Justo cuando la canciller Laura Sarabia presentó su renuncia, en medio de una controversia con el jefe de gabinete presidencial, Alfredo Saade, por el modelo de expedición de pasaportes, la Procuraduría General de la Nación volvió a prender las alarmas.
El Ministerio Público reiteró su llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores para que adopte de inmediato las medidas necesarias que garanticen la continuidad y calidad del servicio de expedición de pasaportes, que el Gobierno busca reformar desde el 1 de septiembre de 2025.
La advertencia ocurre en un momento de máxima tensión institucional. Sarabia salió del cargo tras un abierto enfrentamiento con Saade, quien anunció desde la Casa de Nariño que, por orden directa del presidente Gustavo Petro, no se renovará el contrato con la unión temporal Documentos de Viaje 2025, integrada por Thomas Greg & Sons. En su lugar, el Gobierno pretende que la producción de pasaportes quede en manos de la Imprenta Nacional, en articulación con una empresa de Portugal.
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El giro en la política de contratación fue sorpresivo. Días antes, la propia excanciller había anunciado que el contrato con Thomas Greg & Sons se renovaría por 11 meses más, invocando la figura de la “urgencia manifiesta” para evitar traumatismos en la expedición. La decisión fue avalada por el presidente, pero poco después revertida. Saade aseguró que ya estaba en marcha la firma del nuevo convenio con Portugal.
En este contexto de tensiones y cambios abruptos, la Procuraduría recordó que desde el primer semestre de 2023 ha ejercido vigilancia preventiva sobre el proceso de transición del modelo de expedición de pasaportes. Tras requerir información a la Cancillería, el ente de control recibió una respuesta preocupante: la Imprenta Nacional necesitaría hasta 35 semanas para estar en capacidad de iniciar operaciones desde la firma del convenio interadministrativo, lo que haría inviable cumplir con la fecha del 1 de septiembre de 2025.
La Procuraduría alertó que este retraso pone en riesgo la continuidad del servicio y reiteró la necesidad de que la Cancillería adopte “todas las medidas necesarias” para garantizar que millones de colombianos no se vean afectados.
Así, en medio del remezón político por la renuncia de la ministra, la falta de claridad sobre los tiempos y la improvisación en el manejo del nuevo modelo, el ente de control actúa para evitar una nueva crisis institucional. El reloj corre y el país sigue sin certezas sobre quién y cómo garantizará la expedición de pasaportes a partir de septiembre.
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