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Hacia 1960, el tío Fabio adquirió una pequeña casa de recreo, situada en las goteras de un cuasi olvidado poblado, cuyo nombre omito para no despertar viejas angustias. Para el cuidado del inmueble, el tío se hizo a los servicios de un campesino de la región.
Un día cualquiera, en medio de una acalorada y probablemente inútil discusión, estimulada por el licor, el mayordomo del tío dio muerte a un hombre de la tierra, hasta ese momento amigo y compadre del presunto homicida. Las autoridades del lugar, con el inspector a la cabeza, inmediatamente privaron de la libertad a quien a partir de ese momento identificaron con el alias del asesino. Después de la respectiva investigación, se abrió la causa, se dictó el auto cabeza de proceso y digamos, en la terminología del derecho penal de aquel entonces, se llamó a juicio, al protegido del tío.
Yo, abogado recién egresado, fui llamado a actuar como defensor y así lo hice, labor para la cual me preparé con todo el esmero del caso, estudiando grandes autores nacionales y extranjeros, expertos en pruebas penales, y en fin, mi propósito era demostrar la inocencia de mi defendido, como en realidad sucedió, pues el juez de primera instancia, mediante sentencia ratificada por el tribunal de segunda instancia, compartieron la decisión que declaró inocente al implicado.
Como era de esperarse, los familiares de la víctima y buena parte del poblado, en corrillos y reuniones públicas y privadas, despotricaron del juez y de quienes participamos en el proceso. Al tío se le acusó de haber sobornado los testigos y peritos y fundamentalmente al juez, para obtener el fallo absolutorio. Los comentarios sobre una justicia ciega y rendida ante el mejor postor, se esparció por todo el pueblo con la rapidez que toma un puñado de arena para regarse en medio de una tormenta. Fue tal la insatisfacción de los habitantes, que ni el juez, ni nosotros, pudimos regresar al pueblo.
Independientemente de las apreciaciones subjetivas y políticas que distintos sectores puedan tener sobre el fallo impartido por la juez en el caso del expresidente Álvaro Uribe, lo cierto es que como abogados tenemos que creer y respetar las decisiones judiciales. En un Estado de derecho y con más veras, en un Estado social de derecho, se parte del principio de que ciudadanos y funcionarios actuamos conforme a derecho, con mayor razón si se trata de una juez de la República.
Quienes dudan de la rectitud de la juez, no deben olvidar que el fallo será revisado por un tribunal integrado por salas plurales, y si es del caso, por la Corte Suprema de Justicia. Lo que no es sano, es descalificar una decisión judicial, sin conocer a fondo la totalidad del expediente y sin saber cuáles serán las decisiones en las siguientes instancias. Quien no crea en la justicia, no puede actuar como abogado.
