La discusión sobre la reforma pensional sigue sumando capítulos clave. Esta vez, el Banco de la República intervino formalmente en el debate jurídico que tiene paralizada la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024.
En un documento enviado a la Corte Constitucional, el Emisor solicitó que, en caso de que la Corte declare constitucional la reforma pensional, se ordene un aplazamiento de tres meses para la implementación del nuevo régimen.
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Es decir, el Banco de la República quiere despejar dudas clave sobre la reforma pensional. A través de una comunicación oficial, el gerente del Emisor, Leonardo Villar, le pidió a la Corte Constitucional que precise algunos puntos fundamentales si decide darle luz verde definitiva a la ley.
Entre las inquietudes está la fecha exacta en la que entraría en vigencia la norma y si es posible aplazar el arranque del nuevo Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.
La petición, presentada este viernes 11 de julio ante la Secretaría General de la Corte, busca garantizar que todos los actores institucionales, incluidos el Banco de la República, Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y otras entidades clave del sistema, cuenten con el tiempo necesario para adaptar sus sistemas tecnológicos, operativos y normativos a los cambios que trae la nueva legislación.
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El argumento del Banco: evitar traumatismos en el mercado financiero
El Banco de la República fue enfático en señalar que la entrada inmediata en vigor del Sistema de Protección Social Integral podría generar “afectaciones a la estabilidad del mercado de valores, el sistema financiero y el funcionamiento adecuado de los procesos operativos” vinculados al recaudo de cotizaciones y pagos de pensiones.
En ese sentido, el Emisor sugirió que, si la Corte avala la constitucionalidad de la ley, se ordene en la misma sentencia la suspensión temporal de la vigencia del régimen durante un período de transición no menor a tres meses.
Según el Banco Central, este plazo sería el mínimo necesario para ajustar reglamentos, realizar pruebas operativas y capacitar a los actores del sistema pensional.
Asofondos también solicitó claridades a la Corte
Asofondos le pidió a la Corte Constitucional claridad sobre cuándo empezaría a aplicarse la reforma pensional si finalmente es avalada. El gremio de los fondos privados explicó que es clave fijar una fecha precisa para retomar el proceso, de manera que todos los actores del sistema puedan prepararse sin contratiempos.
Según Asofondos, esa pausa permitiría ajustar normas, procesos tecnológicos y reglamentarios que quedaron en el aire tras la suspensión. Entre las tareas pendientes están la expedición de decretos, la actualización de los afiliados en transición, el pago de indemnizaciones y la adaptación del recaudo de aportes a través de la PILA.
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El gremio estima que, para evitar traumatismos a los afiliados, se necesitan al menos dos meses desde que la Corte emita su sentencia definitiva. Además, advirtió que el cobro de aportes solo puede comenzar el primer día calendario del mes, porque así funciona el sistema de recaudo y distribución.
Por eso, propusieron que las normas suspendidas empiecen a regir nuevamente el primer día calendario, dos meses después de la decisión final de la Corte.
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