La Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP abrió la jornada a las 8:00 de la mañana de este 16 de septiembre con la lectura de la primera decisión en el caso denominado “Toma de rehenes: graves privaciones de la libertad y demás crímenes concurrentes”.
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Los comparecientes en esta sentencia son Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’; Pastor Lisandro Alape Lascarro; Milton de Jesús Toncel Redondo, alias ‘Joaquín Gómez’; Jaime Alberto Parra Rodríguez, alias ‘El Médico’; Julián Gallo Cubillos, alias ‘Carlos Antonio Lozada’; Pablo Catatumbo Torres Victoria; y Rodrigo Granda Escobar, alias ‘Ricardo Téllez’.
El tribunal concluyó que los exjefes de las Farc fueron responsables de implementar una política de secuestros en todo el país. Según la JEP, esa práctica respondió a tres fines: financiar la estructura armada, presionar el intercambio de prisioneros y mantener control social y territorial en distintas regiones del país.
Así lo explicó el magistrado Camilo Suárez al leer el fallo: “esta sección declara penalmente responsable a los siete comparecientes del antiguo secretariado de las Farc” por los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto armado.
Los crímenes por los cuales fueron declarados penalmente los siete comparecientes fueron tales como crímenes de guerra (toma de rehenes y homicidio) y de lesa humanidad (privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada), además de la responsabilidad de mando por tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual, desplazamiento forzado, esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por unidades bajo su mando.
La investigación reconstruyó la magnitud de los hechos y su evolución, así como las dinámicas que alimentaron estas conductas. El documento señala impactos psicosociales en víctimas y familias, daños a comunidades y territorios, y políticas que hicieron posibles estos crímenes. La JEP resalta que los comparecientes dejaron las armas, aportaron a la verdad y reconocieron responsabilidad, lo que habilita la sanción propia en el marco del Acuerdo Final de Paz.
Sanción propia de la JEP contra los sentenciados
El Tribunal de Paz impuso ocho años de sanción propia, el máximo previsto en el Acuerdo Final de Paz a los siete imputados debido a los 21.936 casos de secuestro.
En palabras del magistrado, “esta sentencia envía un mensaje inequívoco: los crímenes atroces no quedarán en la impunidad” y “las sanciones propias son de carácter restaurativo y retributivo”. Explicó que buscan materializar la dignidad de las víctimas, consolidar la paz y garantizar que hechos de tal gravedad no se repitan.
Hay que recordar, como mencionó el magistrado Suárez: “no se trata de un modelo de justicia ordinaria, es una jurisdicción transicional; un modelo de justicia que busca aportar a la paz garantizarlos derechos de las víctimas, brindar seguridad, jurídica a los comparecientes y recomponer el tejido social”.
El cumplimiento será monitoreado por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación de las Sanciones Propias, integrado por la JEP y la Misión de Verificación de la ONU; y combina un componente judicial, internacional independiente y la mirada de las comunidades en los territorios donde se ejecuten las sanciones.
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La sanción propia de ocho años tiene un “efecto totalizante” y que los sancionados deberán participar conjuntamente en proyectos restaurativos con enfoques diferenciales y territoriales, orientados a reparación simbólica, reconstrucción del tejido social, restauración ecológica y dignificación de las víctimas.
La decisión ordena trabajar en cuatro líneas: búsqueda de personas dadas por desaparecidas, Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), medio ambiente, naturaleza y territorio y memoria y reparación simbólica.
Los proyectos restaurativos
Lo primero son las personas desaparecidas. De las más de 4.325 víctimas acreditadas ante la JEP, cerca del 8% reportó a un familiar desaparecido en medio de los secuestros atribuidos a las Farc.
La UBPD ha identificado un universo de 132.877 víctimas de desaparición forzada en el país; ese dato servirá de base para la recolección y sistematización de datos, la entrega de coordenadas, la elaboración de mapas temáticos y el acompañamiento en visitas de campo con fines de prospección y recuperación.
Es así que como primer proyecto de la sanción, se priorizó la búsqueda, identificación y entrega digna de personas desaparecidas en el Cementerio Central de Palmira, Valle del Cauca. En esta misma línea se ordenó un circuito de actos restaurativos con relatos dignificantes en lugares emblemáticos, incluyendo Cali y Neiva, para visibilizar impactos y promover memoria.
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En el proyecto de Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA), los comparecientes deberán apoyar la recuperación de territorios afectados por minas. Deberán recolectar y organizar información sobre zonas de riesgo, elaborar cartografía, priorizar áreas y realizar talleres con comunidades para prevenir accidentes y fortalecer la pedagogía sobre riesgos.
Para el tema del Medio ambiente, naturaleza y territorio, participarán en la preparación de terrenos, viveros y propagación de especies nativas. También sembrarán cultivos de pancoger en favor de las víctimas, mantendrán ecosistemas y desarrollarán acciones agropecuarias. El proyecto incluye formación en conservación y turismo de naturaleza, así como señalización de puntos afectados y creación de rutas ecoturísticas.
Por último, en temas de memoria y reparación simbólica, se deberá aportar a la honrar y mantener viva la memoria de las víctimas del secuestro, incluidas aquellas que no sobrevivieron.
Para ello tendrán que realizar tareas como la transcripción de testimonios, la construcción e instalación de artefactos de memoria y la participación en productos audiovisuales, radiales y digitales, entre ellos un micrositio web con contenido reparador.
También deberán organizar eventos de petición de perdón, asistir a encuentros restaurativos con víctimas, responsables y comunidades, y elaborar relatorías y sistematizaciones de todas estas acciones.
De acuerdo con el magistrado Suárez, “a través de esta decisión no se busca dejar una paz en palabras, sino contribuir a una paz que como nación y como patria nos una”.
Y recordó que esta no será una paz “decorativa” sino una “que se levante cada mañana con dignidad, con verdad, con memoria, con el firme objetivo de construir una Colombia, donde la vida sea sagrada la libertad inviolable la justicia posible”.
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