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Adolescente que disparó a Miguel Uribe pasará los próximos cinco meses en el búnker de la Fiscalía

La Fiscalía le imputó los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas. El adolescente se declaró inocente pese al material en su contra.

  • En medio de su intento de fuga, el adolescente de 15 años resultó herido en una de sus extremidades yfue aprehendido en situación de flagrancia. FOTO Captura de video
    En medio de su intento de fuga, el adolescente de 15 años resultó herido en una de sus extremidades yfue aprehendido en situación de flagrancia. FOTO Captura de video
10 de junio de 2025
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El adolescente que fue aprehendido por atentar contra la vida del senador Miguel Uribe actuó frente a una multitud, en un escenario que ofrecía solo dos salidas: ser abatido o capturado. Ocurrió lo segundo.

“Se salvó del linchamiento”, se lee en comentarios de redes sociales. Seguramente fue una posibilidad también contemplada. Al final, la última palabra la tendrá la justicia. El primer paso ya se dio: el joven sicario fue cobijado con medida de internamiento preventivo y estará bajo custodia del ICBF en el búnker de la Fiscalía.

Lea aquí: (Video) Esposa de Miguel Uribe: “El amor de los colombianos ha sido al fuerza para que Miguel esté anclado a la tierra y a este plano”

Hoy, pese a que su rostro, cabello largo, vestimenta con estampado de Warner Brothers y su imagen empuñando un arma de fuego circulan ampliamente en redes y medios, la Fiscalía ha procurado mantener en estricta reserva su identidad y el avance del proceso, como lo exige la ley en casos que involucran a menores de edad.

El joven, que no supera los 15 años, fue imputado por los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Durante la audiencia, ante un juez especializado en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se declaró inocente.

“Los elementos probatorios recaudados en la fase de actos urgentes permitieron establecer que habría aprovechado la multitud para disparar contra el senador y precandidato presidencial del Partido Centro Democrático”, informó el ente acusador.

Aunque su declaración de inocencia puede parecer inverosímil ante la abundancia de pruebas que lo incriminan, el abogado Francisco Bernate analizó el caso y explicó que esta situación responde a dos variables.

La primera es que el joven podría querer que su situación se defina en juicio. Cabe recordar que en el régimen legal para menores no existen beneficios por aceptar cargos, como ocurre con los adultos. La segunda, y la que más fuerza tiene, es la posibilidad de que el menor esté en proceso de negociación con la Fiscalía General de la Nación.

La no aceptación de cargos no excluiría un eventual acuerdo judicial, como un principio de oportunidad, figura que permite beneficios jurídicos a cambio de información clave para la investigación. Así lo anticipó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien explicó que en casos como este, cuando se trata de menores de edad en conflicto con la ley, es habitual ofrecer acuerdos judiciales que impliquen una reducción de penas a cambio de colaboración eficaz.

“Los menores no están sometidos a las mismas sanciones que los mayores, infortunadamente, y eso es una realidad. Muchas veces, por eso, son instrumentalizados para ser ejecutores materiales de conductas tan graves como estas. Al menor, de acuerdo con los principios que rigen esta ley, primero, como a cualquier ciudadano, lo ampara un principio de presunción de inocencia. Nosotros estamos en la obligación de demostrar, mediante elementos materiales de prueba y evidencia física, que él en verdad es el responsable”, afirmó la jefe del ente investigador.

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Para sustentar su judicialización, fueron determinantes los videos de cámaras de seguridad en los que se observa al adolescente disparando contra el precandidato. También fue clave la situación de flagrancia: al momento de su aprehensión, portaba una pistola Glock de 9 milímetros, la cual, según la Policía, fue adquirida en 2020 en Arizona, Estados Unidos.

El implicado fue detenido horas después del ataque ocurrido el pasado sábado en Bogotá. Según el ente acusador, el proceso judicial deberá avanzar bajo reserva, mientras las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios que permitan esclarecer tanto la autoría material como los posibles responsables intelectuales del atentado.

Una vez finalizó la imputación de cargos y la solicitud de medida de internamiento, el presunto agresor fue trasladado, bajo un estricto esquema de seguridad, a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. En caso de ser hallado culpable, se enfrentaría a una pena de hasta ocho años en un centro especializado.

Trascendió, además, que su familia ingresó al programa de protección a testigos y que, como parte de ese estatus, sus nombres serán cambiados, así como su lugar de residencia.

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