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Si el país fuera realmente consciente de la manera cómo afecta a cada colombiano la crisis de la UPC a esta hora millones de personas se habrían tenido que volcar a las calles protestando por el descalabro del manejo de la salud.
Pero tal vez la calma se debe a que la crisis no ha llegado a su máxima expresión, apenas se está cocinando la papa caliente que le caerá al próximo gobierno. O tal vez también que para que se dé un “estallido social” se necesita un candidato populista que pueda activar el mecanismo.
El corazón de la crisis del sistema de salud está en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la tarifa que el Estado gira a las EPS para cubrir la atención de cada afiliado. Esa cifra se ha convertido en la trampa para hospitales, EPS y pacientes.
¿De dónde sale la UPC? Los recursos con los que se paga el sistema de salud se recogen, entre otras, de un porcentaje del salario de los empleados y otro porcentaje que pone su empleador. Esa plata va al Gobierno, este se encarga de definir el monto de la UPC –en 2025 la fijó en $1,5 millones– y a cada EPS le gira la UPC multiplicada por el número de afiliados. Con esos recursos, las EPS, entre otras cosas, pagan a las IPS (clínicas, consultorios, etc) por cada atención que presten a sus usuarios.
Todo marchaba a pesar de las dificultades. Pero el presidente Gustavo Petro, desde el comienzo de su gobierno, decidió asfixiar a las EPS –así como decidió acabar con el petróleo y el gas, y con todo lo que huela a empresa privada manejando servicios públicos–. Y la fórmula que utilizó es sencilla: no aumentar de manera suficiente el monto de la UPC.
Sin una UPC suficiente todo se empieza a desmoronar. La Nueva EPS, por ejemplo, que es la que más afiliados tiene en el país, empezó a dejar de pagarles a las IPS. Las clínicas entonces atendieron hasta donde pudieron a los usuarios de la Nueva EPS, pero cuando las deudas las ahogaban tuvieron que cerrarles sus puertas. Estos usuarios empezaron a llegar por urgencias a otros hospitales y también comenzaron a colapsarlos. Y así, se fue desatando el famoso chu-chu-chú de Petro.
El cálculo de la UPC ha estado marcado por errores y decisiones políticas. La calcularon con una inflación proyectada que ha terminado siendo mucho menor que la inflación real: para 2022 se calculó con inflación de 3,7% y terminó en 13,1%; para 2023, con 7,1% y cerró en 9,2%.
Ya para 2025 las EPS venían colgadas por culpa de la UPC subestimada del gobierno Petro. Y el Gobierno decidió aumentar la UPC apenas en 5,36%, a pesar de que el propio equipo del Ministerio de Salud recomendó un ajuste entre el 10% y el 14%, pero el ministro Guillermo Jaramillo prefirió ignorar el estudio y echar a los técnicos que lo elaboraron.
De tal suerte que la Contraloría dejó claro que en 2024 las EPS gastaron 110 pesos por cada 100 que recibieron –es decir, trabajaron a pérdida–. La Universidad de Antioquia estimó que entre 2022 y 2023 la UPC se quedó corta en $7,1 billones. En otras palabras: la plata de la salud no alcanza porque el gobierno de Gustavo Petro decidió que no alcanzara.
Y no ha habido poder humano que obligue al ministro Jaramillo que ajuste la UPC. En enero de 2025 la Corte Constitucional ordenó reajustar el cálculo para 2024 y 2025. Pero el ministro Jaramillo, con su arrogancia característica, no ha hecho caso. Embolató a la Corte con unas mesas técnicas, que tras siete rondas, acaban de cerrar y no han tenido ningún impacto. Hoy el déficit del sistema ya alcanza los $32,9 billones, según la Contraloría.
Lo más grave es que mientras el ministro Jaramillo niega los recursos para el sistema de salud, va de gira por el país con un tufillo de proselitismo disfrazado de gestión pública. Solo en Antioquia ha visitado 21 municipios, la mayoría gobernados por alcaldes cercanos a los cuestionados Julián Bedoya y Carlos Trujillo. No va con soluciones técnicas, sino con promesas de repartir recursos.
Esa práctica, más propia de campañas que de un ministerio, explica en parte por qué el sistema se hunde: la salud se convirtió en una chequera para comprar lealtades locales.
Por no hablar de lo que ha ocurrido con las EPS que el gobierno Petro decidió quitarle a los privados. La crisis financiera de estas EPS intervenidas, en lugar de sanearse, ha empeorado: su patrimonio pasó de un déficit de $2 billones en 2022 a $11 billones en 2025, es decir, más de 20 veces peor en los tres años de Petro.
El resultado ya lo sienten los pacientes: más tutelas, más filas, más servicios de hospitales cerrados, más familias gastando de su bolsillo lo que el sistema debería cubrir. La Defensoría alertó que entre el 60% y el 80% de los colombianos no reciben completos sus medicamentos.
No hay reforma que aguante si la UPC se convierte en un instrumento político y no en un cálculo técnico. Lo que está en juego no es solo la sostenibilidad del sistema, sino la vida y la dignidad de millones de colombianos..