Las prohibiciones contractuales, según la SIC, tendrían como presunto objetivo excluir a potenciales competidores y preservar la posición monopolística de Apple.
La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en cabeza de Cielo Rusinque, abrió una investigación contra Apple INC y Apple Services Latam por el presunto abuso de posición de dominio en los mercados de “distribución de plataformas tecnológicas” y “servicios de procesamiento de pago para la compra de bienes y servicios digitales”.
Se trata del coletazo local de una controversia de vieja data en otros mercados, como el de EE. UU., en el que desarrolladores de apps ya habían manifestado la dificultad para acceder a las tiendas virtuales de Apple.
El caso se relaciona con la presunta barrera de entrada el sistema operativo iOS, dado que, supuestamente, se restringe la instalación de otras app store y se impediría que otros sistemas de pago operen en los dispositivos de la marca.
Según la SIC, en un pronunciamiento emitido en una resolución de mediados de agosto de 2025, el gigante tecnológico habría restringido el acceso de nuevos participantes al mercado de distribución de aplicaciones digitales, esto a través de cláusulas que prohibirían a desarrolladores crear y operar tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store.
Esta restricción, desde la óptica del ente supervisor, limitaría la posibilidad de que dichos desarrolladores distribuyan sus propios productos.
La SIC indicó que las prohibiciones contractuales tendrían como presunto objetivo excluir a potenciales competidores y preservar la posición monopolística de Apple en el mercado de distribución de bienes digitales para los sistemas operativos iOS y iPadOS.
La entidad agregó que la compañía fundada por Steve Jobs habría obstaculizado el acceso de los desarrolladores de aplicaciones nativas para iOS y iPadOS a diversos canales de comercialización. Conducta que, supuestamente, se habría materializado mediante la prohibición a los desarrolladores de ofrecer a sus usuarios métodos de pago alternativos para la adquisición de servicios y suscripciones digitales dentro de sus aplicaciones.
Tal como lo expuso la SIC en a citada resolución, la presunta conducta anticompetitivas de Apple sería la obstaculización de nuevos participantes en el mercado de distribución de aplicaciones digitales mediante la imposición de cláusulas restrictivas y abusivas que prohibirían a los desarrolladores crear y operar tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store.
Además, la entidad supervisora menciono la presunta intención de obstaculizar el acceso de los desarrolladores de aplicaciones nativas para iOS y iPadOS a diversos canales de comercialización, al impedirles ofrecer a sus usuarios métodos de pago alternativos para la adquisición de servicios y suscripciones digitales.
Apple percibía una comisión que oscilaba entre 15% y 30% del valor de cada transacción, al tiempo que prohibía a los desarrolladores informar a los usuarios sobre métodos de pago externos potencialmente más económicos, excluyendo así cualquier canal transaccional fuera del ecosistema iOS y iPadOS.
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