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Es verdaderamente alarmante el ritmo al que está creciendo el gasto público en Colombia: el presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional para 2026, de 556 billones de pesos, es, en términos nominales, más del doble del de 2020 y casi el triple del de 2013.
Sin embargo, tan preocupante como el desbordado crecimiento del gasto público es el hecho de que cada vez resulta más evidente que estamos agotando las fuentes para financiarlo.
Mucho se ha dicho sobre el déficit fiscal, superior al 7% del PIB, al que irresponsablemente nos ha llevado el actual Gobierno: la cifra más alta en décadas sin que exista una crisis que la justifique. Pero más diciente que el déficit frente al PIB es dimensionar el gasto público proyectado en relación con los ingresos corrientes del país: de los 556 billones de pesos que el Gobierno pretende gastar, apenas poco más de 300 billones provienen de ingresos corrientes, principalmente tributarios.
En otras palabras, con los impuestos y las fuentes estables de ingreso del Estado, apenas estamos financiando cerca del 60% de lo que se pretende gastar. ¿Cómo puede ser eso sostenible?
Una muestra de lo difícil que resulta aumentar ese recaudo es, precisamente, la reforma tributaria radicada esta semana, en la que el Gobierno pretende, una vez más, “cazar en el zoológico”, incrementando la carga sobre los mismos contribuyentes, pero con un margen de acción cada vez más reducido.
Las tarifas nominales del impuesto de renta para empresas en Colombia —del 35%— ya se cuentan, incluso antes de la reforma, entre las más altas del mundo, restándole competitividad al país. Y no conformes con eso, ahora se propone una sobretasa que elevaría esa tarifa al 50% para las empresas de los sectores financiero y extractivo: una medida que nos convertiría, sin exagerar, en el país con los impuestos empresariales más altos del planeta.
Por otra parte, también se plantea un aumento en las tarifas del impuesto al patrimonio, un tributo inconveniente que ha sido eliminado en la mayoría de los países debido a su bajo recaudo y efectos distorsivos. De un pico de 12 países de la OCDE que aplicaban algún tipo de impuesto al patrimonio en los años noventa, hoy apenas cuatro lo mantienen. Colombia, con una tarifa que podría llegar hasta el 5%, se convertiría, por un amplio margen, en el país con el impuesto al patrimonio más alto del mundo si esta reforma se aprueba.
Algo similar ocurre con las tarifas de renta para personas naturales. Luego del incremento sustancial aprobado en 2022, la nueva reforma pretende volver a aumentar la carga tributaria sobre los mismos contribuyentes: una vez más, lo fácil, cazar en el zoológico. Sin embargo, todo indica que podríamos estar acercándonos al otro extremo de la llamada “curva de Laffer”: aunque los impuestos suben, los ingresos del Estado no crecen en la misma proporción.
Lo intuitivo sería reducir drásticamente el gasto público, como ahora lo proponen la mayoría de los candidatos, pero no es tan sencillo como parece: cerca del 90% del presupuesto proyectado es inflexible, debido principalmente a transferencias obligatorias en salud, pensiones, educación y el Sistema General de Participaciones.
Lo más probable es que la reforma tributaria presentada por el Gobierno no sea aprobada en el Congreso. Sin embargo, los problemas no terminarán ahí: nos estamos quedando sin mecanismos para financiar las pretensiones que implica nuestro diseño del Estado.
