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La semana pasada, Daniel Quintero volvió a ocupar titulares en los medios. Primero, por instrumentalizar la causa palestina para colarse en la Asamblea de la ANDI, de donde salió abucheado y despedido al grito de “ladrón”.
Este comportamiento tampoco fue perdonado en redes sociales. Varios usuarios desempolvaron las publicaciones con las que Quintero, durante años, presumió de su relación con Israel. Hay registros desde 2015, cuando se reunió con el entonces embajador colombiano en ese país para promover un proyecto en La Guajira.
En noviembre de 2022, siendo aún alcalde, se reunió con el embajador de Israel y lo dejó consignado en su cuenta de X: “Estamos muy felices de mantener y fortalecer nuestras relaciones con Israel. Hoy nos reunimos con el Embajador para trabajar de la mano en temas de energía, movilidad inteligente y seguridad”. Las fotos oficiales lo muestran sonriente, estrechando manos y celebrando el fortalecimiento de lazos entre Medellín e Israel.
Por eso, su repentino viraje, justo en un escenario donde buscaba reflectores políticos, parece una muestra de oportunismo. No es una postura de convicción, sino de conveniencia: instrumentaliza el dolor de pueblos en guerra para trepar políticamente.
A esto se suma otro episodio internacional: el Congreso de Perú lo declaró persona non grata tras izar la bandera de Colombia en el distrito de Santa Rosa, reavivando un viejo conflicto limítrofe en la Amazonía.
Pero, aunque estas maniobras dieron titulares, la verdadera noticia pasó casi desapercibida: la Fiscalía imputó a dos exfuncionarios más de su alcaldía en Medellín por presunta corrupción. Ya van 43.
El caso más reciente involucra al exsecretario de Movilidad, Juan Carlos Torres Ojeda, y a la exsubsecretaria legal, Estefanya Cuervo Sánchez, quienes suscribieron un contrato con Metroplús por más de 15.000 millones de pesos. El contrato fue firmado cuando estaba en vigencia la Ley de Garantías, y además tenía un objeto que no corresponde a Metroplús: el mantenimiento de la malla vial.
A Torres le atribuyen falsedad ideológica en documento público, mientras que Cuervo fue imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Más allá de las figuras jurídicas, lo que queda en evidencia es que el gobierno de Quintero estuvo lleno de escándalos de corrupción.
Esta es la verdadera noticia. Más allá de las jugadas mediáticas, lo que debería preocuparnos es que 43 funcionarios de su administración ya han sido vinculados a procesos de corrupción. Medellín conoció a un alcalde que convirtió las instituciones en botín, usó a sus funcionarios como fusibles y gobernó sin apego a la ley.
Quintero quiere ser presidente. Y lo hace con una estrategia que ya conocemos: ataca a las instituciones, se victimiza ante cualquier investigación judicial contra él o su séquito, y no tiene reparos en instrumentalizar cualquier causa para buscar reflectores. Lo suyo no es la ingenuidad, sino la frialdad de un personaje ambicioso, calculador y con recursos para intentar llegar al poder.
Hay que tomarse a Quintero en serio: es un riesgo real. Si como alcalde arrasó con Medellín y dejó tras de sí una estela de imputaciones, ¿qué creen que podría hacer desde la presidencia? Colombia no puede subestimarlo.
