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El 20 de julio de 2025 no será recordado por discursos patrióticos ni por gestos de unidad nacional. Quedará marcado en la historia como el día en que se selló, sin pudor ni vergüenza, el Pacto de La Picota 2.0: una reedición más burda, más peligrosa y descarada del acuerdo político que en 2022 llevó a Gustavo Petro al poder. Esta vez, sin siquiera intentar disimularlo, el Gobierno radicó un proyecto de ley que premia con impunidad, beneficios económicos y libertad anticipada a los peores criminales... a cambio de no interferir en las elecciones presidenciales de 2026.
La Paz, convertida en moneda de cambio. La justicia, sometida al cálculo político. Y la institucionalidad, usada como alfombra para tapar acuerdos oscuros con estructuras criminales. El mensaje es claro: si usted delinquió, reclutó niños, masacró comunidades o financió su poder con cocaína, puede quedar libre si entrega algo, dice algo... o simplemente no estorba políticamente.
El artículo 24, parágrafo primero, del proyecto de ley establece que quienes afecten el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales de 2026 “no podrán acceder a los tratamientos penales diferenciales”. ¿Perdón judicial condicionado al silencio político? Esa es la esencia del Pacto de La Picota 2.0: blindar el proyecto político del petrismo con favores judiciales a cambio de lealtad o sumisión electoral.
Como si premiar el silencio político no fuera suficiente, el proyecto consagra beneficios que rayan en lo ridículo: los máximos responsables de crímenes de guerra y atrocidades podrán pagar penas de 5 a 8 años, no en cárceles, sino en colonias agrícolas o centros de armonización. Los subalternos, según su rol, enfrentarán apenas 2 a 5 años de castigo simbólico. Pero lo más escandaloso: el Estado permitirá que los criminales conserven hasta el 12% de los bienes que entreguen, ¿les van a avalar el dinero lavado a cambio de colaboración mínima? Y por si fuera poco, las penas podrán reducirse hasta en un 60%. Este proyecto es la clara muestra de un acuerdo infame, donde delinquir sale rentable, donde se borra el pasado a cambio de señalar y enlodar alcaldes de opinión, de gobernar con bandidos y de un puñado de frases de arrepentimiento. Es el Estado convertido en socio, negociando con los verdugos y pisoteando a las víctimas.
Mientras tanto, la Fuerza Pública es desfinanciada, despreciada y usada como carne de cañón. A los que asesinan policías, el Gobierno los premia con perdón. A los policías asesinados, apenas un comunicado y un silencio frío. Esa es la moral invertida que estamos viviendo.
Los verdaderos héroes de Colombia siguen patrullando con chalecos vencidos, sobrevuelan sin combustible, navegan sin equipos y duermen con el riesgo de no despertar. Y lo más doloroso: son señalados desde las tarimas políticas, tratados como enemigos por quienes deberían protegerlos.
Es simplemente inaceptable. Mientras el Gobierno proyecta “espacios de paz” sin barrotes, con comodidades y privilegios para criminales confesos, nuestras Fuerzas públicas son condenadas al abandono presupuestal. El Ejército Nacional, columna vertebral de la seguridad del país, pidió recursos para operar en 2025... y le negaron casi la mitad. La Policía Nacional también fue recortada brutalmente, y la Armada, quedó con casi un tercio de lo solicitado. En Antioquia, hay brigadas con apenas 32 millones de pesos para operar durante todo el año en más de 90 municipios. ¿Cómo se pretende combatir al crimen organizado con limosnas?
En esta Colombia invertida, se castiga al que protege y se premia al que delinque. Mientras la Fuerza Pública resiste en el abandono, el Gobierno consolida el pacto de La Picota 2.0 con miras a ganar nuevamente las elecciones presidenciales, donde los bandidos ponen los votos a cambio de beneficios jurídicos.
