La Cámara Induarroz de la Andi, gremio que representa a los industriales del arroz en Colombia, manifestó su “profunda preocupación” frente a la decisión del Gobierno de someter el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada, es decir, con control estatal del precio mínimo.
Según el gremio, la medida, expedida como parte de los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Agricultura y los líderes del paro arrocero, no tuvo en cuenta los verdaderos orígenes del desequilibrio del mercado ni los aportes técnicos presentados por la industria a través de los canales institucionales.
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“La situación no se resuelve interviniendo el precio, sino atendiendo las causas estructurales del problema”, señaló Induarroz, al advertir que la medida puede generar distorsiones adicionales en un sector ya afectado por una sobreoferta sin precedentes.
El gremio recordó que la industria arrocera es un motor económico regional que emplea a más de 8.000 personas de manera formal en zonas rurales del país, y que absorbe la totalidad de la cosecha nacional —más de 3,5 millones de toneladas de arroz paddy verde al año—, garantizando que los agricultores puedan comercializar su producción.
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El problema de la sobreoferta
De acuerdo con Induarroz, el origen de la coyuntura actual radica en una siembra excesiva. En 2024, Colombia sembró 631.000 hectáreas de arroz, alcanzando la mayor cosecha de su historia, en un contexto de caída internacional de precios —alrededor de un 30%— por la abundancia del grano en los mercados globales.
Aunque desde finales del año pasado hubo alertas sobre la necesidad de racionalizar las siembras, el gremio sostuvo que el área cultivada siguió creciendo, particularmente en departamentos como Casanare, que alcanzó un récord de 216.000 hectáreas solo en el primer semestre de 2025.
Como consecuencia, el país llegó a la actual cosecha con inventarios 92% superiores a los del año anterior, muy por encima de los niveles recomendados por el Plan de Ordenamiento Productivo de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA).
La industria advirtió que intervenir los precios sin atender esta sobreproducción podría agravar los problemas de comercialización, generar pérdidas para los actores de la cadena y desincentivar la sostenibilidad del cultivo.
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Preocupaciones frente al régimen de libertad regulada del arroz paddy verde
La Cámara Induarroz expresó su preocupación por los efectos que podría generar la decisión del Gobierno Nacional de someter al arroz paddy verde al régimen de libertad regulada, en el marco de los acuerdos alcanzados con líderes del paro arrocero.
Según los industriales, esta medida —que fija precios mínimos hasta un 17% por encima del valor de mercado en algunos municipios, de acuerdo con datos de Fedearroz— fue adoptada sin tener en cuenta las dinámicas comerciales del sector ni los aportes técnicos enviados por la industria a través de los canales institucionales.
En este sentido, Induarroz advirtió que la implementación de esta regulación, en un contexto de sobreoferta histórica, podría tener consecuencias económicas graves, tales como:
-Aumento en los precios del arroz blanco al consumidor final, impactando especialmente a los hogares de menores ingresos.
-Incentivo a incrementar las siembras, agravando el exceso de producción.
-Pérdida de competitividad frente a las importaciones, especialmente en un contexto internacional de excedentes.
-Incremento de la informalidad en la cadena de comercialización.
-Generación de desequilibrios estructurales que amenazan la sostenibilidad del sector arrocero.
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“Estamos en una coyuntura marcada por una cosecha récord de 3,5 millones de toneladas de paddy verde y unos inventarios 92% más altos que los de 2024. Esta medida podría empeorar el panorama y afectar la estabilidad de toda la cadena productiva”, indicó la Cámara.
Piden soluciones estructurales para el arroz
Desde la expedición de la resolución, los distintos actores del sector han tenido que adaptar de forma independiente sus modelos de negocio para cumplir con la regulación, en un entorno marcado por la sobreproducción.
Induarroz insistió en que cualquier política implementada debe tener un doble objetivo: garantizar que la totalidad de la cosecha sea absorbida, sin dejar a los productores en riesgo, y proteger a los consumidores de alzas artificiales en un producto clave de la canasta básica.
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Finalmente, reiteró su compromiso de trabajar por una solución estructural y sostenible de cara a la apertura comercial prevista para 2030. En esa línea, hizo un llamado a retomar la agenda de competitividad del sector, con base en el Plan de Ordenamiento Productivo de la Upra.
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