Pico y Placa Medellín
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Desde hace meses el sector eléctrico colombiano viene lanzando la misma advertencia, cada vez con menos rodeos: el sistema está entrando en una zona de riesgo. No porque el país esté a punto de apagarse de un día para otro, sino porque se están acumulando factores que reducen su capacidad de maniobra. Cuando un sistema eléctrico pierde margen, cualquier evento adverso —una sequía fuerte, un retraso adicional, un pico de demanda— deja de ser absorbible y empieza a traducirse en restricciones.
Todo esto ocurre mientras la demanda sigue creciendo y el clima se vuelve más incierto. Las proyecciones técnicas coinciden en que entre 2026 y 2027, ante un eventual fenómeno del niño, la demanda podría superar en un porcentaje mayor la energía disponible. El escenario sería el de un sistema operando con limitaciones: racionamientos, interrupciones programadas, reducciones de carga, precios más altos, dificultades para nuevas conexiones.
La fragilidad se vuelve más evidente en la red de transmisión. Más de la mitad de los proyectos presenta retrasos importantes, algunos de varios años. Líneas estratégicas para el centro del país continúan atrapadas en trámites ambientales, prediales y en una coordinación estatal deficiente. El resultado es concreto: plantas que existen pero no se conectan, grandes consumidores sin capacidad disponible y regiones donde la red opera al límite.
En La Guajira, donde se concentra gran parte del potencial eólico del país, la distancia entre promesa y realidad es evidente. De más de veinte proyectos previstos, apenas dos operan y con capacidad reducida. Varias empresas internacionales abandonaron inversiones tras años de retrasos sociales y ambientales que volvieron inviables los proyectos. Hasta aquí, el diagnóstico admite una precisión: El punto crítico es cómo se han gestionado. En lugar de concentrarse en destrabar ejecución y reducir incertidumbre, el gobierno nacional optó por una relación tensa con el sector. Desde el comienzo instaló un discurso confrontativo con los generadores y con el regulador. A eso se sumaron intentos de modificar reglas y cada vez mayores presiones para intervenir tarifas.
En un sector que depende de inversiones de largo plazo, ese estilo tiene efectos inmediatos. Los proyectos energéticos se financian con previsibilidad. Cada señal ambigua eleva el riesgo percibido. Cada cambio anunciado sin claridad aplaza decisiones o encarece el capital. Prometer alivios de corto plazo sin asegurar respaldo firme introduce una vulnerabilidad adicional.
El frente financiero completa el cuadro. Deudas por subsidios, opción tarifaria y otras obligaciones siguen pesando sobre las empresas. Sin flujo de caja, la inversión se frena.
La transición sin seguridad energética pierde sentido práctico. Colombia puede tener una matriz renovable envidiable y aun así enfrentar problemas de confiabilidad si no asegura energía firme y redes suficientes. El sistema eléctrico no responde a discursos ni a antagonismos políticos. Responde a obras terminadas, reglas claras y pagos cumplidos. El sector viene advirtiéndolo hace tiempo. Ignorar esas señales no vuelve el problema ideológico. Lo vuelve operativo. Y cuando lo operativo falla, la luz se apaga sin pedir permiso.
