El fallido y polémico proyecto con el que supuestamente Canacol Energy Ltda. traería gas desde la Costa Atlántica hasta Medellín, no solo dejó viendo un chispero a los colombianos, porque al quedar en el aire afectó negativamente las perspectivas de contar con combustible de este tipo para los próximos años, sino que sus propios accionistas ahora tienen demandada a su casa matriz en Canadá.
Ello, en concepto de un experto, podría aguarle la posibilidad de un negocio justo cuando acaba de filtrarse un supuesto acercamiento para efectuar una venta de sus activos a Ecopetrol.
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La firma del contrato para suministrar gas a la capital antioqueña se celebró entre la filial de Canacol en el país, CNE Oil & Gas, y se suponía que por ello devengarían jugosas ganancias. Este fue anunciado el 30 de agosto de 2021 y según el documento, el gas de la compañía empezaría a ser proveído desde el 1 de diciembre de 2024; inicialmente serían 21 millones de pies cúbicos estándar por día y si la promesa se hubiera hecho realidad, para diciembre de este 2025 deberían haber ascendido a 54 millones de pies cúbicos y mantenerse en ese nivel hasta el final del contrato, el 30 de noviembre de 2035.
Ese era el plan y basado en él se habría generado una reacción en cadena porque varios estudios de entidades financieras canadienses como el Scotiabank o el de Eight Capital auguraban un incremento en el precio de las acciones a futuro al posicionarla como una de las más importantes productoras de gas, con el 30% del mercado potencial.
Al parecer eso animó a muchos compradores a hacerse a los títulos de la compañía. Por lo menos ese es el argumento que han esgrimido quienes han demandado.
Otro hito que habría incrementado la bola de nieve de los interesados en las especies de Canacol habría sido el que se dio el 24 de octubre de 2022, cuando se anunció un contrato con una firma china llamada Setco para extender el tubo de 289 kilómetros de largo y 22 pulgadas de diámetro, desde la estación Jobo, en el municipio de San Marcos, departamento de Sucre.
EL COLOMBIANO denunció hace exactamente un año, el 25 de agosto de 2024, cómo la Shangai Engeniering Technology Corp. (Setco) no era en realidad china sino una empresa completamente desconocida creada en Panamá apenas 12 días antes de que le dieran a Canacol el jugoso contrato de 400 millones de dólares, es decir 1,6 billones de pesos.
La compañía había nacido originalmente en agosto de 2020 para procesar alimentos –se llamaba International Superior Foods– y se mantuvo inactiva hasta que le cambiaron de nombre y de objeto; es decir que, como es obvio, carecía de experiencia o en otras palabras, era una empresa de papel.
Pero tal vez lo más escandaloso es lo que han dicho testigos a organismos de investigación, acerca de que para firmar el contrato, el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero (y como tal presidente de la Junta de EPM) habría recibido dos jugosas “mordidas” tasadas en varios millones de dólares, y que de uno de esos pagos también habrían participado otras cuatro personas.
Los testimonios indican igualmente que alrededor del tema se pudo haber movido también Emilio Tapia, quien jugó un papel importante en el Carrusel de la Contratación durante el gobierno de Samuel Moreno, donde Bogotá habría perdido cerca de dos billones de pesos. Más recientemente a Tapia lo condenaron a seis años y ocho meses de cárcel, una pena que ya cumplió, dentro del escándalo por el contrato de $70.000 millones de Centros Poblados.
Adicionalmente, la Procuraduría ordenó hace un año, en agosto de 2024, la apertura de una indagación previa contra “funcionarios por determinar de la Alcaldía y de EPM” que estuvieron relacionados con este caso.
“Escondieron lo negativo”
Es bien conocido que toda firma enlistada en el mercado accionario –Canacol figura en la Bolsa de Toronto, la capital canadiense, y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)– tiene la obligación de obrar con transparencia, y ello implica que publique los hechos que puedan afectar positiva o negativamente su negocio.
Solo que, también según quienes la demandaron en el Tribunal Superior del Rey de Alberta, a partir del episodio mencionado, Canacol solo reportó hechos relevantes positivos acerca de su proyecto en Medellín, callando en cambio asuntos que resultaban cruciales como su relación con EPM –que para entonces estaba siendo cuestionada por presuntos manejos políticos que afectaban la independencia de su gobierno corporativo y posible falta de transparencia frente a parte de la contratación– y con Setco.
También habría omitido publicar, según ellos, la investigación que le abrió la Superintendencia de Industria y Comercio por presuntas conductas relacionadas con este mismo contrato y que podrían haber atentado contra la libre competencia. De hecho, sus instalaciones en Bogotá fueron inspeccionadas por personal de la SIC en busca de información al respecto, según lo informó en su momento EPM.
Por eso, a los inversionistas de Estados Unidos y Canadá les cayó como agua de páramo la publicación del 19 de octubre de 2023, en la que Canacol anunció que cancelaba el contrato con la multilatina paisa de servicios públicos, aduciendo la demora en el trámite de la licencia ambiental y el cambio de sus prioridades, pues se enfocaría en penetrar en Bolivia. Para entonces ya había invertido seis millones de dólares.
“Aunque este retraso no era suficiente por sí mismo para poner en peligro la ejecución oportuna del proyecto o del contrato de venta de gas, ha sido parte de un patrón de obstáculos legales, sociales y de seguridad cada vez mayores que han surgido en los últimos meses y que han llevado a la Corporación a reevaluar el futuro probable y la prioridad asignada a este proyecto”, decía el comunicado.
