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Fue una semana agitada en el país de Francisco de Paula Santander.
El Consejo de Estado suspendió el “decretazo” de la consulta popular —que el registrador nacional había decidido no convocar hasta que se pronunciaran las altas cortes—, la Corte Constitucional devolvió la reforma pensional al Congreso, y el Senado aprobó la reforma laboral, dejando sin mayor sustento la tesis del “bloqueo institucional” del presidente Petro.
El publicitado “debate jurídico del año”, que dejó mal parado a Montealegre y catapultó a Mauricio Gaona a la condición de estrella, no solo recordó que vivimos en un país de abogados: también anticipó que, en los próximos meses, las polémicas sobre derecho constitucional serán la prioridad del Gobierno.
Y para rematar, el viernes Petro anunció que no insistirá en su “decretazo”, pero, al mismo tiempo, aseguró que “se entregará una papeleta para convocar una asamblea nacional constituyente (sic)” en las próximas elecciones. Se abre así un nuevo frente de ataque contra la Constitución de 1991 y los límites que esta impone al poder presidencial, un asunto que, con seguridad, dominará la agenda pública y situará al mandatario en su terreno predilecto: la agitación, el estado permanente de campaña y, sobre todo, cualquier cosa distinta de gobernar.
Sin embargo, más allá de cómo evolucione esta noticia —que, si repite el patrón de estos tres años de gobierno, pronto mutará a una nueva versión—, no debe olvidarse que la “papeleta”, al igual que la consulta popular y los constantes y fallidos llamados a la movilización masiva, es solo un elemento táctico, acelerado ahora que se acerca 2026 y el cambio de gobierno. La estrategia de fondo no ha cambiado —y persistirá una vez termine su período—: “hacer invivible la República”, sumir al país en un estado de crispación donde, azuzando el caos, Petro calcula que tiende a salir victorioso.
Con el “caballito” de la Constituyente —y los que vengan—, el presidente admite, en la práctica, que perpetuarse en el poder no es viable dentro de los mecanismos de la Constitución, ni en carne propia ni ajena. Su apuesta es, entonces, prolongar el desorden que él mismo ha sembrado más allá de 2026. Le favorece saber que, por decisiones de su gobierno, la crisis fiscal, el deterioro del sistema de salud y los problemas de orden público —entre otros— recaerán sobre quien sea el próximo que habite la Casa de Nariño.
Al convertir el desafío al Estado de Derecho en su último recurso, la jugada será sostener una amenaza constante. Sin embargo, ese camino luce poco prometedor. Aunque lo proclame, Petro no posee el respaldo popular que presume: su 30 % de aprobación, lejos de ser despreciable, dista de ser multitudinario, algo que confirma la escasa movilización que convoca. Tampoco dispone de las arcas rebosantes de otros caudillos tropicales: sus malabares fiscales tienen límites. Y, sobre todo, se enfrenta a instituciones que, con sus defectos, han estado a la altura: altas cortes, Congreso y mandatarios locales han actuado como contrapesos —tal como lo concibió la Carta del 91— y no como apéndices del Ejecutivo, por más que él lo desee.
En adelante, la apuesta será “hacer invivible la República”, y solo prosperará si se le concede más atención de la debida. La mejor réplica, entonces, es no sobredimensionar la amenaza:ni esta ni las que sigan.
