La sombra de cuatro mafiosos extranjeros está rondando en el bajo mundo de Colombia, involcrándose en escándalos políticos y delitos de alto perfil que ponen en jaque la seguridad ciudadana.
Se trata del ecuatoriano José Macías (“Fito”), el venezolano Héctor Guerrero (“Niño”), el uruguayo Sebastián Marset (“el Futbolista”) y el mexicano Nemesio Oseguera (“el Mencho”), nombres que se pierden en la marea de los cientos de bandidos que ocupan los carteles de los más buscados en nuestro país, pero que fuera de las fronteras han tenido incidencia en tenebrosas alianzas en esta nación.
A continuación, un vistazo a estos siniestros personajes.
“Fito” y sus asuntos ilegales
Una controversia política le puso la lupa a las operaciones en Colombia de José Macías Villamar (“Fito”), el jefe de la banda ecuatoriana “los Choneros”, detenido por el Ejército el pasado 25 de junio, en un búnker de 1,5 millones de dólares en la provincia de Manabí.
Días después la prensa ecuatoriana publicó una carta manuscrita que el cabecilla le había mandado a María Velasco Guerrero, la embajadora de Colombia en Quito, en la cual le decía que pretendía entregarse a la justicia, pero temía por su vida, ya que tenía “información muy valiosa”.
“Estoy dispuesto a entregarme en las próximas horas, por lo que le solicito muy encarecidamente, señora embajadora, que me sirva de garante para mi entrega”, pidió el delincuente.
La publicación de la carta despertó múltiples especulaciones, como que la detención de Macías fue pactada, algo que generó indignación en el Gobierno de Ecuador, que recalcó que se trató de una operación militar.
Pero el rumor más delicado fue uno que afirmaba que el presidente Gustavo Petro se habría reunido con “Fito” durante un viaje a Ecuador realizado del 24 al 26 de mayo pasados. El Jefe de Estado informó al Congreso que el motivo era asistir a la posesión de su homólogo Daniel Noboa, pero luego de la ceremonia en Quito se fue a una casa de lujo en la ciudad de Manta.
Las especulaciones escalaron a tal punto, que primero se pronunció el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg: “De Gustavo Petro lo que sabemos es que estuvo en Manta, durante toda su estadía dentro de una casa. Se ha dicho que ‘Fito’ había ido, y que ciertos actores políticos habían ido en compañía de él. No puedo asegurarlo”.
Petro trinó que “no tengo ni idea quién es el tal ‘Fito’. Como todo presidente que visita un país extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, día y noche, por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha”, y luego contó que estuvo encerrado escribiendo un libro.
“Los Choneros” tienen alianzas con los grupos criminales del suroccidente de Colombia, en particular los de Nariño y Putumayo: el frente Oliver Sinisterra; el bloque Occidental del Estado Mayor Central de las Farc; y los Comandos de Frontera, la facción que mató a 11 militares ecuatorianos el pasado 9 de mayo, durante un operativo contra la minería ilegal en el río Punino.
Tales alianzas son para el transporte y acopio de cocaína procesada en la Costa Pacífica, con fines de exportación por los puertos de Manta y Guayaquil.
“Fito” fue trasladado a la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la espera del trámite de extradición a EE.UU. En el pasado estuvo preso en la prisión de Guayas N°1, la misma a la cual fueron llevados seis sicarios colombianos capturados en 2023 por el magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. En un amotinamiento los mataron, frenando en seco la investigación por ese crimen.
El episodio fue recordado esta semana por la viuda Verónica Saraúz, en una entrevista con La FM. “Lo cierto es que ‘Fito’ amenazó varias veces (a Villavicencio) y los seis sicarios que participaron en su asesinato estaban presos en la misma cárcel que él, antes de su fuga en enero de 2024”, indicó, dejando en el aire la duda de si el cabecilla participó en esa masacre, dado que era el mandamás de la cárcel.
