En solo cinco años, la geografía del conflicto en Colombia se expandió de manera inquietante. Un mapa elaborado por la revista británica The Economist muestra cómo en 2019 los grupos armados ilegales tenían presencia en puntos dispersos del territorio, mientras que para 2024 su dominio se extendió sobre casi todo el país, desde la frontera con Venezuela hasta las selvas del Pacífico y el sur amazónico. Esta radiografía resume el dilema actual: pese a los avances macroeconómicos que exhibe el gobierno de Gustavo Petro, la violencia, el narcotráfico y el desgaste institucional se han profundizado, poniendo en duda la viabilidad de su proyecto de Paz Total y dejando a Colombia en un escenario de creciente inseguridad y fragilidad democrática.
¿Está Colombia a las “puertas del infierno”? Con esta pregunta inicia un demoledor artículo publicado este fin de semana por The Economist, en el que aborda temas clave como las reformas sociales, la seguridad, las instituciones, la gobernabilidad y la situación económica durante el mandato de Petro. No es, eso sí, la primera vez que The Economist pone la lupa crítica sobre el gobierno actual. En 2023 y el año pasado ya había alertado sobre sus choques con las instituciones y su caótico estilo de liderazgo.
Economía: avances y riesgos bajo Petro según The Economist
Ahora, en un extenso análisis, la revista británica vuelve a situar a Colombia en el radar internacional con un diagnóstico ambiguo: una economía en recuperación, pero atravesada por un deterioro institucional y de seguridad que amenaza con convertirse en un lastre para el futuro inmediato. Sin embargo,The Economist reconoce que tras dos años de estancamiento inicial, la economía colombiana dio señales de recuperación.
El crecimiento proyectado para 2025 es de 2,4 %, por encima del promedio regional; el desempleo cayó al 8,8 %, la cifra más baja en un cuarto de siglo; y la inflación se redujo a la mitad desde el inicio del mandato de Petro. La bolsa de valores, además, tuvo un desempeño sorprendente: 54 % de aumento en moneda local durante el último año, ubicando al mercado colombiano entre los cuatro más dinámicos del mundo.
El turismo, una de las apuestas más fuertes del presidente, también creció: siete millones de visitantes en 2024, dos millones más que en 2022. Sin embargo, el semanario advierte que estos logros son más circunstanciales que producto directo de la gestión gubernamental.
Más allá de esa polarización —que The Economist describe como dos dimensiones paralelas— el medio concluye que “la economía colombiana goza de buena salud, pero acumula problemas”, para luego advertir que la estrategia de Petro con los grupos armados y su estilo errático de liderazgo podían minar esos avances.
También advierte sobre otros problemas estructurales que preocupan a los colombianos: la alta informalidad laboral (60 %), la baja inversión y un déficit fiscal del 7 % del PIB que, de no corregirse, podría llevar al país a una crisis. “La peor amenaza para la economía es el elevado gasto público. El déficit fiscal alcanzará aproximadamente el 7% del PIB este año, elevando la deuda pública a un récord superior al 60%”, señala la publicación. Del mismo modo, asegura que la prohibición de nuevas exploraciones de petróleo y gas está desalentando la inversión extranjera.
Sin embargo, subraya el semanario, buena parte de estos resultados poco tienen que ver con la gestión directa del presidente. “Se jacta de haber bajado la inflación, pero su intimidación al banco central ha dificultado ese trabajo”, recuerda el texto, al señalar que la inversión privada permanece estancada. Además, las decisiones de frenar la exploración de petróleo y gas han “desalentado a los inversores extranjeros”.
“Alrededor del 60% de los trabajadores colombianos trabajan en la economía informal, donde reciben menos beneficios, no pagan impuestos y son menos productivos. La inversión es baja, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad del crecimiento, impulsado principalmente por el consumo”, se lee en el texto.
Entérese: La novela de la consulta interna del petrismo
Respecto a la pobreza y la desigualdad, The Economist indica que el número de personas que viven en pobreza (con menos de 3,90 dólares al día) se ha reducido; no obstante, hay una variación muy leve respecto al número de personas que viven en lo que es considerado pobreza extrema (con menos de 1,90 dólares al día). El incremento del salario mínimo, que aunque “drástico”, incentivó aún más la informalidad.
