El silencio regresó al caserío de la vereda Nueva York del municipio de El Retorno. La fuerza oficial se retiró y el miedo quedó instaurado en la comunidad. Están incomunicados.
Los 33 militares –que estuvieron secuestrados durante 105 horas por una multitud de campesinos– abordaron un helicóptero y desembarcaron en la capital del Guaviare en la noche de este 28 de agosto.
“Ellos se encuentran muy bien, han sido atendidos por un equipo interdisciplinario y están listos para regresar nuevamente al área de operaciones”, afirmó el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
Los soldados fueron liberados después de una mediación de la Defensoría del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la MAPP OEA.
Delegados del Ministerio de Defensa, del Interior y de la Oficina de la Consejería de Paz tuvieron que viajar hasta el lugar para hablar con la comunidad.
La muerte de Ramiro Antonio Correa
Ramiro Antonio Correa era el tendero de la comunidad. Estaba en su negocio cuando comenzó el enfrentamiento entre militares y disidentes. Las balas lo atravesaron.
Lo que ocurrió después convirtió su muerte en un nuevo “florero de Llorente” del conflicto colombiano: el señor apareció en el conteo de disidentes dados de baja en combate y la comunidad enfurecida rodeó a los soldados para exigir respuestas.
El presidente Gustavo Petro señaló al civil de, aparentemente, ser un colaborador de los disidentes de Iván Mordisco. La Defensoría del Pueblo tuvo que salir a desmentir al mandatario.
“No tenemos información de que fuera un colaborador de la guerrilla, fue una muerte accidental grave. Corresponde a la Fiscalía adelantar las investigaciones”, señaló Iris Marín, defensora del Pueblo.
Es que la narrativa castrense giró en torno a una tesis: los campesinos estaban instrumentalizados por alias Jimmy Parra, segundo cabecilla del Frente 44 del Estado Mayor Central de las Farc. Interpusieron denuncia penal por secuestro extorsivo ante la Fiscalía.
No era la primera vez. Apenas en junio, un episodio similar había ocurrido en Argelia, Cauca, cuando las tropas intentaban recuperar el Cañón del Micay, corredor cocalero controlado por las disidencias. En aquella ocasión, más de veinte civiles fueron arrestados tras el motín, pero recobraron la libertad por fallas en la judicialización. Lo que quedaba en evidencia era el mismo patrón: comunidades enteras movilizadas, unas veces por miedo y otras por convicción, frente a la avanzada militar.
El municipio de El Retorno, particularmente, es una zona en disputa entre las disidencias del Bloque Amazonas (Iván Mordisco) y el Bloque Jorge Suárez Briceño (alias Calarcá).
La comunidad corre con la desgracia de estar en la mitad del conflicto y la relación con alguno de los bandos es inevitable.
“Nosotros no tenemos nada que ver con el conflicto. Si alguien se pone un uniforme, lléveselo porque esa gente está dispuesta a morir, pero cómo van a venir a matar un campesino”, dijo uno de los jornaleros que cercó a los militares.
La Defensoría del Pueblo advirtió que en el municipio de El Retorno hay una fuerte gobernanza ilegal.
Explicó que estas estructuras ejercen el control social que incluye carnetización obligatoria, restricciones de movilidad, imposición de horarios y hasta el control de bienes de primera necesidad. Hicieron un llamado para no estigmatizar a las comunidades.
“Un comité de campesinos de Nueva York vendrá a San José del Guaviare a interponer las denuncias por la muerte del señor Ramiro. Ellos están sin señal en la vereda, pero aquí lo estamos esperando para acompañarlos”, le indicó a ELCOLOMBIANOel concejal Dagoberto Ruiz de San José del Guaviare.
Videos entregados por líderes de la zona a esta redacción relatan que Ramiro fue ultimado a menos de 10 metros. La bala, aparentemente oficial, fue disparada desde la entrada de la tienda cuando el civil regresaba a ella después de que terminó el enfrentamiento.
El joven desaparecido
Al drama del civil muerto, se suma la desaparición de un joven que se habría negado a participar en la asonada contra la Fuerza Pública.
El almirante Cubides resaltó que el hombre –golpeado y en mal estado de salud– corrió hacia los militares en busca de protección. Afirmó que los disidentes lo estaban obligando a introducir explosivos al cerco que rodeaba a los uniformados.
“El enfermero de combate lo atendió, entró en paro y lo logramos estabilizar. Estuvo con nosotros toda la tarde y la noche”, apuntó Cubides y añadió: “Nosotros lo mantuvimos hasta que la misma comunidad que estaba alrededor nuestro nos lo arrebató... a la fuerza”.
Los militares retenidos estaban cercados por un primer anillo de la Guardia Ambiental Campesina, luego había 600 campesinos y, arriba, rondaban dos helicópteros.
“Esperamos que esa persona esté bien, pero lo sucedido es un delito de lesa humanidad”, apuntó Cubides.
En enero pasado, el Ministerio Público emitió una alerta temprana en la que advirtió que la disputa entre ilegales podía llevar a que se cometa el reclutamiento de niños, confinamientos, desplazamiento forzado y homicidios de líderes comunitarios. La alerta se encendió en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta y Guaviare.
“No tenemos ninguna información sobre el joven desaparecido. Allá están completamente incomunicados”, puntualizó el concejal que espera en San José del Guaviare.
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