Para Gutiérrez no es una sorpresa que el presidente haya anunciado el decreto de la consulta popular sino que es algo que “ratifica su talante (el de Petro) antidemocrático”.
“Colombia cayó en las peores manos”, remató Gutiérrez, que además acusó al presidente Petro de querer quedarse en el poder. Asimismo, invitó a apoyar a las instituciones judiciales que “deberán tumbarle semejante entuerto jurídico”.
Además, en la noche del martes, el presidente Petro anunció que la firma del decreto la haría en Medellín o en Cali.
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo y es en esta semana, no tenemos mucho tiempo para citar, ya hemos hecho Bogotá y Barranquilla, que dijeron que porque dieron refrigerio se llenó la plaza hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿dónde lo hacemos ahora? Cali o Medellín”, dijo el jefe de Estado este martes.
El presidente sostuvo que “la mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular. El pueblo trabajador no va contra sus intereses ni bobos que fueran. ¿Cómo se van a oponer a que las mamás tengan bono pensional? Son buenos hijos”.
En respuesta, el alcalde Gutiérrez publicó otro trino en el que asegura que “Medellín no respalda el golpe de Estado ni tolera la ruptura institucional”.
Hay que recordar que la propuesta de consulta popular que hundieron las mayorías del senado tenía 12 preguntas con las que el gobierno pretendía hacer una reforma laboral que, aunque mejoraba condiciones de algunos trabajadores formales, excluía a los informales que son más de la mitad de la fuerza trabajadora del país y amenazaba con destruir millones de empleos ante el encarecimiento exagerado de los costos de trabajo para los empresarios.
Recientemente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había anunciado que a esta propuesta inicial se le agregarían cuatro preguntas relacionadas con la reforma a la Salud, que el legislativo también le ha hundido en varias ocasiones al gobierno por considerarla inconveniente y peligrosa para la vida de los colombianos.
El cuestionado decreto de la consulta popular
El presidente Gustavo Petro confirmó este martes que a pesar del concepto negativo del Senado decretará ese mecanismo popular.
“La Corte Constitucional, no otra instancia judicial sino la Corte Constitucional, tendrá en sus manos el decreto de convocatoria que haremos esta semana. Sé que me van a caer todos y que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político colombiano, no hay ningún otro dueño”, señaló el mandatario.
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Para expertos juristas, políticos y ciudadanos, con esta decisión el presidente se está saltando tanto al Congreso (legislativo) que ya rechazó el mecanismo, como a la rama judicial, puesto que en caso de que la decisión del congreso tuviera algún vicio, es el Consejo de Estado quien debe decidir al respecto y no él, marcando así una grave ruptura institucional en el país.
Desde el Congreso, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, aseguró que si el presidente firma este decreto para convocar la consulta popular sobre las reformas laboral y pensional será demandado inmediatamente, al tiempo que informó que enviarán una certificación a la Registraduría que confirma que la plenaria del Senado negó la realización de esa consulta popular, por lo que afirmó que no existen posibilidades legales para que se cite dicha consulta ni para que el registrador Hernán Penagos acepte convocarla.
Consultado por este diario, el exmagistrado Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional y profesor de la Universidad Javeriana, señaló que “el Presidente de la República no puede, por sí y ante sí, declarar que esa decisión es inexistente. Si considera que hay algún vicio o alguna irregularidad, tendría que plantearla ante la instancia judicial competente y solo si el juez deja sin efecto el pronunciamiento cabría buscar una salida distinta”.
El exprocurador y uno de los líderes del movimiento de la Séptima Papeleta en 1991, Fernando Carrillo calificó la decisión de Petro como “un golpazo a la constitución del 91”: “Las amenazas prevaricadoras con un decreto inconstitucional son la careta de acciones propias de un autoritarismo populista. No son una simple leguleyada, ni un golpe blando, son un golpazo a la Constitución de 1991”, escribió Carrillo en Twitter.
