Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol —hoy en “vacaciones”—, sumó su segunda inasistencia a la audiencia de formulación de imputación por la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro. Lo llamativo no fue solo la ausencia, sino la explicación.
En un comunicado firmado por su abogado, Juan David León Quiroga dijo que Roa no acudió ayer al Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá por “compromisos académicos”.
Como salida dilatoria propuso reprogramar la audiencia o aplazarla. No obstante, el despacho, a través de la Fiscalía, advirtió que solo podía esperar hasta las 9:30 a. m. de este miércoles debido a otros compromisos judiciales.
Ante ese escenario, el despacho optó por devolver el expediente al centro de servicios para que la Fiscalía solicite una nueva fecha, dejando en suspenso una diligencia clave que todavía no tiene nuevo día de realización.
En relación con la disposición a colaborar con el proceso, la defensa dio excusas. Roa “estuvo dispuesto a atender oportunamente la audiencia que, como es de conocimiento público, debe estar acompañado por su abogado. Esta defensa siempre ha estado presta para atender todos los llamamientos que realicen las autoridades sin dilación alguna”.
El episodio no es menor: ocurre justo cuando Roa arrancó su periodo de vacaciones desde el 7 de abril, tras recibir luz verde de la junta directiva de Ecopetrol para tomar siete semanas de descanso en medio de su compleja situación judicial, más un mes adicional de licencia no remunerada, es decir hasta junio. Mientras tanto, el ingeniero Juan Carlos Hurtado quedó al frente de la petrolera como presidente encargado.
Abogados consultados por EL COLOMBIANO sobre la segunda inasistencia de Ricardo Roa en el proceso por presunta violación de topes de campaña tienen opiniones divididas sobre los riesgos legales que enfrenta el presidente de Ecopetrol al no presentarse a la audiencia de imputación de cargos.
Los expertos coinciden en que el escenario se mueve entre dos posibilidades: declarar la contumacia de Roa (declararlo persona ausente en el proceso) si se repite una tercera ausencia, o que la Fiscalía acelere la expedición de una orden de captura en su contra.
Sebastián Rondón, abogado penalista, afirmó: “Considero que la orden de captura sería desproporcionada. Lo que sí se abre como posibilidad es que la Fiscalía, en la próxima diligencia, pueda solicitar la contumacia, es decir, declarar la rebeldía de quien no asista al proceso”.
Sin embargo, Rondón añadió que no cree que dicha petición prospere. “Roa presentó una solicitud de aplazamiento —de hecho, pidió solo una hora— y el despacho simplemente devolvió el expediente a los jueces de garantías. Entonces, sí podría solicitarse una declaración de contumacia y, si la Fiscalía ya tiene una medida de aseguramiento, incluso podría justificarla con el argumento del riesgo de fuga, dadas las actitudes de Roa frente al proceso”, explicó el jurista.
Mientras los procesos judiciales avanzan a toda máquina, Roa decidió que lo mejor era tomarse vacaciones en plena tormenta judicial, lejos de la presión mediática y las citas judiciales.
Y mientras él disfruta del descanso, los expedientes siguen corriendo, acumulando evidencia y complicaciones que no se van a evaporar pronto.
El plan de Roa es regresar a finales de junio, justo cuando los procesos más complicados —por presunta violación de topes de campaña en 2022 y por tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá— se resolverán después de elecciones.
El origen de este proceso penal se remonta a noviembre pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) compulsó copias para que la Fiscalía investigara al entonces gerente de la campaña presidencial de Petro.
Los números que rodean el expediente electoral en su contra son contundentes: más de $3.500 millones que no cuadran. Pagos a testigos, donaciones prohibidas y vuelos que no aparecieron en los reportes. En la primera vuelta, se superaron los topes por $2.459 millones y se omitieron $2.611 millones. En segunda vuelta, los desbordes llegaron a $583 millones y los gastos ocultos a $1.087 millones.
Y por si fuera poco, la Fiscalía también le tiene otra investigación donde ya fue imputado por el delito de tráfico de influencias. Se trata de la compra del apartamento 901 del edificio Entre Parques. Aunque el mercado lo valoraba en $2.727 millones, Roa lo adquirió por $1.800 millones.
La diferencia, $927 millones, representa un descuento de casi el 34 %. Un buen negocio, si no fuera porque la justicia sospecha que detrás de ese “ofertón” hubo relaciones poco claras con el empresario Juan Mancera, expolicía ligado a la compra del inmueble.
En medio de todo esto, el presidente de Ecopetrol está fuera de su cargo temporalmente mientras los expedientes se acumulan en los despachos de sus abogados, pero el presidente Petro lo defiende, los jueces avanzan con la imputación y la opinión pública observa con lupa cada movimiento.
Tras la segunda inasistencia de Ricardo Roa a la audiencia de formulación de imputación, su abogado Juan David León, salió a defender la estrategia con un discurso que combina formalidad y justificación académica.
En diálogo con La FM, León explicó que ya había informado a la Fiscalía el lunes 5 de abril que “compromisos académicos” previos le impedían asistir a la hora señalada. Propuso, además, reprogramar la diligencia o retrasarla hasta una hora.
León no escatimó palabras para dejar clara la postura de la defensa: “No existe el más mínimo interés ni en dilatar, ni en entorpecer, ni en obstruir la administración de justicia. Por el contrario, hemos sido nosotros los más interesados en esclarecer los hechos, poder demostrar con documentos, con evidencias, con elementos materiales probatorios, la inexistencia de cualquier conducta irregular que se pretenda atribuir o que esté investigando la Fiscalía”.
Y remató: “Es la defensa quien tiene el mayor interés de que esto se adelante para que se puedan esclarecer todos estos hechos y se pueda reactivar y convalidar el buen nombre del doctor Ricardo Roa y de toda la campaña”.
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