Calificadoras rebajarían las calificaciones de riesgo de crédito al país.
“La posible suspensión de la regla fiscal confirma que la sostenibilidad fiscal no es una prioridad de este gobierno”.
Así lo advirtió el equipo de investigaciones económica de Corficolombiana, al señalar que a diferencia de la suspensión realizada entre 2020 y 2022 para enfrentar el choque que generó la pandemia, esta vez no existe “un evento extraordinario que comprometa la estabilidad macroeconómica del país” para justificar esta medida, sino un manejo inadecuado de las finanzas públicas.
Los analistas ya habían advertido que la meta de déficit fiscal de 5,1% del PIB para 2025 no se cumpliría, pues el gobierno seguía sobreestimado los ingresos tributarios y tenía cada vez menos voluntad para recortar su presupuesto. De hecho, la salida del entonces ministro de Hacienda, Diego Guevara, a mediados de marzo se debió precisamente por advertir la necesidad de ajustes de gasto adicionales.
El déficit de 2025 será sustancialmente más alto al consignado en el Plan Financiero (PF). En primer lugar, los ingresos tributarios están sobreestimados, como lo reconoció recientemente el propio ministro de Hacienda, Germán Ávila.
Corficolombiana actualizó las estimaciones del desempeño del recaudo tributario con base en la dinámica que tuvo en los primeros cuatro meses del año, cuando ascendió a $85,1 billones, reflejando un rezago de $15,3 billones (15%) frente a la senda implícita en la meta que tiene el gobierno en el PF para todo el año ($299,9 billones).
Ahora bien, en un primer escenario los expertos incluyeron el efecto del Decreto 0572 de 2025, que anticipa el recaudo por impuesto de renta del próximo año y estimaron que aumentaría en $9,3 billones los ingresos tributarios (0,5% del PIB). Vale notar que es una medida que no solo no resuelve el problema fiscal, sino que además genera un impacto negativo en la liquidez de las empresas, el desempeño de la inversión y la actividad económica.
En un segundo escenario, más ácido, los investigadores de Corficolombiana no incluyeron el efecto de ese decreto. De esta forma, los ingresos tributarios de 2025 ascenderían a $278,7 billones en el primer escenario y a $269,4 billones en el segundo. En ambos casos asumieron que la elasticidad entre el recaudo tributario y el PIB nominal retornaría a sus niveles de largo plazo e incluyeron un ajuste sobre el recaudo por eficiencia de la administración tributaria.
En este último aspecto, los analistas de Corficolombiana calcularon un cumplimiento del 25% de la meta de eficiencia de la Dian que tiene el gobierno ($14,6 billones), como sucedió en 2024, de manera que el recaudo adicional por ese concepto sería de apenas $3,6 billones. De esta forma, el ingreso total del GNC totalizaría entre $297,5 billones y $306,8 billones, lo que significa un faltante de entre $30,5 billones y $21,2 billones respecto a la meta del PF.
En materia de gastos, el primer escenario de Corficolombiana considera que el gobierno cumplirá con el decreto de aplazamiento de gasto por $12 billones, algo que aún no se refleja en las apropiaciones presupuestales.
El segundo escenario implica que dicho ajuste no se realizaría. A su vez, se consideró que el pago de intereses en 2025 será más alto del previsto, dado el incremento en las tasas de interés de la deuda del gobierno de los últimos meses. De esta forma, se anticipa que el pago de intereses ascenderá a $89,8 billones (4,9% del PIB) en 2025, superando en $3,4 billones (0,1% del PIB) lo proyectado por el gobierno. Así, el gasto total del GNC en 2025 se ubicaría entre $422,2 billones y $433,9 billones, superior al previsto en el PF.
“Bajo ese contexto, el déficit fiscal de este año será mucho más alto que el permitido por la regla fiscal. Si se materializan el aplazamiento de gasto por $12 billones (0,7% del PIB) y el recaudo adicional por el aumento de las tarifas de retención en la fuente (Decreto 0572 de 2025), el déficit del GNC ascenderá a 6,3% del PIB en 2025. De lo contrario, podría llegar a 7,4% del PIB, más del doble del promedio prepandemia, y la deuda neta ascendería a un máximo histórico de 63% del PIB. Esto implica que el déficit a financiar este año será entre $26 billones y $47 billones (1,4% a 2,5% del PIB) más alto de lo previsto en el PF, generando aún más presión sobre las tasas de los TES, que reaccionaron negativamente luego del eventual anuncio de suspensión de la regla fiscal”, se lee en el reporte de Corficolombiana.
Además, los analistas de Corficolombiana sugieren que recuperar la sostenibilidad fiscal debe ser la prioridad económica del país en los próximos años, lo cual requerirá de ajustes estructurales en materia tributaria y de gasto público que serán políticamente difíciles, pero ineludibles.
En el corto plazo, es fundamental atajar la creciente carga de intereses, lo cual pasa necesariamente por reducir la prima de riesgo. “Encontramos que cada aumento de 100 puntos básicos (pbs) en los CDS a 5 años de Colombia está asociado a un incremento de 1,31 puntos porcentuales (p.p.) en la tasa implícita de la deuda del gobierno”, señalaron.
Durante mayo, los CDS a 5 años del país se cotizaron 102 pbs por encima del promedio de países con calificación BB y 166 pbs por encima del de sus pares en Latinoamérica, lo que supone que la tasa implícita fue entre 1,3 y 1,7 p.p. más alta debido a este castigo.
Según las estimaciones de los investigadores económicos de Corficolombiana, de la relación entre los CDS y la tasa implícita de la deuda, surge una incertidumbre que le está costando al país un pago adicional de intereses de entre $11,9 billones y $14,7 billones (0,7% a 0,8% del PIB) por año.
“La eventual suspensión de la regla fiscal se traducirá en un aumento de la deuda en los próximos años, al punto que Colombia corre el riesgo de seguir el camino de insostenibilidad fiscal de Brasil, donde los intereses de la deuda están cerca del 8% del PIB, frente al 4,9% del PIB que pagaría Colombia en 2025. Bajo este contexto, anticipamos que al menos dos agencias de calificación rebajarían la nota crediticia de Colombia en las próximas semanas, siendo S&P y Moody’s las dos agencias más probables que reaccionen en el corto plazo a la publicación del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, concluyeron los analistas.
