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Mientras aún se debatía en las Comisiones Cuartas del Congreso de la República la nueva reforma tributaria de Gustavo Petro, que finalmente se hundió por inconveniente, injustificada y no estar acompañada de un plan de ajuste del gasto público, la Contraloría General de la República emitió una grave alerta sobre los bajos niveles de ejecución, solo el 67,2% a octubre, siendo la inversión el renglón más preocupante con tan solo el 46,6% de los recursos previstos para proyectos y obras; esto se proyectaría como pérdidas de apropiación y constitución de reservas presupuestales, como ya había ocurrido en 2024. Además, para la misma fecha el rezago del recaudo tributario se estimaba en $9,8 billones, frente a las estimaciones de la DIAN.
Más grave aún, la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal, sin un plan fiscal responsable, equilibrado y sostenible, liberó al Gobierno de los límites legales para llevar el déficit al 7,1% del PIB, muy por encima del 4% a 5% que se calcula como techo permitido. Este desborde se traduce en un endeudamiento cercano al 61,3% del PIB, superando en más de 6 puntos porcentuales el ancla de deuda del 55%, que constituye el límite estructural de la regla fiscal.
Pese a estas advertencias de la Contraloría, Petro, amparado en el artículo 215 de la Constitución y aduciendo hechos económicos sobrevinientes e imprevistos que, según el Decreto 1390 del 22 de diciembre, “afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la Nación”, declaró el estado de emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional.
Con ello, Petro se ha autohabilitado para expedir Decretos Legislativos dentro de los próximos 30 días, con un paquete de impuestos con una meta de recaudo de $16 billones, pese a que con ello agrava aún más la presión sobre el bolsillo de los colombianos.
Aunque la declaratoria de emergencia económica había sido anunciada como una medida extraordinaria justificada en la necesidad de adquirir tecnología antidrones (estimada por el Ministerio de Defensa en $2,7 billones), tras el ataque del ELN a un Batallón del Ejército en el Corregimiento El Juncal de Aguachica, Cesar, el 18 de diciembre, el Decreto 1390 aduce otras razones que nada tienen de sobrevinientes ni mucho menos de imprevistas.
Resulta inadmisible, y en todo caso inconstitucional, que se considere como inesperada o sobreviniente la necesidad de cubrir el costo del reajuste a la UPC (Unidad de Pago por Capitación), en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, así como el costo de las sentencias judiciales pendientes de pago o los gastos derivados de la atención de desastres naturales por parte de la UNGRD, entidad desangrada por un entramado de corrupción, que tiene funcionarios en la cárcel y sobre la que hace pocos días, la jefe de gabinete de Petro, Angie Rodríguez, denunció graves sospechas de pérdida de recursos y baja ejecución en la actual vigencia fiscal.
Corresponderá ahora al Congreso y a la Corte Constitucional examinar con juicio y ejercer sus facultades para contrarrestar este nuevo desafuero de Petro, que no solo desconoce la decisión democrática expresada por las Comisiones Económicas de Senado y Cámara, sino que plantea serios riesgos para la estabilidad macroeconómica de la Nación.
Como lo ha advertido la Contraloría insistentemente, la solución a la grave crisis fiscal asociada a la mala gestión del actual Gobierno no radica en exprimir nuevamente a los colombianos con impuestos, sino en administrar eficientemente el gasto público.
