Según la resolución, las contrataciones de transporte aéreo en Ecopetrol se hicieron dentro de los parámetros legales y no hay evidencias de conductas constitutivas de delito.
La Fiscalía General de la Nación decidió archivar la investigación que adelantaba contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la contratación de transporte aéreo para la operación de la compañía.
El proceso se originó tras denuncias sobre un posible direccionamiento de contratos en favor de una empresa prestadora de aeronaves, lo que habría generado concentración en la prestación del servicio. Sin embargo, el ente acusador concluyó que no existían méritos para continuar con la indagación.
En la resolución, la Fiscalía dejó en firme que no se observó que la actuación de Roa hubiera sido contraria a los principios de igualdad, moralidad, transparencia, imparcialidad y selección objetiva que rigen los procesos contractuales.
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Asimismo, advirtió que mantener abierto el caso carecía de sustento jurídico y probatorio: “No hay razón jurídica, fáctica, probatoria ni dogmática alguna por la cual se deba mantener esta noticia criminal a cargo de un despacho judicial generando más congestión judicial de la existente, a la espera de resultados infructuosos, en pleno desconocimiento de las Normas Rectoras”, señala la decisión.
La Fiscalía también descartó la existencia de pruebas que demostraran un acuerdo ilegal entre los implicados para manipular las reglas de contratación. El documento subraya que:
“No se vislumbra un elemento probatorio directo que permita colegir la existencia del acuerdo ilícito que con tanta convicción afirma la denunciante, con el propósito de manipular las reglas (...) y consolidar un monopolio en la prestación del servicio de transporte aéreo helicoportado y la consecuente exclusión de sus competidores”.
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Con base en estas consideraciones, la entidad concluyó que las contrataciones se adelantaron dentro de los parámetros legales y bajo criterios de objetividad.
El archivo, sustentado en la atipicidad de los hechos, cierra definitivamente la posibilidad de que el caso siga su curso judicial, al no encontrarse evidencia de conductas constitutivas de delito.
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