Apenas un mes después de la tragedia en Granizal, Bello, que dejó 27 fallecidos tras un deslizamiento súbito, los grupos ilegales ya están, otra vez, loteando y vendiendo terrenos en una zona de, ya se ha visto, altísimo riesgo.
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La Alcaldía de Bello fue la que informó y rechazó enfáticamente la detección de estas actividades de loteo ilegal en la zona de Granizal. Equipos técnicos municipales, mientras realizaban labores de estabilización del terreno el martes 22 de julio, identificaron a “actores ilegales” dividiendo y ofreciendo predios en la zona.
La administración municipal ha emitido una advertencia urgente a la comunidad, subrayando el grave peligro de adquirir terrenos en este sector o en cualquier otra zona del municipio con ofertas ilegales. Las autoridades han reiterado que el movimiento en masa en Granizal sigue activo y podría generar nuevos deslizamientos.
Por esta razón, el ingreso a la zona permanece restringido y cualquier tipo de intervención está prohibida. El Secretario de Seguridad de Bello también ha rechazado esta situación, enfatizando que la zona no es apta para construir y sigue siendo inestable.
En respuesta a esta grave irregularidad, la Alcaldía de Bello, en coordinación con la Policía Nacional y el Ejército, prometió reforzar los operativos de control y vigilancia para impedir la ocupación y construcción en esta zona, que ha sido declarada de riesgo no mitigable tras la emergencia.
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Hay que recordar que Granizal, una vereda en el nororiente de Bello, es el asentamiento de población desplazada más grande del Valle de Aburrá y el segundo del país, según un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) de 2013.
Desde 1995, esta zona se ha poblado principalmente con personas desplazadas por el conflicto armado de Antioquia y departamentos vecinos, así como población migrante. Sus viviendas son (eran), en su mayoría, construcciones precarias de madera y cartón, y la comunidad ha enfrentado históricamente la falta de servicios públicos regularizados, especialmente agua potable y alcantarillado, y el control de grupos armados ilegales. Se estima que más de 37.000 personas habitan los ocho sectores de este asentamiento.
El deslizamiento ocurrido entre la noche del 23 de junio y la madrugada del 24 de junio de 2025 alcanzó a cubrir cerca de 50 viviendas.
Estudio dice que faltó invertir en ciencia
Un estudio internacional reciente de la iniciativa World Weather Attribution (WWA), liderado por el Imperial College de Londres con participación de investigadores de la Universidad de Antioquia y Siata, incluyó la tragedia de Granizal y señaló la falta de inversión en ciencia climática y la “injusticia científica” en el sur global.
La profesora Paola Arias Gómez de la Universidad de Antioquia explicó que cayeron entre 60 y 70 milímetros de lluvia por metro cuadrado en pocas horas, un fenómeno conocido como aguacero torrencial.
Aunque extremo, este evento no fue aislado, sino la culminación de meses de intensas precipitaciones que saturaron los suelos en una topografía compleja. Febrero tuvo grandes precipitaciones por un fenómeno de La Niña débil, abril fue el mes más lluvioso en 14 años, y junio duplicó la precipitación habitual, especialmente en sus últimos días.
El informe de WWA destacó que la lluvia que provocó los deslizamientos es “relativamente común”, con una probabilidad de ocurrir una vez cada diez años en Colombia. Esto subraya la necesidad urgente de mayores inversiones en investigación y herramientas para la vigilancia científica del clima para entender los riesgos cambiantes y prepararse para el futuro.
A pesar de la tragedia, las autoridades han autorizado el retorno gradual de decenas de familias a sus viviendas en zonas como Manantiales y Altos de Oriente, donde los monitoreos han determinado que no existe riesgo de nuevos movimientos en masa. Esta decisión representó un alivio para muchas familias que no tenían adónde ir. .
Sin embargo, la aparición de actividades de loteo ilegal en las zonas de alto riesgo de Granizal añade una capa de preocupación y peligro a una comunidad ya devastada. Las autoridades insisten en la imperativa de no caer en estas ofertas que ponen en riesgo la vida y el patrimonio de las personas.
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