Yanhaas, Invamer y el Centro Nacional de Consultoría –las tres principales encuestadoras del país– se pronunciaron frente a la ley que prohíbe las mediciones y solo las autoriza hasta tres meses antes de la inscripción de candidatos. Las firmas aseguraron que el articulado aprobado en el Congreso le quita posibilidades de análisis a los candidatos y a la ciudadanía.
“Las encuestas electorales son herramientas fundamentales para el ejercicio informado de varios de los derechos políticos. Como lo ha reconocido la Corte Constitucional permite a las campañas políticas diseñar sus propuestas, estrategias y tácticas a partir del conocimiento de la opinión de los electores, lo que les permite interpretar de manera más directa sus esperanzas y necesidades”, señalaron las tres encuestadoras en un extenso comunicado.
La ley en cuestión fue aprobada el último día de sesiones en el Congreso y prohíbe las encuestas de intención de voto hasta noviembre de 2025. Fue una iniciativa de las congresistas Angélica Lozano (Partido Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), Clara López (Pacto Histórico) y el representante a la Cámara Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo). Resta la sanción del presidente Gustavo Petro para quedar en firme.
La iniciativa no deja de levantar ampolla y tiene en alerta a las firmas encuestadoras, que reclaman por una suerte de mordaza en materia estadística que impediría que la gente pueda acercarse a los aspirantes, además de restricciones para medirle la temperatura a más de un candidato.
Las encuestadoras hicieron analogía y afirmaron que privar a la ciudadanía, a los partidos y a los candidatos de acceso a las encuestas es, según ellos, similar a quitarle las luces a un conductor en las noches.
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“A los electores también les sirve para formar su opinión y definir su intención de voto en la medida en que esta puede estar legítimamente asociada a las reales posibilidades electorales de los candidatos”, apuntaron los encuestadores.
Los encuestadores advirtieron que la ley es absolutamente subjetiva cuando menciona que en las mediciones se deberán incluir candidatos que posean relevancia o notoriedad pública significativa y que hayan participado en elecciones.
“Por una parte, discrimina a figuras nuevas que tengan aspiraciones políticas, reduciendo las preguntas a aquellas personas que ya tienen un recorrido político. Y, por otra parte, es imposible conocer cuál es el nivel de favorabilidad y reconocimiento de una persona, hasta no haber preguntado por esta”, afirmaron.
Las encuestadoras añadieron que la divulgación de sus mediciones es un asunto de interés general y, por tanto, restringir sus actividades se configura, según ellos, en un contrasentido.
“Vulnera tanto el derecho a la información como el derecho de información, ya que impide la difusión de datos que son de interés general; y constituye así mismo un atentado contra la libertad de expresión, por cuanto se impide que la opinión del sector encuestado se exprese, sin razones jurídicas de fondo que sustenten esa posición prohibitiva”, apuntaron.
La carta está firmada por Martín Orozco Pfeifer Gerente General de Invamer; Pablo Lemoine Arboleda, Presidente del Centro Nacional de Consultoría y Oswaldo Acevedo Gómez, Gerente General de Yanhaas. Los tres pidieron al presidente Gustavo Petro que objete la ley en mención por las razones de aparente inconstitucionalidad que alegaron.
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