El efecto no se hizo esperar, dicen los demandantes, pues el precio de la acción se desplomó un 34% al pasar de US$10,23 a US$6,75 y causando una devaluación de la empresa en el mercado equivalente a 118 millones de dólares. Por ello, piden que se resarzan los derechos de quienes compraron acciones de Canacol entre el 27 de marzo y el 19 de octubre de 2023, que sería el periodo en el que la firma publicitó las “noticias positivas”.
La class action (demanda colectiva) fue interpuesta por la firma Berger Montague, que es un prestigioso bufete con presencia en Estados Unidos y Canadá, especializado en disputas financieras relacionadas con violaciones a la Ley de Valores y la legislación sobre libre competencia.
El 18 de febrero pasado fue la primera cita en la que se solicitó el permiso para iniciar los reclamos bajo la Ley de Valores de Canadá y el 26 de marzo de este mismo 2025 el Tribunal ordenó que los demandados dieran su versión antes del 31 de julio.
La última actuación en el caso es del 6 de agosto pasado, cuando la autoridad citó a las partes a fijar un cronograma para la audiencia de la solicitud de permiso para proceder y certificación del demandante. Esto en términos sencillos quiere decir que halló elementos suficientes para admitir la demanda y empezar una investigación formal.
EL COLOMBIANO se comunicó con Canacol para tratar de conocer su versión sobre esta demanda y verificar la veracidad del negocio con Ecopetrol. En principio, su personal de relaciones públicas solicitó el jueves pasado en la mañana que se le mandara un cuestionario y este se le envió poco después de las 10:00 a.m. de ese mismo día; sin embargo, no volvieron a contestar al teléfono y hasta la publicación de este artículo tampoco habían respondido las preguntas.
Por otra parte, el jueves pasado Valora Analitik publicó la versión de que Canacol y Ecopetrol estarían avanzando en conversaciones hacia una posible venta de los activos de gas.
De hecho, según esa versión, habría incluso un documento que da cuenta de los acercamientos y que se suscribió un acuerdo de confidencialidad al respecto, firmado por el CEO de la primera, Charle Gamba, y el vicepresidente corporativo de Estrategia y Nuevos Negocios de la segunda, Julián Fernando Lemos.
Este diario trató de confirmar la noticia con instancias de Ecopetrol, pero desde la compañía se generó solo un mensaje bizarro al respecto: “El gas es estratégico para Ecopetrol. La Empresa evalúa de manera permanente opciones de crecimiento e incorporación de reservas de manera inorgánica”.
De tiempo atrás la posibilidad de adquirir la infraestructura gasífera había sido contemplada por la petrolera colombiana de mayoría estatal, lo cual le da asidero a esta especie, sobre todo en un contexto en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha visto sometido al fantasma de una posible escasez de ese combustible para un futuro próximo.
Ambos momentos tienen una coincidencia que llama la atención de fuentes del sector que pidieron reserva de su nombre, ya que cuando se firmó el negocio del gasoducto proyectado desde El Jobo hasta Medellín pasando por el centro del país, la secretaria general de EPM era María Cristina Toro Restrepo, una abogada de la cuerda del entonces alcalde Quintero cuyo nombramiento fue rechazado por el sindicato Sinpro debido a que veían un síntoma de la penetración politiquera en la “joya de la corona” de los medellinenses.
“Hace algunos años trabajó en EPM, fue despedida e indemnizada por no contar con la experiencia o las competencias necesarias, por lo que no creemos que tenga presentación alguna, ni que sea ético, que siendo despedida por un gerente sea premiada con un cargo más alto por otro gerente”, anotó el sindicato de profesionales de EPM en un comunicado.
Posterior a la firma del contrato, se habrían presentado varios incumplimientos de Canacol y aún así el camino de las directivas –que necesariamente debieron contar con su equipo jurídico, en cabeza de Toro– fue no imponer sanciones que podían ser hasta de US$10 millones, y en cambio le permitieron rescindir el contrato sin pagar un peso.
Ahora que se da esta nueva posibilidad de negocio, Toro es Vicepresidenta Corporativa Jurídica y Secretaria General de Ecopetrol (entró a ese cargo en mayo de 2024) y tendría en sus manos el análisis de riesgos legales y el proceso de “debida diligencia” para la empresa de producción energética, que es también uno de los mayores patrimonios económicos de los colombianos.
No obstante, por el monto, el tema ni siquiera sería decidido por el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sino que requiere que la Junta Directiva lo apruebe.
En concepto del exministro de Minas y experto en temas energéticos, Amylkar Acosta, el enredo jurídico en Canadá podría dar al traste con una negociación, pues Canacol y Ecopetrol no solo deberían reportar el movimiento ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para aguardar su visto bueno, sino que, por estar ambas enlistadas en la Bolsa de Valores esto debe pasar también por el filtro de la misma BVC y de la Superintendencia Financiera.
“Los demandantes no se van a quedar manicruzados e inmediatamente trasciendan estas negociaciones podrían interponer recursos, de manera que no veo fácil que pueda avanzar una negociación en ese sentido mientras no se resuelva la controversia”, apuntó Acosta.
En ese caso no serían solo los inversionistas de Canadá y Estados Unidos sino que eventualmente los colombianos que hayan puesto su dinero allí podrían promover alguna acción legal.
Y si acaso Ecopetrol siguiera adelante aún con el inconveniente jurídico, en el hipotético caso de que se convierta en dueña de Canacol, le tocaría asumir los costos de una indemnización si el fallo es condenatorio.
Este medio trató de confrontar con María Cristina Toro lo dicho en este artículo, pero no contestó el mensaje que se le envió por WhatsApp, y al intentar localizarla a través del equipo de comunicaciones de Ecopetrol, dijeron que ella no se pronunciaría.
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