El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) encendió las alarmas tras analizar el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026.
Según el organismo, para cumplir con la meta de déficit fiscal de 6,2% del PIB, aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), el Gobierno necesitaría un ajuste adicional de $45,4 billones, lo que equivale al 2,4% del Producto Interno Bruto.
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La cifra supera en $6,1 billones la estimación presentada a comienzos de agosto, cuando el ajuste requerido se calculaba en $39,4 billones.
El salto obedece principalmente a un mayor gasto esperado en pensiones (+5,6 billones) y en servicios de personal (+1,6 billones), aunque compensado parcialmente por una reducción en otros rubros (-1,1 billones).
El tamaño del Presupuesto General de la Nación 2026: 557 billones de pesos
El proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno asciende a $557 billones. Esto representa un crecimiento real de 5,7% frente a 2025, un ritmo 1,2 puntos por encima del promedio histórico (2001-2025).
Para gasto de funcionamiento se destinaron $365,8 billones, con un crecimiento real de 10,3%. En inversión, el rubro es de $88,8 billones, con un alza real de 11,8%. Mientras que el servicio de deuda se ubicpo en $102,5 billones, con una caída real de 11,8%.
El dato clave es que, pese al incremento, cerca del 88% del presupuesto es inflexible, es decir, está atado a normas constitucionales, legales o compromisos financieros.
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De acuerdo con el reporte del CARF, entre 2019 y 2025, el gasto de funcionamiento creció 44% en términos reales, mientras la inversión subió 38%.
Solo en transferencias corrientes —donde se incluyen pensiones, salud y el Sistema General de Participaciones (SGP)— el aumento fue de $82 billones, equivalente a un 49,7%.
Los mayores incrementos se explican por pensiones: +23,7 billones (44,1%), Sistema General de Participaciones: +21,8 billones (36,2%), salud: +16,8 billones (76,8%), gastos de personal: +14,6 billones (32,1%).
Esto confirma que el gasto social y pensional sigue presionando la caja del Estado, reduciendo el margen para inversión productiva, indicó el comité.
Ejecución presupuestal y sobrestimación de ingresos
El CARF también llamó la atención sobre la caída en la ejecución de recursos. Mientras en 2017-2019 el 92% de las apropiaciones se convertían en obligaciones efectivas, entre 2021-2024 esa cifra bajó a 86,5%. Las pérdidas de apropiación prácticamente se duplicaron.
A esto se suma la sobrestimación sistemática de ingresos fiscales: entre 2017 y 2019 el error fue de 1,1 puntos del PIB, pero desde 2021 hasta 2026 se estima en 2 puntos. El peor año fue 2024, con un desfase de 6,2 puntos.
Este desbalance ha reducido la liquidez, la caja disponible pasó de 2% del PIB en 2019 a apenas 0,9% en 2024.
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La reserva presupuestal: un riesgo creciente
Otro hallazgo preocupante es la aceleración de la reserva presupuestal (recursos no ejecutados que se trasladan al año siguiente).
Esta pasó de $22 billones en 2021 a 53 billones en 2024 y podría alcanzar entre $35 billones y $55 billones en 2025, afectando la programación de 2026.
El CARF advierte que este fenómeno posterga los problemas fiscales en lugar de resolverlos, y aumenta la rigidez del gasto.
Por otra parte, del total del PGN 2026, el 88% es gasto inflexible. Y se distribuye así: SGP (17,6%), pensiones e intereses (16,9%) y servicios personales (10,7%).
En contraste, las partidas discrecionales como inversión sin vigencias futuras y adquisición de bienes y servicios apenas crecen 0,6 puntos del PIB entre 2025 y 2026.
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De acuerdo con el CARF, el gasto de funcionamiento promediará 19,1% del PIB entre 2026 y 2036, más de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Eso dejará un espacio para inversión pública de solo 1,4% del PIB, muy por debajo del promedio histórico (2,2%).
Para estabilizar las finanzas y cumplir con la Regla Fiscal desde 2028, Colombia necesitaría un ajuste promedio de 4,1 puntos del PIB por año durante la próxima década. Si se busca mantener la inversión en niveles históricos, el ajuste debería ser aún mayor: 4,9 puntos del PIB.
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