Según el Dane, en 2024 la línea de pobreza se fijó en $460.198 mensuales por persona, un aumento del 5,7% más que en 2023 ($435.375). En el caso de los hogares, se considera aquellos con ingresos inferiores a $1.840.792. Con base en estos parámetros, el 31,8 % de los colombianos viven con ingresos inferiores al costo de una canasta básica nacional- casi un tercio de la población-. La situación es más crítica en zonas rurales que en urbanas, siendo Riohacha, la ciudad en donde aumentó la pobreza, pasando de 47,9% en 2023 a 48,8% en 2024.
Las reformas impulsadas por Petro, según la revista, también han generado efectos adversos en sectores que antes funcionaban con mayor solidez, como la salud. El aumento del control estatal ha provocado el cierre de las salas de maternidad y urgencias en varios hospitales. El caso más sonado fue el del Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, que en diciembre de 2024 clausuró su servicio de partos ante la alta presión en otros servicios de urgencia.
Si en el frente económico el panorama es frágil, pero manejable, en el de seguridad la evaluación es mucho más severa. The Economist recuerda que el asesinato del candidato Miguel Uribe en junio marcó un hito de violencia política: “un eco del sangriento pasado de Colombia”. A este hecho se sumaron un carro bomba en Cali, el derribo de un helicóptero policial y una serie de ataques que dejaron más de 20 muertos y 70 heridos.
El crimen de Uribe en medio de una ola de violencia que ha inquietado a la clase política, mientras que Petro insiste en la convocatoria de una asamblea constituyente. “Estos ataques pusieron de relieve el fracaso de la política de seguridad emblemática del Sr. Petro, Paz Total, un intento de negociar con todos los grupos armados del país al mismo tiempo”, sugiere el semanario.
La descertificación de Estados Unidos
A esa frágil estabilidad económica se sumó un episodio que pone en entredicho la política de drogas del gobierno: la descertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos. El anuncio lo hizo el propio Petro en un improvisado Consejo de Ministros sobre salud: “Los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”. Poco después, la Presidencia reforzó el mensaje en redes sociales, asegurando que la decisión se dio “pese a los sacrificios que ha hecho Colombia en la lucha contra el narcotráfico”.
El memorando del Departamento de Estado, firmado por Donald Trump, fue contundente: Colombia, junto con Venezuela, Bolivia, Afganistán y Myanmar, “fallaron de manera demostrable” en la lucha contra los estupefacientes durante 2024. Aunque se aplicó un waiver —una exención que permite mantener parcialmente la cooperación—, el documento responsabiliza directamente al liderazgo de Petro: “El incumplimiento de Colombia de sus obligaciones en materia de control de drogas durante el último año se debe exclusivamente a su liderazgo político”.
El golpe no es simbólico. La descertificación implica la pérdida automática de al menos el 50 % de la ayuda estadounidense en materia de seguridad y cooperación policial. Según cálculos de la Cámara de Comercio Colombo Americana, Colombia podría dejar de recibir alrededor de 453 millones de dólares en ayudas económicas. Además, la medida abre la puerta a sanciones más severas: aranceles, restricciones a créditos internacionales o incluso sanciones individuales a funcionarios del gobierno.
Para Washington, el problema no es abstracto: “el cultivo de coca y la producción de cocaína han alcanzado récords históricos bajo la Presidencia de Gustavo Petro, y sus fallidos intentos de llegar a acuerdos con los grupos narcoterroristas solo han exacerbado la crisis”.
En otras palabras, el viraje de Petro hacia la suspensión de la erradicación forzada y su apuesta por negociaciones simultáneas con todos los grupos armados —la llamada Paz Total— no solo ha fracasado en contener la violencia, sino que ha deteriorado las relaciones bilaterales con el principal aliado histórico de Colombia en materia de seguridad.
Los datos respaldan la preocupación. Según cifras citadas por The Economist, los grupos armados en Colombia ya cuentan con 22.000 integrantes, un 45 % más que cuando Petro llegó al poder. La ONU calcula que 230.000 personas han sido desplazadas en los últimos dos años y la Fundación Pares señala que al menos un grupo ilegal tiene presencia en más de la mitad de los municipios del país.
