La concejal de Bogotá, Sandra Forero, advirtió que los recientes mensajes del presidente están deteriorando la confianza en el sector. Añadió que estas afirmaciones se producen en un momento especialmente sensible, cuando la industria aún no termina de absorber el impacto directo del aumento del salario mínimo decretado por el propio Gobierno.
Además, añadió que los señalamientos desconocen el marco jurídico vigente que regula los precios de este tipo de vivienda y trasladan al sector privado una responsabilidad que, en realidad, es consecuencia de decisiones oficiales.
De acuerdo con la concejal, el valor máximo de la vivienda VIS y VIP no es una decisión discrecional de los constructores, sino que está atado al salario mínimo. Así lo estableció el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por esta misma administración, que fija los topes de precio en salarios mínimos legales vigentes.
“Las constructoras no están estafando a nadie. El artículo 293 del Plan Nacional de Desarrollo es claro al definir el precio máximo de la VIS y la VIP en salarios mínimos”, afirmó Forero. Agregó que, aunque muchos proyectos informan los precios en pesos y numerosas viviendas se comercializan por debajo del tope permitido, el incremento reciente del salario mínimo fue inesperado por su magnitud.
Por su parte, Camacol sostuvo que “el gremio constructor no ha definido incrementos de precios”. Y añadió que elevado alza definida por el Ejecutivo tomó por sorpresa a la economía.
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Agregó que el contexto nacional es crítico, ya que de acuerdo a sus datos, más de 24.000 familias desistieron de adquirir vivienda en 2025 tras la cancelación del famoso programa Mi Casa Ya.
Cabe aclarar que las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP) están directamente atadas al salario mínimo, ya que la ley fija sus precios máximos en salarios y no en valores absolutos en pesos. En ese marco, el tope de una vivienda VIP es de 90 salarios mínimos, mientras que el de la VIS es de 135 salarios en la mayoría de municipios y de 150 salarios mínimos en las principales áreas metropolitanas del país.
En contraste, las viviendas de estratos medios y altos, así como los proyectos comerciales o de lujo, no están indexados al salario mínimo y sus precios responden a la dinámica de oferta y demanda del mercado inmobiliario. Para estos segmentos, los analistas señalan que el aumento del salario mínimo impacta principalmente el componente de mano de obra, que representa cerca del 25 % de los costos.
¿Un afán por controlar un golpe inflacionario?
Como se mencionó, el caso con Camacol no parece ser un hecho aislado, sino un plan del Gobierno por controlar los precios. El propio presidente Gustavo Petro indicó en X que “no permitirá que los empresarios trasladen el aumento salarial al aumento de precios al consumidor”.
Su teoría es que “el salario vital” establecido para 2026 hará que aumenten las ganancias de los empresarios, pero “no por precios mayores sino por mayores ventas y más productividad”.
Más tarde y en entrevista con W Radio, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, hablo sobre dicha intención. El alto funcionario mencionó sobre controlar fenómenos especulativos y las expectativas de los actores del mercado para evitar un “desbordamiento” de la inflación.
De hecho, el mismo día que se anunció el incremento salarial, la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), por directrices de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, realizó una solicitud a todas las aerolíneas comerciales que operan en Colombia para que mantuvieran la responsabilidad social y tarifaria durante la temporada de fin de año.
“La autorregulación, el cumplimiento de la norma y la transparencia con el usuario contarán con el respaldo e incentivos del Gobierno Nacional”, señaló la ministra, al subrayar que estas prácticas son fundamentales en una temporada de alta sensibilidad para los consumidores.
El Gobierno busca desindexar más productos del salario mínimo
A esa estrategia se suma un decreto para desindexar del incremento del mínimo algunos productos y servicios. De hecho, se espera que ahí se incluya la Vivienda de Interés Social y la de Interés Prioritario, además en el documento se implementaría préstamos y recortes fiscales a pequeñas y medianas empresas.
Guillermo Herrera, presidente de Camacol, anotó en entrevista con La República que el gremio proyecta por cuestión del salario un crecimiento de costos de entre 10% y 13% en la producción de vivienda. Con esa realidad de fondo, argumentó que desindexar los precios de la vivienda VIS del salario mínimo no es viable por decreto, ya que este esquema está definido por la ley y el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el propio Gobierno, por lo que solo el Congreso podría modificarlo.
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Además, añadió que el problema surge de una política salarial desproporcionada que ahora se intenta corregir con “medidas que podrían ser ilegales” y trasladando la responsabilidad al sector empresarial, cuando lo que se requiere es un debate técnico. La desindexación afectaría inversiones y ahorro, generando una pérdida generalizada del valor de los activos inmobiliarios, sentenció el líder gremial, que recordó que el sector ya enfrenta una tasa de desempleo del 14% y una informalidad cercana al 70%.
Hay que recordar que desde el cierre de 2023, el Gobierno impulsó una estrategia para desligar numerosos bienes y servicios de los aumentos del salario mínimo, con el objetivo de preservar el poder de compra de los trabajadores. Esta política buscó evitar que el ajuste salarial se trasladara de forma automática a los precios al consumidor.
En ese momento ya se había eliminado la indexación del salario mínimo para 116 productos y servicios, y se avanzaba en la exclusión de otros 88, alcanzando así un total de 204 ítems. Para finales de 2025, la lista se amplió a 225. Entre los bienes y servicios desindexados del incremento de 2024 figuraron alimentos básicos como la leche y las carnes, además de matrículas educativas, cuotas moderadoras de las EPS, transporte intermunicipal, seguros de salud y otros rubros de uso cotidiano.
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