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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo no es confiable, no es transparente y le ha mentido a la misma justicia. Un enorme halo de impunidad rodea sus actuaciones frente al más escandaloso y grave caso de corrupción de las últimas décadas.
La fiscal Camargo no merece la confianza para llegar al fondo más profundo y a las cabezas más altas que decidieron, en un gigantesco concierto para delinquir, robarse centenares de miles de millones de pesos que, originalmente, estaban destinados a los más pobres y desvalidos, los niños de La Guajira. Peor aún, usaron de fachada y como carnada ese argumento, el de los niños que mueren de desnutrición, para armar una operación desde los más altos niveles del Estado que les permitiera, en primerísimo lugar, comprar congresistas a punta de maletines llenos de billetes e incluso usando cripto monedas para no dejar rastros del crimen.
Iván Name y Andrés Calle fueron el primer objetivo; les siguieron los miembros de la comisión interparlamentaria de crédito público, tan importante como anónima para el país, y se dieron vuelta por otros organismos administrativos como Función Pública y Agencia Nacional de Tierras, y se soportaron con toda firmeza en el otrora respetable y muy técnico Ministerio de Hacienda, desde donde se fraguó la repartija de contratos de obras públicas. Y todo ordenado a dedo desde la Casa de Nariño.
Empero, pese a las enormes evidencias de directa participación del círculo más cercano del Presidente de la República, las confesiones completas, con pruebas sólidas y plena colaboración de los mandos medios Olmedo López y Sneyder Pinilla, y la ex alta consejera Sandra Ortiz, el camino desde la Fiscalía parece inexorablemente diseñado para cubrirlo de impunidad.
Lo ocurrido en las últimas semanas marca ese peligroso derrotero: un juez negó el preacuerdo de Olmedo con la Fiscalía y esta entidad no apeló de la decisión; la defensa de López sustentó el recurso. A su vez, la exconsejera Ortiz clama a la Corte Suprema por auxilio pues la Fiscalía no solo le embolata una y otra vez el preacuerdo, sino que ahora les ha negado la mínima protección a sus hijas.
Y ahora se revela que la fiscal Camargo le mintió a la justicia al afirmar, el 13 de mayo, que “los fiscales cuentan con independencia y autonomía para el desarrollo de su función y para adoptar decisiones en la investigación a su cargo”. Pero un día después, esos fiscales “independientes” dicen en otro documento que el principio de oportunidad solicitado por Sandra Ortiz “está pendiente de autorización por parte de la señora Fiscal General de la Nación”.
El asunto es elemental: si el preacuerdo para Olmedo no se aprueba y Sandra continúa sin protección para su familia y sin preacuerdo, los más poderosos como Carlos Ramón González, Name y Calle, y los exministros, podrán festejar su impunidad. Sin esa colaboración sus procesos caerán estrepitosamente.
Señores magistrados de la Corte Suprema: tal como lo hicieron en 2011 designando al doctor Eduardo Cifuentes y en 2018 a Leonardo Espinosa (caso Odebrecht) como fiscales ad hoc, en sus manos está impedir esta oprobiosa impunidad.