El Tren de Aragua es la organización criminal extranjera que más penetración ha tenido en los centros urbanos de Colombia después de la pandemia de la covid-19, en 2020.
Surgió hace dos décadas en el estado de Aragua, en Venezuela, y se ha expandido por América aprovechando la migración de millones de personas que huyen de la debacle económica y social provocada por el régimen de Nicolás Maduro. Hoy tiene una presencia importante en Chile, Perú y Estados Unidos, además de negocios en Argentina, Brasil y otras naciones en la ruta de los migrantes.
En nuestro país la banda echó raíces en Cúcuta, Bogotá e Ipiales, donde controla vecindarios para la extorsión, narcotráfico, sicariato, hurtos y trata de personas. Incluso ha llegado a subcontratar bandas locales, como los “AK-47” y la banda de “Satanás”.
A la cabeza del grupo está el venezolano Héctor Rusthenford Guerrero Flores (“Niño Guerrero”), quien se fugó de la cárcel de Tocorón en 2023 y desde entonces su paradero es un misterio.
Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y el consecuente endurecimiento de las políticas antimigración, el Tren de Aragua fue designado como “organización terrorista internacional”.
Las agencias de seguridad estadounidenses creen que “Niño Guerrero” se esconde en Colombia desde 2024, y en compañía de la Policía han concentrado la persecución en sus lugartenientes. En los últimos dos años, cerca de 200 miembros del Tren de Aragua han sido capturados.
Por información que conduzca al arresto de Guerrero hay un recompensa de US$5 millones, incluso superior a los US$1,2 millones que los gringos ofrecen por Jobanis Ávila (“Chiquito Malo”), el jefe del Clan del Golfo, e igual a la que en su momento pusieron por Rodrigo Londoño (“Timochenko”), comandante de las antiguas Farc.
El nombre de Sebastián Marset Cabrera era desconocido para la opinión pública colombiana hasta 2022, cuando resultó implicado en uno de los magnicidios más impactantes de los últimos tiempos.
La víctima fue el fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, quien escogió a Cartagena para celebrar su luna de miel con la periodista Claudia Aguilera. Un día después de que ella hiciera público el embarazo de su primogénito, el 10 de mayo de ese año, los sicarios mataron al funcionario en la isla de Barú.
Los gobiernos de varios países se unieron para perseguir a los responsables y la justicia colombiana ha procesado a nueve de ellos, involucrados en la parte operativa y logística, pero no ha sido posible llegar a los autores intelectuales.
El sospechoso es Marset, un narcotraficante uruguayo para quien Marcelo Pecci y su equipo de fiscales se habían convertido en un obstáculo.
Es el jefe del Primer Cartel Uruguayo (PCU), una organización con operaciones en Uruguay, Bolivia, Brasil y Paraguay, dedicada al lavado de activos, la corrupción estatal y la exportación de cocaína a EE.UU. y Europa.
Sus redes se vieron afectadas por una operación interagencial llamada “A Ultranza”, que inició en febrero de 2022 y en los primeros dos meses incautó bienes por US$250 millones, en la que tuvo un rol importante el fiscal Pecci.
Ese trabajo es el móvil para su asesinato, el cual habría sido ordenado por Marset y sus socios paraguayos. Así quedó consignado en el expediente, tras las delaciones del coordinador operativo del homicidio, Francisco Correa, quien a su vez fue asesinado en la cárcel La Picota de Bogotá, el pasado el 2 de enero.
El uruguayo lleva tres años huyendo de la persecución y por escándalos relacionados con él han sido despedidos o renunciaron a sus cargos 21 funcionarios en Paraguay y cuatro en Uruguay.
La justicia de EE.UU. le abrió un expediente por lavado de activos y ofreció US$2 millones por su captura; ya cayeron su esposa y su hermano menor, con lo que se va estrechando el círculo en su contra.
