Se acerca la fecha límite que tiene el Ministerio de Salud para fijar el aumento de la unidad de pago por capitación (UPC) de 2026: el miércoles 31 de diciembre. Esa unidad se refiere a los recursos que reciben las entidades promotoras de salud (EPS) para pagar la gran mayoría de servicios y tecnologías en salud y medicamentos de sus afiliados.
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Ese paquete de atenciones es lo que se le conoce como el plan de beneficios en salud (PBS), en el que están incluidos más del 90 % de servicios y al que tienen derecho todos los usuarios del sistema: sea del régimen contributivo o del régimen subsidiado.
El ajuste de la UPC ha sido frente de debate y pelea entre el ministerio y EPS, gremios del sector y analistas, pues mientras los segundos sostienen que esos recursos están siendo insuficientes para cubrir la demanda de servicios actual, el primero dice que sí alcanza y que si es lo contrario es porque, según han sostenido, se roban o manejan mal la plata. En ese debate, la Corte Constitucional ha confirmado que es insuficiente e, incluso, ha ordenado que se incremente lo necesario.
Es por eso que su ajuste anual impacta la sostenibilidad del sistema y también la capacidad de respuesta frente a la demanda de los pacientes, en un contexto marcado por crecientes costos y un envejecimiento de la población.
Vale recordar que para el incremento de 2025, el Minsalud optó por aplicar un ajuste con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 5,36 %. La decisión se sustentó en que la información reportada por las EPS presentaba inconsistencias que impedían usarla para un cálculo técnico más preciso, lo que llevó a aplicar la norma que permite el ajuste con base en la inflación.
Este año el escenario parece distinto. En declaraciones a medios de comunicación, el director de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), Félix Martínez, afirmó que para 2026 no se repetirá el ajuste basado en el IPC y que el incremento será superior. Esa entidad integra la comisión de entidades que analiza el porcentaje de incremento de la UPC.
“No va a ser (el incremento) del IPC. Además hay otras variables: se dice el salario. Pero también les digo que el dólar ha bajado terriblemente en este año y medio último y todos los medicamentos vienen del exterior en dólares, todos los insumos médicos vienen en dólares y todos los equipos médicos vienen en dólares. Entonces, no hay una presión inflacionaria tampoco tan grande sobre el sistema”, dijo Martínez.
Lo anterior, sin embargo, no es un favor de esa entidad, sino una orden de la Corte Constitucional mediante el Auto 2049. Allí le ordenó al Ministerio de Salud que “acredite técnicamente la suficiencia del valor” de la UPC en los regímenes contributivo y subsidiado” y que “se abstenga de establecerlo (el aumento) únicamente conforme a la inflación causada y las recomendaciones de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, como justificación para omitir un estudio técnico de suficiencia de la prima”.
De hecho, en ese auto hizo fuertes críticas a la metodología empleada por el ministerio para ajustar esa prima, al advertir que basarla de forma recurrente en la inflación y sin estudios actuariales completos resulta “inadmisible” y contraria al principio de suficiencia financiera.
Vale recordar que esta semana esa cartera adoptó una de las medidas que dispuso la Corte y es la equiparación en un 95 % de la UPC entre los regímenes contributivo y subsidiado. Según explicó el director Martínez, esta decisión representa un aumento aproximado de $2,7 billones en el presupuesto.
En la discusión previa al ajuste de la UPC, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el gremio de la EPS Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) pidieron al Gobierno un incremento del 15,6 % y del 17,33 %, respectivamente. Coinciden en que un aumento por ese orden es necesario para estabilizar el sistema.
Aun así, el Minsalud rechazó las cifras planteadas por los gremios y sostuvo que sus análisis indican que la crisis del sistema no se explica por falta de recursos, sino por un manejo inadecuado y poco responsable de los dineros públicos por parte de las EPS, una postura que el Gobierno ha reiterado desde el inicio de su gestión y que sigue alimentando en todos los espacios a los que tiene acceso. No obstante, como lo advirtió este diario en esta nota, los argumentos expuestos giraron en torno a negar la crisis que vive el sistema y a atacar al sector privado.
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