El escándalo por presunta financiación irregular en la campaña Petro Presidente 2022 suma un nuevo episodio judicial. Se conoció que Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de la Presidencia, pidió suspender provisionalmente la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el actual mandatario.
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La solicitud fue presentada ante sus colegas del alto tribunal en el marco de una tutela interpuesta por el presidente Gustavo Petro, quien busca tumbar una decisión del Consejo de Estado. Dicha sala había avalado que el CNE continuara con la investigación administrativa, a pesar de tratarse de un presidente en ejercicio.
Fernández, quien actúa como ponente del caso, propuso que la Corte Constitucional ordene detener cualquier actuación del CNE mientras se define de fondo la tutela en calidad de ciudadano. Esto incluiría la recolección de pruebas, el llamado a testigos y cualquier otro procedimiento legal.
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Cabe recordar que en agosto de 2023 el CNE formuló cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro, su gerente Ricardo Roa —hoy presidente de Ecopetrol— y el propio mandatario, por supuestamente haber excedido los topes de financiación en más de $5.000 millones.
Posteriormente, en la tutela presentada por el presidente, este reclamó que la decisión del Consejo de Estado vulneró sus “derechos fundamentales al debido proceso, en sus dimensiones de juez natural y fuero especial constitucional”.
El recurso, conocido por el diario El Espectador hace unos días, llegó directamente al despacho del magistrado Vladimir Fernández, lo cual desde ese momento levantó suspicacias, pues se trata de un jurista que se desempeñó como secretario jurídico de la Casa de Nariño en el Gobierno Petro y quien fue ternado por el propio mandatario para llegar al alto tribunal.
Si bien el primer mandatario ha arreciado en la tesis de que detrás de la investigación habría un supuesto golpe de Estado y que la decisión es inconstitucional, lo cierto es que la máxima sanción, en el peor de los escenarios, le significaría una multa de hasta el 10 % de los recursos que el Estado desembolsó a la campaña o la devolución total o parcial de los dineros.