Aunque en Colombia todavía no tiene orden de captura por el magnicidio, el presidente Petro lo ha mencionado en varios trinos y lo acusa de ser socio de un cartel conocido como la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico, al cual señala de querer matarlo.
“La investigación sobre el asesinato del fiscal Marcelo Pecci cometido por el narcotraficante uruguayo Marset en territorio colombiano demuestra que el narco dejó de ser un problema bilateral colombo estadounidense y es hoy un problema americano y mundial”, recalcó el mandatario en una publicación.
Hasta el 2022 el cartel de Sinaloa fue el principal cliente internacional de la cocaína producida en Colombia, pero las disputas internas terminaron por diezmar sus negocios. La organización empezó a tambalear con el encarcelamiento en EE.UU. de su líder Joaquín Guzmán (“el Chapo”) en 2017; el mismo destino que padecieron sus hijos Ovidio y Joaquín Guzmán López en 2023 y 2024, al igual que su socio Ismael “el Mayo” Zambada.
La pérdida de estos cabecillas produjo el pleito entre sus facciones herederas, “los Chapitos” y “los Mayos”, generando un caos en su línea de mando que al final empoderó a su máximo rival en el mercado de las drogas: el cartel de Jalisco Nueva Generación.
Las inversiones de este grupo crecieron en Colombia, según la Dirección Antinarcóticos de la Policía, tanto en los procesos de cosecha como en la producción y exportación de la cocaína.
A la cabeza de este cartel está Nemesio Oseguera Cervantes (“el Mencho”), un narco de 58 años que se crió en el seno de una familia de cultivadores de aguacate, luego trabajó en sembradíos de marihuana y ahora dirige un imperio criminal con negocios en cuatro continentes.
Es el narco más buscado por la DEA, con una recompensa de US$10 millones por su cabeza, y en nuestro país ya sacó del mercado a “los Zetas”, un cartel enemigo que combatió en México hasta su exterminio.
Jalisco le compra cocaína al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc comandadas por “Iván Mordisco” y a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico. Invierte en cultivos y laboratorios de producción en Norte de Santander, Antioquia, Putumayo, Cauca y Nariño.
Sus rutas de exportación más usadas parten por vía marítima desde los puertos de Buenaventura, Urabá y Guayaquil (Ecuador).
Él es uno de los responsables de que Colombia produzca el 71,8% de la cocaína que circula en el planeta (2.664 toneladas anuales de un total de 3.708), según las cifras del Reporte Mundial de Drogas 2025 de la ONU.
Sus inversiones han tecnificado los procesos a tal punto, que el rendimiento de la hoja de coca aumentó: hace cinco años se producían 6 kilos de cocaína por cada hectárea de coca, mientras que ahora se fabrican 8 kilos con esa misma hectárea.
“El Mencho” también es uno de los principales reclutadores de militares retirados colombianos, que terminan trabajando como mercenarios en México. Uno de los episodios más recientes, que puso otra vez sobre la mesa este fenómeno, fue el caso de los 12 exmilitares colombianos capturados el 29 de mayo pasado en el municipio de Los Reyes, en Michoacán.
La justicia los procesó por el porte ilegal de las armas y los explosivos encontrados en el allanamiento, pero también los investiga por un atentado con una mina terrestre que dejó ocho muertos el 27 de mayo, en la frontera de los estados de Jalisco y Michoacán.
Las primeras sospechas cayeron sobre la banda de “el Mencho”, aunque en un comunicado trató de desligarse de los hechos, culpando a sus enemigos del cartel de “los Reyes”.
TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué los récords de incautaciones en Colombia no han servido para frenar el tráfico de cocaína?
![[En video] Cinco gatos perezosos captados en video](http://estaticos.elcolombiano.com/binrepository/426x224/38c0/349d224/none/11101/NLQC/cinco-gatos-perezosos-imagen-destacada_48240368_20250704164734.jpg "[En video] Cinco gatos perezosos captados en video")
