Alejandro De Bedout radicó una denuncia, pues dice que el mandatario habría promovido la campaña del exalcalde y ahora precandidato presidencial Daniel Quintero. ¿Qué más dice el documento?
Tras el polémico evento del Gobierno Nacional en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, realizado este sábado, el concejal Alejandro de Bedout radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra el presidente Gustavo Petro.
EL COLOMBIANO accedió a la totalidad del documento enviado este domingo 22 de junio en el que de Bedout señala la presunta “participación indebida en política, proselitismo abierto, utilización ilegítima de recursos públicos, convocatoria irregular a Asamblea Nacional Constituyente por fuera del orden constitucional, hostigamiento a autoridades territoriales, y presencia de condenados por delitos graves vinculados a estructuras armadas ilegales en evento oficial del Gobierno Nacional realizado el 21 de junio de 2025 en Medellín”, dice el documento.
En concreto, el concejal de Medellín dice que la presunta participación en política del jefe de Estado radica en que el exalcalde Daniel Quintero Calle, quien es precandidato presidencial, estaba presente en la tarima. Además, el mandatario hizo referencias en contra del alcalde Federico Gutiérrez en relación con un proceso judicial de Quintero.
“Su visibilidad en un evento de naturaleza institucional, financiado con recursos públicos, configura un hecho de clara connotación proselitista”, señala la denuncia y agrega: “La participación del precandidato presidencial se vio reforzada por la presencia de símbolos, banderas y elementos visuales del movimiento político ‘Independientes’, organización política sin personería jurídica vigente, cuya visibilización en un acto oficial promovido por el Estado podría constituir una infracción directa al régimen de propaganda política y a principios electorales (art. 108 C.P.)”.
En las pretensiones del concejal De Bedout está que la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes determine si hay lugar a iniciar alguna actuación dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.
También pide que “se oficie al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y demás entidades, para que remitan con carácter urgente e integral la siguiente información: Copia de los actos administrativos, contratos, convenios y soportes presupuestales que hayan dado origen, respaldo o viabilidad al evento del 21 de junio de 2025 en Medellín. Las resoluciones o actos que eventualmente hayan permitido la salida de personas privadas de la libertad del establecimiento carcelario de Itagüí, con indicación de fundamento legal”.
Incluso, la denuncia pide que el Consejo Nacional Electoral emita concepto jurídico sobre la legalidad del uso de símbolos, banderas y distintivos del movimiento “Independientes” —sin personería jurídica vigente— en un evento gubernamental financiado con recursos públicos.
