El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, declaró la emergencia hospitalaria en todo el distrito debido a la sobreocupación que registran los centros asistenciales en esta jurisdicción y la multimillonaria deuda que tienen las EPS con el sistema de salud, la cual asciende a 2,157 billones de pesos.
La alerta se elevó después de una reunión del alcalde con directores de clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad, además de ligas de usuarios, encontrando cifras alarmantes que muestran la crisis humanitaria que vive el sistema de salud.
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De acuerdo con el mandatario local, la red de la capital antioqueña opera a niveles críticos, pues las áreas de Urgencias están por encima del 100 %, llegando incluso a niveles del 191 por ciento en el Hospital La María, 163 por ciento en Incodol y más del 150 por ciento en instituciones como el San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe.
En las áreas de Observación la situación no es mejor: en el Hospital General hay más de 100 pacientes en atención ambulatoria en los corredores, 83 en el Pablo Tobón, 55 en La María y 41 en San Vicente Fundación. “Esto no es una alerta más. Esto ya tocó fondo”, advirtió Gutiérrez.
La gravedad de la situación quedó ilustrada con el caso de Cardiovid, que suspendió servicios a usuarios de Nueva EPS por falta de contrato y ausencia de pagos desde el 2 de febrero. Según informó el director de la institución al alcalde, actualmente hay 30 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente y a quienes Nueva EPS no les está entregando los medicamentos. Ante la pregunta de qué pasaría si los medicamentos no llegaban, la respuesta fue categórica: morirían.
En la misma situación se encuentra el Hospital Alma Mater, que canceló más de 2.000 atenciones, incluyendo cirugías y atenciones domiciliarias para usuarios de esa EPS.
Sin embargo, la crisis tiene sus raíces en la elevada deuda que tienen las EPS con el sistema de salud. En Colombia, la deuda acumulada es de más de 33 billones, de los cuales 8 billones corresponden solo a Antioquia y 2,157 billones de esos a Medellín. Solo el Hospital General acumula una deuda impaga de más de 270.000 millones de pesos, distribuidos así:
ADRES: 22.900 millones de pesos
Savia Salud: 190.000 millones de pesos
Nueva EPS: 48.000 millones de pesos
Del total de la deuda en Medellín, Gutiérrez afirmó que el 86 % corresponde a las EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro:
Nueva EPS: 914.000 millones de pesos
Savia Salud: 713.000 millones de pesos
COOSALUD: 217.000 millones de pesos
Para enfrentar el colapso, la administración distrital ha invertido 480.000 millones de pesos desde 2024 para sostener la red pública compuesta por el Hospital General, Metrosalud y el Hospital Infantil Concejo de Medellín. Sin embargo, Gutiérrez fue enfático en que la ciudad no puede seguir asumiendo indefinidamente una responsabilidad que corresponde al Gobierno nacional.
”Lo que está pasando con el sistema de salud en Medellín y en Colombia no tiene nombre ni perdón de Dios. Antes decíamos que estábamos en cuidados intensivos en el sistema de salud, y ya ni siquiera eso; estamos frente a un colapso real, una crisis humanitaria y un Gobierno nacional que politiza el sistema mientras que la gente muere esperando atención”, dijo.
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Además de la emergencia hospitalaria, el alcalde anunció nuevas medidas jurídicas, enviando una solicitud al Tribunal Administrativo de Antioquia para que aplique la máxima sanción posible, en términos legales, al Ministro de Salud y de Hacienda, al Superintendente de Salud, a la Adres y a los agentes interventores involucrados por incumplir el fallo de dicho tribunal que desde el 11 de julio de 2025 le ordenaba ponerse al día con las obligaciones financieras del sistema de salud de la ciudad.
Tras el vencimiento del plazo establecido el 26 de agosto de 2025 sin que las entidades cumplieran la orden, el pasado 2 de febrero de 2026 el tribunal resolvió dar trámite a un incidente de desacato y requirió el cumplimiento de los ministros y funcionarios al pago inmediato y a garantizar el flujo de recursos a hospitales, clínicas y EPS intervenidas.
Gutiérrez también solicitó la intervención urgente de la Procuraduría y Contraloría General del Nación, además de la Defensoría del Pueblo para velar por el cumplimiento de la orden judicial. Sumado a eso, trasladó a la Fiscalía General de la Nación una comunicación sobre el incumplimiento de órdenes judiciales con posible incidencia penal, para que inicie investigaciones por el presunto delito de fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión. “Esto debe sancionarse. Nadie está por encima de la ley”, afirmó.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado directo a los candidatos presidenciales para que presenten propuestas concretas sobre cómo van a resolver la crisis del sistema de salud, advirtiendo que ni las ciudades, ni la red pública, ni privada, ni los pacientes aguantan más. “Es una de las prioridades que tiene Colombia y con eso tienen que entrar a tomar decisiones”, concluyó.
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