El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no podrá irse de vacaciones, al menos no por ahora. Para este miércoles 8 de abril está programada la audiencia en la que la Fiscalía le imputará cargos por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En este caso, el ente acusador investiga hechos relacionados con la violación de topes de campaña. Roa, quien fue gerente de la campaña del Pacto Histórico, debe responder por superar los límites legales de financiamiento previstos para este tipo de eventos electorales. Las pruebas, según la Fiscalía, son contundentes y servirán de base para la imputación de cargos ante un juzgado de Bogotá.
En noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para que se investigara a Roa por su responsabilidad en esos hechos. Según el organismo, el entonces gerente tenía la tarea de autorizar gastos, firmar contratos y aprobar cualquier operación contable. En su versión libre, él mismo afirmó haber mantenido un reporte continuo y directo a la plataforma Cuentas Claras, lo que, para el CNE, confirmaba su control centralizado sobre la gestión económica.
En ese momento, el CNE impuso a Roa la “responsabilidad solidaria” por la violación de topes en primera vuelta, por un valor de $2.440.091.241, y lo sancionó también por la superación de límites en segunda vuelta.
De acuerdo con el fallo, la campaña excedió los límites establecidos por la Resolución 0694 de 2022. En la primera vuelta, la vulneración al tope de ingresos y gastos alcanzó $2.459 millones, mientras que la omisión total de reportes ascendió a $2.611 millones, razón por la cual se ordenó la devolución de $2.447 millones al Estado.
En la segunda vuelta, el exceso fue de $583 millones y la omisión de gastos llegó a $1.087 millones. Es decir, más de 3.500 millones de pesos.
La imputación se llevará a cabo dos días después de que la junta directiva de Ecopetrol autorizara a Roa tomar siete semanas de vacaciones y un mes de licencia no remunerada.
Las vacaciones pactadas iniciarán este martes 7 de abril y se extenderán hasta el próximo 27 de mayo, mientras que la licencia por un mes se irá hasta el 28 de junio, luego de las elecciones presidenciales, en lo que marcaría casi tres meses de Roa fuera de la compañía. En encargo asumirá funciones Juan Carlos Hurtado, vicepresidente ejecutivo de Ecopetrol.
El 11 de marzo pasado, la Fiscalía ya había llevado a cabo otra imputación contra Roa por la presunta compra irregular de un apartamento en Bogotá.
En ese caso, Roa habría presionado a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, para que el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG quedara en manos de una empresa vinculada al empresario Juan Guillermo Mancera, cercano al directivo de Ecopetrol.
De acuerdo con la investigación, detrás de esa gestión habría existido un interés personal. La Fiscalía sostiene que Roa compró un apartamento por debajo del valor de mercado en una operación en la que Mancera actuó como intermediario y garante del pago en cuotas y sin intereses. Para los investigadores, ese beneficio previo sería la razón por la que el presidente de Ecopetrol habría intentado favorecer al empresario con un negocio relacionado con el proyecto energético que se analizaba dentro de Hocol.
El punto clave es el precio. Mientras el valor comercial del inmueble estaba calculado en $2.727 millones, Roa terminó comprándolo por $1.800 millones.
En términos simples, el apartamento se vendió muy por debajo de su precio real. La diferencia fue de aproximadamente $927 millones, lo que equivale a un descuento cercano al 34% frente al valor de mercado.
En esa audiencia, Roa se declaró inocente y la Fiscalía se abstuvo de solicitar medida de aseguramiento.
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