Un grupo de congresistas colombianos, principalmente del Pacto Histórico, pidió al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de EE. UU. investigar a tres legisladores estadounidenses por presunta injerencia en asuntos internos.
En medio de la crisis desatada entre Colombia y Estados Unidos ante los llamados a consultas de sus embajadores, este jueves un grupo de al menos 30 congresistas –en su mayoría integrantes del Pacto Histórico–, envió una carta al Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos solicitando una investigación contra los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez.
Según argumentaron en la misiva, estos representantes estadounidenses habrían incurrido en conductas que “podrían afectar las relaciones bilaterales” y “podrían haber tenido acciones contrarias al orden constitucional colombiano”. Lo anterior, tras conocerse los controvertidos audios del excanciller Álvaro Leyva en los que dice que buscó en secreto la complicidad de dirigentes de Estados Unidos para sacar a Petro del poder.
La solicitud de los congresistas colombianos –firmada por senadores y representantes–, está dirigida a los 11 miembros del Comité de Ética de la Cámara baja estadounidense, entre ellos su presidente Nathaniel Moran. En la comunicación, los legisladores piden que se evalúe si los congresistas señalados violaron códigos de conducta parlamentaria por presunta injerencia en los asuntos internos de Colombia.
La carta menciona como base un artículo del diario El País de España, que asegura que los congresistas Díaz-Balart y Giménez se habrían reunido con el excanciller colombiano Álvaro Leyva. Según esa publicación, los encuentros tuvieron como objetivo explorar acciones contra el Gobierno de Gustavo Petro.
En cuanto a Salazar, los firmantes aseguran que ha hecho múltiples declaraciones públicas en medios y redes sociales que podrían interpretarse como intentos por deslegitimar al actual gobierno colombiano.
“Desde el Congreso de la República y el Pacto Histórico, los 30 congresistas abajo firmantes solicitamos formalmente investigación y sanción contra Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Antonio Giménez por presuntas acciones injerencistas en Colombia”, señaló el documento.
En la comunicación, los legisladores colombianos afirman reconocer el derecho a la libertad de expresión de los congresistas estadounidenses y el principio de presunción de inocencia. Sin embargo, insisten en que, de comprobarse los hechos, se estarían vulnerando principios internacionales como el de no intervención establecido en la Carta de la OEA.
Entre los firmantes se encuentran Carmen Ramírez Boscán, Isabel Cristina Zuleta, María Fernanda Carrascal, Sandra Ramírez, Julián Gallo, Omar de Jesús Restrepo, y otros congresistas del Pacto Histórico, del Partido Comunes, Unión Patriótica, y el Partido Verde.
Ante la misiva, la representante María Elvira Salazar sostuvo que “levantar la voz no es injerencia, es deber moral”. En ese sentido, ratificando ser representante de miles de colombianos-americanos, advirtió que no se quedará callada “ante un gobierno que destruye la economía, alimenta la violencia política y deja que el narcotráfico se dispare”.
“¿Injerencia? No. Injerencia es convertir a Colombia en otra Venezuela. La amenaza no somos quienes denunciamos el caos, sino quienes lo provocan”, señaló.
Por su parte, el representante Giménez manifestó que “Petro no puede seguir amenazando a Estados Unidos y luego pensar que puede salirse con la suya”, en referencia a la decisión del Departamento de Estado de llamar a consultas a su encargado de Negocios, John T. McNamara, hecho que llevó a Petro a hacer lo propio y llamar a su embajador, Daniel García-Peña.
“Estamos con el pueblo colombiano amante de la libertad, no con el matón narcoterrorista socialista que vive en Casa de Nariño”, dijo Giménez.
La solicitud de los congresistas colombianos se produce en medio de un contexto diplomático tenso entre Colombia y Estados Unidos. Este jueves, el Gobierno de Donald Trump ordenó el llamado a “consultas urgentes” del encargado de negocios en Colombia, John T. McNamara, según un comunicado firmado por el portavoz del Secretario de Estado, Marco Rubio.
La decisión fue tomada “tras declaraciones infundadas y reprensibles de los más altos niveles del Gobierno de Colombia”, indicó el documento, en el que se reafirma el valor estratégico de Colombia como socio, aunque se advierte sobre diferencias políticas con la administración Petro.
Las tensiones incluyen la decisión del presidente Petro de suspender la extradición de algunos cabecillas criminales solicitados por la justicia estadounidense, los reportes internacionales sobre el aumento de cultivos de coca y la falta de erradicación, así como los recientes señalamientos de un presunto plan de desestabilización que involucra a actores políticos de ambos países.
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