Tras conocerse el viernes pasado la declaratoria de emergencia económica, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto ya fue firmado por todos los ministros y radicado oficialmente. El anuncio, inicialmente hecho por el Ministro de Hacienda Germán Ávila, busca cubrir un faltante cercano a los $16 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria, provocó una reacción inmediata de los principales gremios empresariales del país, que advirtieron riesgos constitucionales, jurídicos y económicos, y pidieron a la Corte Constitucional una revisión urgente de la medida, incluso durante la vacancia judicial.
Mientras el Gobierno defiende la emergencia como un mecanismo excepcional los gremios coinciden en que no existe un hecho sobreviniente que justifique acudir a un estado de excepción, el tercero que se hace en 30 años de dicha magnitud, para garantizar la estabilidad fiscal y el pago de la deuda pública. Para ellos, la situación fiscal es previsible, estructural y consecuencia de decisiones de gasto y endeudamiento, por lo que debe resolverse con herramientas ordinarias y no mediante facultades extraordinarias.
“El decreto se firmó por parte de los ministros y fue radicado posteriormente. La intención es clara: que el peso de la medida recaiga sobre quienes tienen mayores capacidades económicas”, afirmó el ministro, al rechazar las críticas de que la emergencia afectará a la clase media.
Según el Gobierno, la falta de una ley de financiamiento incrementaría el riesgo país, afectaría la confianza de los bancos internacionales y presionaría al alza el costo de los bonos, con impactos directos sobre la inversión y la ejecución de proyectos estratégicos.
Ese argumento, sin embargo, es precisamente el que los gremios ponen en duda.
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Pronunciamiento de los gremios
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fue uno de los más enfáticos. Su principal alerta no solo apunta al fondo de la medida, sino al momento en que se anuncia: “El Gobierno va a decretar la emergencia económica justo antes de que se decrete la vacancia judicial. Eso significa que si alguien quiere demandar esa emergencia inconstitucional, no podrá hacerlo sino hasta que la Corte Constitucional vuelva de vacaciones”.
Mac Master recordó que, bajo la presunción de legalidad, los decretos de emergencia tienen efectos inmediatos. “Eso implica que, si se crean impuestos nuevos, los colombianos tendríamos que pagarlos, aun cuando después la Corte diga que fueron inconstitucionales. Luego vendrá la pregunta de cómo va a devolver el Gobierno esos recursos”, señaló.
En su análisis, no existe ninguna causa extraordinaria que habilite la figura. “La emergencia económica se puede declarar cuando hay hechos verdaderamente extraordinarios e irresistibles que cambian el panorama económico del Estado. Nada de eso ha ocurrido”, afirmó. Por el contrario, sostuvo que el rechazo de una ley de financiamiento es un escenario previsto en la ley, que obliga al Ejecutivo a ajustar el presupuesto o aplazar gasto. “No tiene forma de argumentar que porque no se aprobó la tributaria se puede decretar una emergencia”, recalcó.
El rifirrafe de declaraciones también se trasladó a la red social X. Tras las críticas del presidente Gustavo Petro a los sectores que, según dijo, reaccionan con rapidez cuando se trata de frenar nuevos impuestos, pero guardan silencio frente a iniciativas sociales, el debate escaló públicamente. “Ahora sí se ponen pilas y corren a defender a los megarricos de los impuestos. Pero salen corriendo, lejos de aquí, para subir el salario de los trabajadores”, escribió el mandatario, al tiempo que cuestionó lo que calificó como un afán por desmontar gravámenes a los más ricos mientras se postergan decisiones sobre pensiones y derechos sociales.
La respuesta no se hizo esperar. El presidente de la Andi reivindicó el rol de los contrapesos institucionales y aseguró que la discusión va más allá del debate tributario.
“Sí, Presidente, para defender el Estado de derecho y la Constitución hay que estar listo, hay que hacerlo con convicción y con la urgencia que requiere defender la democracia, especialmente cuando las amenazas vienen de lugares inesperados, en este caso, del Estado mismo”, afirmó Mac Master, al cuestionar el alcance del anuncio oficial.
El Consejo Gremial Nacional respaldó ese diagnóstico y fue más allá al pedir formalmente a la Corte Constitucional que evalúe la suspensión provisional del decreto, incluso si se expide durante la vacancia judicial. “Es evidente y clara la inexistencia de los requerimientos constitucionales para declarar una emergencia económica”, señaló el gremio, al advertir que la situación fiscal actual es previsible y ha sido advertida desde 2024 y 2025.
El Consejo recordó que el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal alertó sobre desfinanciamiento, exceso de gasto y proyecciones irreales de ingresos. “El Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios consagrados en la Ley Orgánica del Presupuesto para ajustar las cuentas. Desconocerlos tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el orden institucional”, advirtió.
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Minería y comercio alertan por seguridad jurídica e inversión
Desde el sector minero, la Asociación Colombiana de Minería lanzó una de las críticas más duras. “Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe y pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal”, afirmó su presidente, Juan Camilo Nariño. Para la ACM, una nueva emergencia sería el tercer estado de excepción en menos de tres años, un precedente que “desconoce el espíritu de la Constitución de 1991 y los límites al poder Ejecutivo”.
“El uso reiterado del estado de excepción rompe precedentes y pone en riesgo el equilibrio entre instituciones”, advirtió Nariño, al alertar que la medida envía una señal profundamente negativa a la inversión y presiona aún más a los sectores productivos.
Fenalco también acudió a la Corte Constitucional. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, alertó que los decretos de emergencia “producen efectos jurídicos inmediatos, capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede resultar compleja, incluso ante una eventual declaratoria de inexequibilidad”. En su concepto, sustentar la emergencia en la caída de la reforma tributaria “ignora el ejercicio legítimo de las competencias del Congreso”.
Cabal añadió que ni los precios internacionales del petróleo ni las tasas de interés justifican la medida, pues son circunstancias previsibles y, en buena parte, asociadas a decisiones del propio Ejecutivo, como la incertidumbre fiscal y regulatoria.
A estas voces se sumó la Alianza de gremios y asociaciones empresariales, Aliadas, que advirtió que los nuevos gravámenes podrían traducirse en “presiones significativas sobre la liquidez, mayores costos de transacción, incremento de la incertidumbre regulatoria y afectaciones sobre competitividad e inversión”, con impactos directos sobre el crecimiento y el empleo formal.
Con el decreto ya radicado, el pulso entre el Gobierno y el sector productivo queda ahora en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir si la emergencia económica cumple —o no— con los estrictos requisitos que exige la Carta Política.
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Un borrador del decreto de emergencia económica, conocido de manera preliminar, anticipó un paquete de impuestos con el que el Gobierno buscaría recaudar cerca de $16 billones.
Entre las medidas se contempla elevar el gravamen a los movimientos financieros del 4x1.000 al 5x1.000, ampliar el impuesto al patrimonio a personas naturales y jurídicas con patrimonios desde 40.000 UVT, y aplicar IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea.
El documento también propone mayores impuestos a licores y tabaco, incluyendo cigarrillos, vapeadores y productos de tabaco calentado, así como un tributo del 1% a la extracción y exportación de petróleo y carbón. Estas propuestas han generado preocupación en el sector productivo por su impacto sobre la liquidez, la inversión y el empleo.
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