La Contraloría General de la República alertó que en Nueva EPS se están presentando presuntas irregularidades relacionadas con el incremento de anticipos, el represamiento de facturas sin auditar, el aumento de cuentas por pagar, falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas. La entidad expresó que estos hallazgos se hicieron después de un operativo de policía judicial en julio pasado.
Al respecto, el ente de control fiscal aseguró que el incremento desmesurado de anticipos que compromete la liquidez de la entidad y que en un análisis preliminar se detectó un incremento significativo en los anticipos pendientes por legalizar de 2023 y 2024.
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Según explicó esa entidad, esos operativos se llevaron a cabo con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas de información que administra la Superintendencia de Salud y ante la carencia de estados financieros certificados y dictaminados.
Por otro lado, esos anticipos pendientes por legalizar de 2023 y 2024 pasó de $3,4 billones a $8,6 billones, lo que equivale a un incremento del 155 % y representa una variación significativa que “afecta la situación financiera de la EPS”.
En ese sentido, señaló que hubo un crecimiento acelerado en los anticipos pendientes por legalizar de la vigencia 2025, pues al corte de junio se acumulan $6,6 billones adicionales frente a lo reportado durante 2024, pasando de $8,6 billones a $15,27 billones. Esto refleja, a juicio del ente, una situación que compromete la liquidez institucional y aumenta el riesgo de un posible detrimento patrimonial, sobre todo en aquellos que superan los dos años por $143.000 millones.
“Con corte a junio de 2025, se encontró un saldo elevado de anticipos pendientes por legalizar por $5,7 billones correspondiente a la vigencia 2024, lo que evidencia que una parte significativa de los recursos girados en ese periodo aún no han sido legalizados”, advirtió la Contraloría.
Facturas sin validar ni revisar por servicios de salud
El informe del ente de control reportó un hallazgo de 22.737.247 facturas pendientes por procesar por un valor de $22,1 billones, así como uno de 9.155.060 facturas de servicios de salud repetidas, cuyo valor asciende a $8,9 billones. “Al excluir los registros repetidos, existen facturas por valor de $13,2 billones pendientes por procesar”, indicaron sobre esto.
De las facturas pendientes por procesar, el 37,1 % corresponde a la vigencia de 2024 y el 59,9 % restante al primer semestre de 2025. Esto indica que el 97 % de las obligaciones reportadas aún no ha sido sometida a revisión por parte de Nueva EPS.
De acuerdo con lo advertido por la Contraloría, estos hechos generan inconsistencias contables y financieras por la falta de verificación de aspectos fundamentales como la pertinencia del costo, el cumplimiento contractual y la validez de los soportes. Y también señaló que su análisis preliminar encontró que 36 prestadores de salud (de una red de más de 2.700) concentran el 40 % del valor total pendiente por procesar (equivalente a $5,2 billones).
Lo preocupante para ese ente de control es que la Nueva EPS no acreditó la suficiente capacidad tecnológica requerida para garantizar la calidad de los datos relativos a la gestión de los recursos de la salud, aun cuando hay una exigencia legal sobre los sistemas de información para ejercer un control oportuno y pertinente para el procesamiento de datos.
Contratos incompletos y cuentas de servicios de salud por pagar
Según la Contraloría, durante el operativo de policía judicial la Nueva EPS no aportó los soportes contractuales que den cuenta del cumplimiento de los requisitos mínimos sobre la celebración de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios y tecnologías en salud entre el asegurador y su red prestadora.
En algunas carpetas contractuales no fueron aportados los soportes documentales de los contratos suscritos (copias de contrato, nota técnica, anexos y demás requisitos exigidos).
Así mismo, identificó que las cuentas por pagar con corte a marzo de 2025 presentan un valor acumulado de $21,37 billones. Una cifra que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la EPS y del sistema de salud, pues la cobertura de la aseguradora es de aproximadamente el 22 % de la población afiliada.
Por eso, el ente destacó que existen $10,5 billones de anticipos pendientes por legalizar y $8,7 billones en facturas pendientes por procesar. Una tendencia que, a juicio de la Contraloría, refleja un desequilibrio entre ingresos y egresos, que podría llevar a restricciones en la prestación de servicios y afectar la estabilidad financiera de la entidad.
¿Y las reservas técnicas de Nueva EPS?
El ente de control fiscal halló que esta EPS subestimó la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada por valor de $11,1 billones, con corte a diciembre de 2024. De igual manera, hubo falta de soporte de autorizaciones y de facturas en el detalle de esas reservas.
Esa entidad alertó que la “delicada situación financiera y administrativa de la Nueva EPS, evidencia riesgos de deterioro progresivo, a pesar de la intervención de la Superintendencia de Salud” y que “el creciente endeudamiento, el aumento de anticipos no legalizados y la tardanza en el procesamiento de la facturación, constituyen señales de alerta que comprometen la sostenibilidad de la entidad y la adecuada prestación de los servicios de salud”.
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