Pico y Placa Medellín
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Los resultados de las pruebas Saber 11 de 2024 muestran el deplorable estado de la calidad de la educación media, en general, y de la oficial, en especial. Solo 1425 colegios de los 13.000 que las presentaron obtuvieron un puntaje promedio igual o superior a 60/100, el resto se rajaron. El puntaje promedio de los oficiales fue de 50/100 frente a 55/100 de los privados. Solo hay un colegio oficial entre los 100 mejores, 14 entre los quinientos y 90 entre los mil.
Medellín tiene dos colegios entre los cien mejores, Cali 9, Barranquilla 5 y Bogotá 31. El colegio oficial de Medellín mejor ranqueado, el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, está en el lugar 959, por debajo del mejor ranqueado del Departamento, la Normal Superior María Auxiliadora de Copacabana, que está en el lugar 511.
No sorprende el resultado de los colegios oficiales como quiera que anualmente, por cuenta de los paros y movilizaciones de FECODE, sus alumnos reciben un 35% menos de clases que sus pares de instituciones privadas. FECODE es lo peor que le ha sucedido a la educación: su accionar condujo a la liquidación de la calidad de la enseñanza y a convertirla en un medio descarado de adoctrinamiento ideológico. Enseñar mal es criminal y abusar de la posición de maestro para inculcarle a niños y jóvenes los errores del socialismo es doblemente criminal.
El segundo gran problema de la educación en Colombia es la segregación impuesta por la forma de financiación del acceso a la educación de los más pobres. El carácter de servicio público significa que la educación debe garantizarse a todos y no que deba ser impartida desde escuelas y colegios oficiales que son los de peor calidad y están controlados por FECODE. Para empezar a romper la segregación hay que acabar con subsidio a la oferta a los colegios oficiales y reemplazarlo por un subsidio a la demanda generalizado para que los padres puedan escoger libremente la escuela y el colegio de sus hijos y liberarlos así del monopolio de FECODE.
El próximo gobierno debe aprovechar la primera huelga de FECODE para despojarla de personería jurídica y proceder a su liquidación. Es afrentoso que ningún gobierno se haya atrevido a hacerlo, a pesar de que FECODE, cuando le place, pasa por encima de la prohibición constitucional de huelga en los servicios públicos esenciales como la educación.
Se deben liberar pensiones y matrículas de suerte que los colegios puedan pagar buenos salarios y atraer profesores altamente formados. Se debe permitir una contratación flexible, incluso por días y por horas, para que profesionales activos, con gusto por la docencia, puedan dedicar parte de su tiempo a la enseñanza. El problema del costo se debe encarar desde el subsidio a la demanda, no con el control de precios.
Garantizar una educación de calidad y no segregada –afincada en los valores republicanos de la libertad y el orden– es fundamental para el progreso material de los colombianos y su emancipación intelectual.
