Mientras el cabecilla de las disidencias Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, continúa delinquiendo y expandiendo su poder criminal bajo el amparo de la política de Paz Total, las Fuerzas Militares siguen sin poder actuar. El Gobierno aún no autoriza la reactivación de la orden de captura en su contra. La decisión estaría ligada a la insistencia del presidente Gustavo Petro en mantener abiertas las conversaciones con ese grupo armado.
En paralelo, la Fiscalía concentra sus esfuerzos en cinco líneas de investigación que apuntan a posibles redes de infiltración, financiación ilegal y fortalecimiento de las estructuras criminales de las disidencias.
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Como se conoció, el pasado lunes se reunieron la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para discutir la reactivación de la orden de captura; sin embargo, no se alcanzó un acuerdo. Pese a ello, el expediente sigue abierto y bajo evaluación, especialmente por la evidencia que indicaría eventuales incumplimientos a las condiciones exigidas por la Ley de Paz Total y los parámetros fijados por la Corte Constitucional.
En paralelo a esa decisión, la Fiscalía ordenó profundizar en cinco líneas de investigación que se desprenden, en buena parte, del análisis forense a computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), durante la interceptación de una caravana de las disidencias.
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Las cinco líneas de investigación
El eje central del caso ahora gira en torno a cinco hipótesis que podrían comprometer no solo a estructuras armadas ilegales, sino también a agentes estatales y otros actores.
La primera tiene que ver con las posibles alianzas con agentes del Estado. En ese caso, la Fiscalía busca establecer si las disidencias lograron infiltrar o corromper a integrantes del Ejército Nacional o a agentes de inteligencia, con el fin de obtener información privilegiada o facilitar sus operaciones. Otra línea tiene que ver con las amenazas a la seguridad nacional. Apunta a identificar si en los dispositivos incautados hay evidencia sobre la planeación de atentados u otras acciones armadas. Los investigadores analizan posibles rutas, objetivos y estructuras logísticas que den cuenta de operaciones en curso o ejecutadas.
La Fiscalía también tiene abierta una línea relacionada con la financiación de campañas presidenciales; en ese punto, los investigadores rastrean el posible flujo de dinero proveniente de estructuras ilegales hacia campañas políticas, incluida la presidencial. La Fiscalía busca determinar si existieron aportes irregulares y, de ser así, establecer responsables y canales de ingreso de esos recursos.
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La cuarta línea de investigación tiene que ver con las alianzas entre actores ilegales. Además, se indagan posibles acuerdos o coordinaciones entre distintas organizaciones criminales. La hipótesis es que las disidencias habrían establecido alianzas estratégicas para fortalecer su presencia territorial y sus economías ilícitas.
Y finalmente, investigan la creación de empresas de vigilancia, así como la utilización de empresas de seguridad privada como fachada para actividades criminales, lo que permitiría a estas estructuras operar con mayor cobertura y legalidad aparente.
Mientras esos focos avanzan, la situación jurídica de alias Calarcá sigue en revisión. La Fiscalía reiteró que la suspensión de la orden de captura no es indefinida y depende del cumplimiento estricto de las condiciones establecidas en el marco de la paz total.
La evaluación, según la entidad, será periódica y tendrá en cuenta nuevos hechos que puedan surgir, especialmente aquellos relacionados con violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario en territorios donde operan estas estructuras ilegales.
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