El exalcalde de Medellín y ahora precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero, tiene un récord difícil de igualar: menos de dos años después de terminar su mandato, la Fiscalía los ha señalado a él y a 36 de los funcionarios y contratistas de su administración de delitos relacionados con corrupción.
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Hay de todo: secretarios y secretarias de despacho, subsecretarios, directores de programas, supervisores y contratistas. Hay casos complejos, como el del lote de Aguas Vivas, con el que presuntamente Quintero y los suyos quisieron hacer millonarios a unos privados; otros más escandalosos, como el del programa de atención a la primera infancia Buen Comienzo, en el que también presuntamente quisieron favorecer a unos contratistas amigos; otros de una ingenuidad difícil de creer, pues firmaron contratos interadministrativos ya en vigencia de la ley de garantías.
Aunque son 37 los imputados, las imputaciones han sido 43, pues algunos repiten.
Salvo por el caso de Aguas Vivas, donde es el principal imputado, Quintero no se ha molestado en ofrecer alguna explicación de esta oleada de investigaciones a las que tanto fiscales como jueces les han encontrado asidero, sino que se ha limitado a deslegitimar a la justicia, a asegurar, sin pruebas y más bien fraguando un relato de redes sociales como han hecho candidatos en otras partes del mundo como Donald Trump, acerca de que la justicia está politizada y que es un perseguido político.
Por esa vía, Quintero se ha atrevido a prometer que, de llegar a ser elegido Presidente en el 2026, va a “resetear” la justicia, como ha prometido hacerlo también con el Congreso y con cualquier institución democrática que se le pueda atravesar en sus aspiraciones.
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En marzo de 2024, cuando fue escogida la fiscal Luz Adriana Camargo, Quintero escribió en su cuenta de X: “Colombia tiene nueva Fiscal: Luz Adriana Camargo. La primera en mucho tiempo que buscará justicia, y no el objetivo político de eliminar a unos y proteger a otros”. Ahora que cada semana le sale una nueva imputación a su equipo, al parecer cambió de opinión.
Con el lanzamiento de su precandidatura por el Pacto Histórico, sectores de izquierda le han pedido al exalcalde explicaciones sobre los señalamientos de la justicia. Sin embargo, su primera respuesta fue nombrar como jefe de campaña a Esteban Restrepo, su exsecretario de Gobierno, quien se habría hecho rico milagrosamente, en tiempo récord, y quien, aunque no ha sido imputado todavía, está indiciado en una investigación porque al parecer, en la época en la que trabajó en la Alcaldía de Medellín, los carros oficiales eran usados para hacer vueltas, no solo suyas, sino de la familia y de su pareja.
Así que, para quien todavía no lo sepa, estas son las razones por las que Daniel Quintero y 36 de los suyos tienen que responderle a la justicia:
1. La comida de los niños
Fue el primer caso que avanzó en la justicia. El escándalo de Buen Comienzo es un entramado de presunta corrupción en el que la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y la exdirectora del programa, Lina Gil, habrían direccionado de manera ilegal una contratación de cerca de $22.000 millones para la atención de los niños, niñas y madres gestantes más vulnerables de la ciudad a una sociedad llamada Corporación Colombia Avanza. La pérdida para la ciudad por las irregularidades presuntamente cometidas en estos contratos ascenderían a $2.333 millones.
A los implicados se les acusa de incurrir en los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. Por este mismo caso la Procuraduría inhabilitó por ocho años a la exsecretaria Agudelo para contratar con entidades públicas.
2. Aguas Vivas
El caso Aguas Vivas, hasta ahora el único que involucra directamente al exalcalde Daniel Quintero, cobija a por lo menos unas 13 personas, entre exfuncionarios y privados. Aguas Vivas es una propiedad ubicada entre El Poblado y Las Palmas, de un área de 147.000 metros cuadrados. El escándalo estalló en diciembre de 2021, mes en el que EL COLOMBIANO empezó a denunciar el presunto entramado ilegal que se estaba fraguando con dicho megalote, que para entonces estaba a nombre del Municipio de Medellín.
La Fiscalía dice tener evidencia de que se habría creado una presunta operación fraudulenta para intentar que de las arcas públicas de Medellín se les pagaran más de $42.000 millones a unos privados relacionados con ese predio, a través de una serie de maniobras administrativas en las que una cesión gratuita intentó convertirse en un contrato de compraventa. En esta investigación, la Fiscalía dijo que los implicados, según cada caso, habrían incurrido en delitos como peculado, interés indebido en contratos y prevaricato.
Quintero fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
3. Parque de las Aguas
Este proceso tiene que ver con por lo menos tres contratos interadministrativos celebrados por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Metroparques, que a su vez derivaron en varios contratos con particulares por más de $8.000 millones que habrían terminado entregándose de manera direccionada a por lo menos tres compañías: Comercializadora JPino SAS, 1 Soluciones SAS y Estructuras Zafiro SAS.
El efecto habrían sido sobrecostos cercanos a $1.500 millones por insumos como cloro, elementos de bioseguridad y reflectores, entre otros.
A mediados del año pasado, las autoridades iniciaron el proceso de extinción de dominio y ocuparon 23 bienes que serían de propiedad de los funcionarios y contratistas involucrados en este escándalo de corrupción y malversación de recursos públicos. Su valor sobrepasaría los $3.000 millones.
4. El Inder
Este caso parte de una serie de contratos interadministrativos que el Inder suscribió con Metroparques y que luego esta entidad tercerizó con la empresa Cyan Eventos y Logística, por más de $21.800 millones. Según la Fiscalía, en dicho proceso se habrían perdido más de $1.600 millones de las arcas de Medellín, equivalentes al 8% de lo contratado.
A Cyan le entregaron el jugoso contrato el 14 de octubre del 2020, y el plazo de ejecución del convenio entre Inder y Metroparques era hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Es decir, que tenía solo dos meses y medio para ejecutarlo. Según la Fiscalía, tanto el Inder como Metroparques y Cyan sabían que eso no sería posible, pero a pesar de ello firmaron de esa forma para poder quedarse con los recursos de la vigencia de ese año.
La prueba de lo anterior es que al contrato se le aplicaron siete otrosíes y pasó de dos meses y medio a 26 meses, una extensión del 900%. Otro elemento que llamó la atención de los investigadores es que en la constancia de adjudicación, Metroparques le dio a Cyan 100 puntos de 100 posibles. Durante ese año, 2020, entre Cyan y Metroparques se firmaron 14 contratos, todos por medio de invitaciones privadas. Ninguna licitación pública.
5. Zonas verdes
Este escándalo comenzó cuando en 2020 la Alcaldía le quitó al Jardín Botánico el mantenimiento de las zonas verdes y se lo entregó a Metroparques, que a su vez lo subcontrató con la empresa reforestadora El Líbano. En este caso, el ente sostiene que se habría urdido un plan para direccionar la contratación a un grupo de empresas de una misma familia, pues todas las firmas que fueron invitadas a participar del contrato estaban relacionadas entre sí. Por contratos relacionados con el mantenimiento de los jardines de la ciudad, la Procuraduría ya inhabilitó por nueve años a la exsecretaria de Infraestructura, Natalia Urrego Arias, y al exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina.
6. Metroplús
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