Lo que ocurrió el martes 3 de abril en el Banco de la República no fue una reunión técnica más, fue una de las sesiones más cargadas políticamente en la historia reciente del Emisor, cuando cuatro codirectores votaron por subir la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, hasta dejarla en 11,25%.
Mientras el ministro de Hacienda, Germán Ávila, salía visiblemente molesto de la sala y el presidente Gustavo Petro anunciaba que el Gobierno se retiraba de esa junta, dejando al Banco Central sin quorum para deliberar.
La decisión se tomó por mayoría de cuatro a tres. Dos directores votaron por bajar 50 puntos básicos y uno por mantener la tasa inalterada.
Pero más allá del resultado, lo que revelan las minutas publicadas, con la advertencia de que aún no han sido aprobadas por el ministro y podrían modificarse, es una institución dividida sobre cómo leer la economía colombiana en un momento de crisis fiscal.
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¿Por qué subió la tasa del Banco de la República a 11,25%?
Para entender la decisión, hay que empezar por los datos que los codirectores tenían sobre la mesa. La inflación cerró 2025 en 5,1%, pero en enero trepó a 5,4% y en febrero se instaló en 5,3%. Para el grupo mayoritario de la Junta, eso no podía ignorarse.
Los rubros que más empujaron los precios al alza fueron servicios, hoteles y restaurantes, recreación y cultura, información y comunicación, salud. La inflación en servicios llegó al 6,5% en febrero, por encima del 5,9% de diciembre.
Y en el segmento indexado al salario mínimo, que incluye arriendos, pensiones de colegios y otros contratos amarrados a ese reajuste anual, la cifra ya supera el 9%. La inflación básica, que excluye alimentos y regulados para capturar la tendencia estructural de los precios, también subió, pasó del 5,0% en diciembre al 5,4% en enero y 5,5% en febrero.
Eso es lo que más le preocupa al Banco Central, porque esa medida no fluctúa con el precio del combustible ni con la gasolina. Refleja cuánto se ha asentado la inflación en el tejido de la economía.
El único alivio llegó de los precios regulados, gasolina, energía y gas, que en febrero sí bajaron. Pero los cuatro codirectores que votaron por subir la tasa dejaron claro en las minutas que ese alivio puntual no cambia el panorama general.
“El comportamiento de la inflación total y básica observado en los dos primeros meses del año, al igual que el fuerte aumento de las expectativas de inflación de los analistas y de las implícitas en los mercados de deuda pública, confirman la necesidad de proseguir con el ciclo de ajustes”, se lee en las minutas.
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Cabe recordar, de acuerdo con sondeos, que la junta votó así: el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y el codirector César Giraldo votaron por reducir tasas. Por su lado, Laura Moisá votó por mantener inalteradas tasas; y los codirectores Leonardo Villar, gerente del Emisor, Olga Lucía Acosta, Mauricio Villamizar y Bibiana Taboada votaron por subir las tasas.
Las expectativas de inflación: el argumento que más dividió a la Junta
Si hay un punto donde la discusión se calentó en la junta, fue en el de las expectativas.
Los analistas encuestados por el Banco esperan que la inflación cierre 2026 en 6,3%, bajando apenas un décimo respecto a enero, y 2027 en 4,8%, todavía muy por encima de la meta del 3,0%. Las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública rondan el 7,0%.
Para el grupo mayoritario, que votó por subir las tasas, esas cifras son una señal de alarma, si los agentes económicos no creen que la inflación va a converger hacia la meta, las decisiones de precios y salarios se ajustan a esas expectativas, y la inflación se vuelve profecía autocumplida.
“Las proyecciones del equipo técnico muestran la persistencia de desbalances macroeconómicos identificados desde trimestres anteriores caracterizados por una brecha de producto positiva que se mantendría hasta mediados de 2027, asociada con excesos de demanda y con un mercado laboral apretado”, argumentaron esos cuatro codirectores.
Pero los dos directores que votaron por bajar la tasa cuestionaron de raíz la validez de esas cifras. Su argumento, que quedó consignado con toda claridad en las minutas, es que las encuestas a analistas recogen principalmente las opiniones del sector financiero, que tiene un interés directo en tasas altas porque le generan mayor rentabilidad al capital.
“Cuestionan la confiabilidad de las medidas de expectativas de inflación. Argumentan que aquellas obtenidas a partir de encuestas recogen principalmente las opiniones de los analistas del sector financiero, las cuales no son expectativas reales, sino que reflejan los intereses del sector financiero, que incorpora su preferencia por tasas altas que permitan obtener la rentabilidad exigida por el capital financiero. No consideran fiables las medidas de expectativas a partir de los mercados de deuda”, se lee en el reporte del Emisor.
Y sobre las expectativas del mercado de deuda, señalaron que no son una expectativa pura sino un precio financiero que incluye primas de riesgo y liquidez, sin que nadie pueda separar limpiamente qué parte es inflación esperada y qué parte es especulación.
