En un nuevo capítulo de escándalos corporativos que sacuden a las empresas más grandes del país, un informe demoledor de auditoría interna, revelado por La W y conocido también por El Tiempo, expone una serie de graves irregularidades cometidas por Alberto José Vergara Monterrosa, actual vicepresidente de Ética y Cumplimiento de Ecopetrol.
La fecha del documento no es menor: el 20 de mayo. Ese día, la presidencia de Ecopetrol y el Comité de Auditoría de la Junta Directiva recibieron un informe que, sin rodeos, habla de acoso laboral, acoso sexual, abuso de poder, despidos injustificados, uso irregular de herramientas forenses y espionaje interno en la estatal.
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Lo más grave es que, según los hallazgos, Vergara sería el artífice de un otrosí por 5,8 millones de dólares firmado con la firma Covington & Burling LLP, en el que se autorizó una indagación que terminó extralimitándose hasta los correos y dispositivos de miembros de junta, directivos sindicales y ejecutivos sin autorización expresa.
“Todo indica que utiliza estos datos de manera arbitraria para hostigar, manipular y perseguir a empleados, violando gravemente su derecho a la privacidad y generando un ambiente de intimidación dentro de la empresa”, se lee en el informe.
Alberto Vergara, el hombre detrás del escándalo en Ecopetrol
El escándalo tomó forma en diciembre de 2024, cuando se firmó el mencionado otrosí con Covington, una poderosa firma estadounidense.
El contrato, en principio, tenía como fin investigar posibles irregularidades en la llegada de Ricardo Roa a la Presidencia de Ecopetrol. Pero el informe de auditoría demuestra que ese fin se desbordó.
Lo que Covington terminó haciendo fue copiar masivamente información de celulares y computadores de altos directivos, incluyendo al propio presidente Roa.
Según la auditoría, el procedimiento fue presentado a los funcionarios como una solicitud de la Junta Directiva. Sin embargo, ese mismo cuerpo colegiado lo negó enérgicamente el 30 de enero de 2025, cuando calificó la acción como “desmedida”.
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“La Junta Directiva de Ecopetrol consideró este procedimiento como ‘desmedido’ y rechazó que se hubiera hecho la solicitud de entrega de equipos a nombre de la Junta Directiva, sin haber contado con dicha autorización”.
Ecopetrol: las ‘chuzadas’ internas y el uso ilegal de Discovery
Otro de los puntos neurálgicos del informe tiene que ver con el uso de herramientas de auditoría forense como Discovery, diseñada para investigaciones delicadas, pero que Vergara habría usado para espiar a personas no relacionadas con casos éticos.
“EL SUJETO DE INTERÉS en diversas ocasiones solicitó a sus subalternos utilizar las herramientas de auditoría forense, entre ellas e-Discovery, para obtener información sobre personas no relacionadas con casos éticos abiertos y/o registrados”, alerta el texto.
La auditoría advierte que desde mediados de 2024 se realizaron indagaciones sin aval de la Junta ni del Comité de Riesgos. Las víctimas de este espionaje interno fueron tres miembros de la Junta, nueve ejecutivos del Grupo Ecopetrol, cuatro sindicalistas y hasta personas ajenas a la organización.
Todo esto bajo la excusa de proteger la reputación de la compañía frente a investigaciones externas, incluso por parte de la SEC en Estados Unidos.
“Se han recibido múltiples testimonios que describen un patrón de comportamiento depredador, donde utiliza su autoridad para someter a empleadas y colegas bajo amenazas veladas o explícitas de afectar su estabilidad laboral si se niegan a sus insinuaciones o si denuncian sus abusos”, reza el documento.
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Acoso, intimidación y despidos masivos
El informe no se queda en lo técnico. También entra en los aspectos más humanos y preocupantes: el comportamiento personal de Vergara. Al menos seis testimonios recogidos por la auditoría interna describen un patrón de conducta sistemática de acoso sexual y laboral.
Dos mujeres relataron que fueron sorprendidas por Vergara durante videollamadas en las que él aparecía en ropa interior. Otras señalaron que enfrentaron insinuaciones acompañadas de amenazas veladas de perder su empleo si no accedían o denunciaban los hechos.
“Al menos tres personas manifestaron tener conocimiento de un episodio en enero del año 2023 [...] en el cual EL SUJETO DE INTERÉS prendió su cámara y se presentó en ‘ropa interior’”, detalle la auditoría.
Además, se documentan más de 20 despidos injustificados dentro del equipo de Cumplimiento, lo que debilitó seriamente la capacidad de control ético y legal de la compañía. Muchos de esos despidos, según se lee en el documento, obedecieron a retaliaciones o a intentos de encubrimiento.
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“Al menos cuatro personas del grupo entrevistado manifestaron sentir temor de entregar información o rendir la entrevista por las posibles repercusiones que en el futuro ello pueda tener al interior de LA COMPAÑÍA”.
¿Quién autorizó el otrosí? Las versiones encontradas
En el memorando que acompañó el otrosí con Covington, Alberto Vergara asegura que fue la Junta Directiva quien ordenó el contrato. Sin embargo, la auditoría demuestra que esa afirmación es falsa.
La Junta niega haber ordenado una investigación de ese calibre, y mucho menos que se hiciera en su nombre la recolección de dispositivos electrónicos y correos.
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Esto abre un nuevo frente: una posible falsedad ideológica en documento público, con implicaciones penales, además del uso indebido de recursos y abuso de poder.
A pesar de la gravedad del caso, Ecopetrol solo comenzó a reaccionar públicamente cuando los medios hicieron públicas las denuncias. Este viernes 30 de mayo, la Junta Directiva de la petrolera estatal tiene prevista una reunión ordinaria en la que este tema será central. Es la tercera vez consecutiva que una junta se dedica exclusivamente a los escándalos revelados por medios de comunicación.
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La pregunta que hoy recorre los pasillos de la petrolera es: ¿por qué se permitió que un funcionario con ese poder operara sin control durante meses? Y, aún más inquietante, ¿qué sabía Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, de todo esto?
Además, este jueves de 29 de mayo, la junta directiva de Ecopetrol emitió un comunicado en el que asegura que ni el Comité de Auditoría ni la misma junta fueron consultados respecto a la firma del polémico otrosí que tiene contra las cuerdas la continuidad de Ricardo Roa en la presidencia de la compañía.
En el documento, asegura que “menos aún” fue enterada del cambio en las condiciones y en el valor del contrato que se firmó con la estadounidense Covington & Burling LLP. “Como consecuencia de lo anterior, la Junta Directiva ordenó la suspensión de las actividades desde febrero de 2025”, continuó.
Lo anterior, en referencia al contrato de 875.000 dólares que originalmente se había hecho con esa firma para evaluar el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales –de cara a Ecopetrol–, que luego derivó en un otrosí que cambió las condiciones.
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El contrato subió sustancialmente a US$5,8 millones y sus finalidades se extendieron a la interceptación de más de 70 funcionarios de la petrolera y sus filiales, una suerte de “espionaje” que tiene en vilo la continuidad de Roa.
“La empresa colaborará con las autoridades y entes de control que han iniciado procedimientos relacionados con esta situación. Las acciones legales en curso buscan preservar la integridad de la empresa y proteger su imagen y reputación en el ámbito nacional e internacional”, agregó.
