La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión de las licencias de operación a cinco empresas del sector, cuyas oficinas principales están ubicadas en la ciudad de Barranquilla. La decisión, calificada como una intervención sin precedentes, se toma por presuntos incumplimientos graves a la normatividad vigente.
La medida fue adoptada como resultado de una serie de operativos de control adelantados por la entidad a las compañías Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda.
Según informó la Supervigilancia, las decisiones se fundamentan en hallazgos preliminares detectados en el marco de sus funciones legales de inspección, vigilancia y control.
¿De dónde son las empresas?
Las cinco empresas intervenidas acumulaban una importante capacidad operativa, con un total de 696 hombres en servicio, 21 vehículos automotores y 483 armas —entre pistolas, revólveres y escopetas— distribuidas en varias zonas de la Región Caribe, incluyendo los departamentos de La Guajira, Magdalena, Bolívar, Atlántico y Sucre.
Durante la intervención, la Superintendencia solicitó al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) que, en coordinación con las unidades policiales de cada jurisdicción, asumiera la custodia provisional del armamento asignado a las compañías, mientras se resuelve de manera definitiva la situación jurídica de las licencias suspendidas.
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En el marco de estas actuaciones, se evidenciaron hechos preliminares de relevancia que podrían comprometer la transparencia en la operación de las empresas, aunque aún no se ha detallado públicamente la naturaleza específica de dichas irregularidades.
¿Qué irregularidades se encontraron?
La Supervigilancia dijo que encontró hechos preliminares de relevancia, que podrían comprometer la transparencia en la operación de las empresas.
Uno de ellos fue presuntas fallas en los sistemas de custodia, trazabilidad y control del armamento, y utilización final al servicio de estructuras y actores criminales.
También, posibles vínculos de socios de una empresa con estructuras delictivas, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes.
Incluso, eventuales omisiones en los controles aplicados en la selección del personal operativo, evidenciadas en la vinculación de un número significativo de trabajadores con investigaciones penales activas por delitos de alto impacto.
Y también habló de probables omisiones administrativas, operativas y contables, incluyendo deuda acumulada desde 2013 con el Fondo de Vigilancia y la ausencia de presentación de estados financieros correspondientes al año 2019.
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