A eso sumaron un argumento poco convencional, pero difícil de ignorar, la mayoría de los hogares colombianos opera en la economía informal, con horizontes de muy corto plazo, y hablar de expectativas de inflación en ese contexto tiene serias limitaciones empíricas.
La guerra en el Golfo Pérsico y su efecto en los precios colombianos
La sesión también estuvo atravesada por la geopolítica. El conflicto en Irán fue un elemento central del análisis, y allí las posiciones también se dividieron.
El grupo que votó por subir la tasa reconoció que la guerra genera efectos mixtos para Colombia. De un lado, el alza en los precios del petróleo mejora los términos de intercambio del país, que es exportador neto de crudo.
Pero del otro, encarece el gas y los fertilizantes, bienes que Colombia importa en cantidades considerables, lo que puede traducirse en mayor inflación de alimentos y energía.
Los directores que votaron por bajar, en cambio, pusieron el acento en que ese tipo de choque es de oferta, no de demanda, y que subirle la tasa al crédito no sirve para combatir una gasolina más cara importada desde el Golfo.
Lo que sí hace, dijeron, es encarecer el financiamiento de las empresas y los hogares, ampliar el diferencial de tasas de interés frente al exterior, fortalecer aún más el peso colombiano, que ya venía revaluado, y perjudicar a los exportadores en un momento en que la economía mundial se deteriora.
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¿Está la economía colombiana en condiciones de aguantar tasas tan altas?
La discusión sobre el crecimiento fue igualmente reveladora. El PIB creció 2,2% en el cuarto trimestre de 2025, en serie desestacionalizada, por debajo del promedio del 4,4% de los tres trimestres anteriores.
Para todo el año, el crecimiento fue de 2,6%, por debajo del 2,9% previsto por el equipo técnico del Banco.
El grupo mayoritario argumentó que, precisamente por eso, hay que actuar rápido, ya que el mercado laboral sigue apretado, la brecha de producto es positiva, es decir, la economía produce por encima de su potencial, y esa condición se mantendría hasta mediados de 2027 según las proyecciones del equipo técnico.
Esperar más equivale, en la lógica de estos cuatro codirectores, a dejar que la inflación se arraigue y pagar después con tasas incluso más altas y por más tiempo.
“Destacaron la premura de corregir rápidamente la postura de la política monetaria para evitar escenarios de mayores y más prolongados incrementos en la tasa de interés en el futuro, lo cual se facilita por la favorable actividad económica y fortaleza en el mercado laboral en la actualidad”, dice la minuta.
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Los directores que votaron por reducir veían el mismo cuadro de forma opuesta. Los indicadores líderes del primer trimestre de 2026, el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), las ventas al por menor, la industria manufacturera, la demanda de energía, no muestran una aceleración respecto al último trimestre de 2025.
Subir tasas en ese contexto, y con la economía mundial frenándose, les parecía inoportuno y potencialmente dañino.
“En el ámbito fiscal señalan que un incremento de la tasa de interés de política generaría presiones al alza sobre la tasa de interés de la deuda pública y desvalorizaciones de los TES en el mercado”, detalla la minuta.
El codirector que votó por mantener la tasa inalterada ofreció una lectura distinta. Señaló que el ciclo de la pandemia aún no termina de estabilizarse, que la economía colombiana está en una recomposición productiva y laboral cuyos efectos todavía no pueden medirse bien.
Y que los modelos del Banco no capturan con precisión las distorsiones generadas por el esquema de indexación al salario mínimo.
“Ante los nuevos hechos geopolíticos manifestó su preocupación y consideró que castigar la estructura económica en estos momentos podría resultar más costoso, en especial cuando el ciclo de disminución de la tasa después de la pandemia llegó de forma tardía y partimos de tasas de interés muy altas”.
También cuestionó la estrategia de comunicación del Banco, argumentando que al evaluar expectativas medias o medianas se asume que todos los agentes procesan la misma información, lo que en una economía tan heterogénea como la colombiana no tiene demasiado sustento.
El fantasma fiscal: lo que inquieta a los codirectores del Banco de la República
Más allá de la inflación y el crecimiento, las minutas revelan una preocupación de fondo que los codirectores del grupo mayoritario decidieron plasmar con nombre propio, la trayectoria fiscal del Gobierno.
El Plan Financiero 2026 muestra ajustes proyectados en el gasto primario que divergen de manera importante de las estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), y que a su juicio apuntan a trayectorias inconsistentes con el ancla fiscal.
Eso, para ese grupo, no es un dato menor, si el Gobierno gasta más de lo que el Banco considera sostenible, la presión sobre la inflación y las tasas de interés se convierte en estructural, no coyuntural.
Los directores que votaron por bajar, en cambio, señalaron que subir la tasa de interés tiene un costo fiscal directo y concreto, encarece el servicio de la deuda pública, genera desvalorizaciones en los TES y complica las finanzas del propio Gobierno que el Banco dice querer proteger.
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