La descertificación de Estados Unidos es, en ese sentido, también un juicio a esta política. Al vincular el fracaso antidrogas con el aumento de la violencia, Washington pone en evidencia que la seguridad interna y la cooperación internacional se están resquebrajando al mismo tiempo.
¿Qué futuro plantea The Economist para Colombia?
Si el frente de seguridad ya preocupa, la situación política y de gobernabilidad tampoco da señales alentadoras. The Economist criticó la alta rotación ministerial —“nombra a uno nuevo cada 20 días, en promedio”— y los constantes choques con las instituciones, desde el Congreso hasta la Corte Suprema.
Para The Economist resulta caótica la gobernabilidad de Gustavo Petro, ya que “sofoca la función pública”. El constante cambio de ministros- más de 50 hasta ahora- ha dejado a la administración sin rumbo y con funcionarios desmotivados. El daño más directo, no obstante, ha sido contra el banco de la República, al que Petro ha acusado reiteradamente de tomar “sus decisiones sobre las tasas de interés y afirma que busca frenar el crecimiento económico ‘por razones puramente políticas’” y sugiere que intenta “desfinanciar al gobierno colombiano”.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó públicamente de traición a congresistas del Pacto Histórico y del partido Comunes tras la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. “Hubo traiciones por parte de Comunes y del Pacto Histórico. Hubo personas que nos traicionaron”, dijo en tono de reproche. Desde Comunes, el senador Julián Gallo le respondió con dureza: “No trate de ocultar su fracaso (...) no estigmatice el partido firmante del Acuerdo de Paz”.
En paralelo, Petro abrió una pelea con su exdirector de la DIAN y exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, a quien acusó de desobedecer su orden de prohibir exportaciones de carbón a Israel. El presidente habló de “gatopardismo” y lo vinculó con prácticas que “permiten que continúe el genocidio”. Reyes, en respuesta, anunció una denuncia por injuria y calumnia ante la Comisión de Acusaciones.
No es un caso aislado. Alejandro Gaviria, Álvaro Leyva, Daniel García-Peña y decenas de excolaboradores han salido del círculo de Petro entre acusaciones, reproches y señalamientos. En tres años de gobierno, la cifra es contundente: 58 ministros y 130 viceministros han pasado por su gabinete, con una inestabilidad inédita en la historia reciente.
Las instituciones colombianas han demostrado resiliencia en el pasado. Incluso críticos de Petro admiten que muchas de sus amenazas —como convocar una constituyente sin pasar por el Congreso— pueden ser más grandilocuencia que una intención real. Sin embargo, el constante asedio erosiona la legitimidad del sistema político y la moral de la burocracia estatal.
El panorama electoral añade un elemento de incertidumbre. Vicky Dávila, candidata de derecha, habla de un país “a las puertas del infierno”. Gustavo Bolívar, en cambio, insiste en que “los últimos seis meses han sido fabulosos para la economía colombiana”. Entre esos polos, se abre el interrogante de qué camino tomará Colombia en 2026, cuando un nuevo presidente deba lidiar con el déficit fiscal, la violencia creciente y la herencia de una descertificación.
Según The Economist, Colombia no está, como aseguran los sectores más alarmistas, “al borde del abismo”, pero tampoco puede darse por satisfecha. El millón de colombianos que ha emigrado en los últimos tres años es una señal de advertencia. “Colombia no está al borde del abismo. Pero su próximo presidente tendrá mucho que hacer para mejorarla”, concluye la publicación.
- ¿Por qué The Economist critica al presidente Petro?
- Porque, aunque reconoce avances económicos, advierte sobre inseguridad, déficit fiscal y un estilo de gobierno errático que debilita instituciones.
- ¿Qué indicadores económicos destaca la revista?
- La reducción de inflación, caída del desempleo y el buen desempeño de la bolsa, aunque acompañados de alta informalidad y baja inversión.
- ¿Qué riesgos enfrenta Colombia según el análisis?
- La violencia política, la falta de inversión en energía y un déficit fiscal del 7 % del PIB que amenaza la estabilidad a mediano plazo.
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