Pese a múltiples esfuerzos institucionales y sociales, las niñas, niños y adolescentes en Colombia siguen siendo profundamente vulnerables frente al conflicto armado. Entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo documentó 55 casos de reclutamiento forzado, una práctica que persiste como una de las formas más crueles de violencia contra la niñez.
Del total de casos, 29 afectaron a niños y adolescentes varones, y 26 a niñas y adolescentes mujeres. La situación es especialmente grave entre los pueblos indígenas, que concentran 35 de los 55 reportes. Con 24 casos, el departamento del Cauca se mantiene como el más afectado, reflejando una tendencia en regiones con alta presencia de actores armados ilegales.
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Los principales responsables de estos reclutamientos son el Estado Mayor Central, con 25 casos atribuidos; otras disidencias, con 13; y el ELN, al que se le atribuyen seis casos. También figuran como responsables el Clan del Golfo, con otros seis casos, la Segunda Marquetalia, con tres, y dos casos más asociados a grupos armados sin identificar.
Aunque la cifra de 2025 aún está en desarrollo, el balance de 2024 resulta deplorable. 578 casos de reclutamiento de menores fueron registrados ese año. Solo en el mes de enero, según el informe de la Defensoría, se reportaron 78 niños y niñas reclutados, lo que lo convierte en el mes más crítico.
Los departamentos de Colombia más afectados por reclutamiento forzado:
El Cauca fue, con amplia diferencia, el departamento más afectado en 2024, con 367 casos. Le siguieron Norte de Santander (37), Antioquia (27), Valle del Cauca (23), Putumayo (21) y Huila (18), consolidándose como los territorios con mayor incidencia de esta grave violación a los derechos humanos.
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“Más allá de las cifras, cada caso representa la ruptura de un proyecto de vida, el desarraigo de un entorno protector y el sometimiento de la niñez a violencias extremas. El reclutamiento infantil constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario y una deuda persistente del Estado colombiano con su infancia”, informó la Defensoría.
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Tal como lo advierte el organismo, es un deber del Estado garantizar entornos protectores que aseguren a las niñas, niños y adolescentes una vida digna, libre de violencia y con plenas oportunidades para desarrollar su potencial.
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