Colombia reconoce a las personas con discapacidad como “todas aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.
Sobre esta población, según el DANE, para 2020 se registraron un poco más de tres millones de personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias. En 2024, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud para el primer semestre de ese año, se registraron 350.732 personas certificadas con discapacidad, a quienes la ONU considera que estamos excluyendo de la sociedad.
La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Heba Hagrass, concluyó este viernes su primera visita oficial a Colombia, en la que sostuvo encuentros con autoridades estatales, representantes de la sociedad civil y personas con discapacidad en Bogotá, Cali y Medellín, y presentó sus observaciones preliminares, en las que reconoció avances normativos pero también advirtió serias deficiencias en su implementación territorial.
Le puede interesar: El efecto mágico de poder sonreír: termina misión para operar a 100 niños con labios y encía fisurada en Medellín
Lo que se ha consolidado
Durante su intervención, Hagrass señaló que Colombia ha consolidado un “marco jurídico robusto” desde la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011, e hizo un reconocimiento a la voluntad del Estado por avanzar en esta agenda.
Aun así, sostuvo que la legislación no ha sido suficiente para erradicar la discriminación, el estigma y la exclusión que persisten en sectores como la educación, el empleo y la vida comunitaria.
Hay que tener en cuenta que en el Plan Nacional de Desarrollo tienen un apartado dedicado a las personas con discapacidad.
En esta, se buscaba una gobernanza sólida para garantizar derechos, educación inclusiva, accesibilidad y justicia para personas con discapacidad; además de promover un movimiento social cohesionado y la interseccionalidad para reconocer opresiones adicionales y con incidencia en asuntos públicos.
“La legislación colombiana debe ir acompañada de aplicación efectiva en todo el territorio”, afirmó. También exhortó al Gobierno a adoptar el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y a renovar la Política Nacional de Discapacidad, vencida en 2023, incluyendo un enfoque interseccional con participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad.
Le puede interesar: Trabajo inclusivo: sectores y pasos para aplicar a más de 2.600 vacantes para personas con discapacidad
En materia de participación política, expresó preocupación por la falta de accesibilidad en procesos electorales, como ausencia de formatos alternativos, intérpretes en lengua de señas y dificultades logísticas para el voto. Recomendó que el Gobierno diseñe protocolos electorales inclusivos en consulta con organizaciones de personas con discapacidad.
El mayor reto para la ONU: la educación
La relatora de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad subrayó que la exclusión educativa fue una de sus principales preocupaciones tras su visita al país.
“Todo empieza con contar con una buena educación para que la persona crezca y pueda vivir de manera independiente”, señaló en respuesta a una pregunta de la prensa.
Teniendo en cuenta la importancia de la ONU hacia este punto, en EL COLOMBIANO hablamos con Santiago Álvarez, psicólogo y líder de inclusión y capacidades diversas de Bienestar Universitario de la Universidad Pontificia Bolivariana para entender mejor la situación.
Álvarez explica que las barreras inician mucho antes del aula y se extienden a lo largo de todo el recorrido educativo.
“Si bien existen decretos como el 1421 de 2017 y los lineamientos para educación inclusiva, en muchas ocasiones priman el desconocimiento y las barreras actitudinales dentro de las instituciones”, asegura.
Esto implica no solo una falta de voluntad institucional, sino también la ausencia de formación adecuada para el personal docente, directivo y administrativo.
Desde el Ministerio de Educación, en un informe de diciembre de 2024, aseguraron que están haciendo un esfuerzo por garantizar el derecho a la educación de 203.831 niños y niñas con discapacidad en establecimientos educativos oficiales, mediante una inversión de 85.000 millones de pesos. Para el nivel superior, reportaron que 4.751 personas se beneficiaron en 2024 de la política de gratuidad “Puedo Estudiar”.
Sin embargo, estas cifras, aunque valiosas, no son suficientes. “La razón principal [de las barreras] es la no adopción real de las políticas públicas y los lineamientos legales y jurídicos por parte de las instituciones educativas”, enfatiza el psicólogo.
En especial, señala que las universidades y colegios siguen sin aplicar los ajustes razonables necesarios, como planes individuales de apoyo o modelos de evaluación flexibles, lo cual afecta gravemente la permanencia y el egreso exitoso.
Álvarez añade que en las zonas rurales la situación es aún más crítica: faltan intérpretes, infraestructura accesible, materiales adaptados y, sobre todo, sensibilización. “No basta con abrir las puertas si el camino sigue lleno de obstáculos invisibles”, afirma.
¿Y la inclusión a nivel laboral?
Sobre empleo, reconoció los avances de la Reforma Laboral, que establece cuotas de contratación progresiva para personas con discapacidad en el sector privado, pero pidió mayor vigilancia sobre su cumplimiento y la promoción de ajustes razonables. Resaltó como buena práctica los programas del SENA en formación profesional y empleo con apoyo.
De acuerdo con el mismo informe del DANE de 2020, el 46 % de los hombres con discapacidad reportó estar trabajando, a diferencia del 31 % de las mujeres que mencionan.
Hagrass concluyó que es urgente adoptar una estrategia nacional de desinstitucionalización, con metas y cronogramas claros, además de inversiones en alternativas comunitarias que permitan a las personas con discapacidad vivir de forma autónoma.
En cuanto a la respuesta del Estado colombiano frente a las quejas de la sociedad civil, Hagrass concluyó que “el hecho de que el Gobierno solicitara esta visita muestra disposición para avanzar”, pero subrayó que las respuestas institucionales deben dejar de ser fragmentadas y abordarse de forma integral, incluyendo salud, educación, empleo y vivienda.
El informe final con sus conclusiones y recomendaciones será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2026, durante su 61º período de sesiones.
Le puede interesar: ¡Inspirador! A pesar de su compleja enfermedad, Santiago Zapata lanzará su segundo libro para construir una clínica en Medellín
Regístrate al newsletter