La regla fiscal dice que el país solo puede endeudarse hasta el 70% del Producto Interno Bruto (PIB) y no puede gastar más del 1,08% de lo que le entra. Con la decisión de suspenderla por un periodo de tres años, el Gobierno ya podrá superar esos topes, en medio de un menor recaudo tributario, que estaría $30 billones por debajo de la meta que tiene el Gobierno Petro para este año.
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Precisamente, una de las principales preocupaciones es que se dispare el nivel de deuda del país, que el déficit fiscal de este año aumente y que las calificadoras rebajen las calificaciones de riesgo de crédito al país.
Desde ya, los analistas estiman que, con esta medida, hay riesgo de que el déficit fiscal del país se eleve a 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB) este 2025, más del doble del promedio prepandemia y el segundo más alto en la historia de Colombia.
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José Ignacio López, director de Anif, consideró que con esta decisión de aprobar la cláusula de escape “la política fiscal en Colombia ha quedado como un barco sin ancla”.
“El Gobierno busca tener un déficit fiscal más alto, que podría superar el de la pandemia, con graves consecuencias para el nivel de deuda, y tasas de interés más altas para el sector público y privado. Es cierto que heredó grandes retos en materia fiscal, pero su compromiso por la estabilidad macroeconómica pasa por apretarse el cinturón y reducir lo más que pueda el gasto en burocracia”, expresó López.
Y recalcó que el mensaje que interpretarán los mercados financieros es que el Gobierno colombiano “prefiere gastar, en lugar de estabilizar las finanzas públicas”.