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En ningún país serio el sector energético está en manos de la ideología. No se trata de un capricho ni elitismo tecnocrático: es una necesidad estratégica crítica para el desarrollo de cualquier economía. Este sector ha sido una columna vertebral para Colombia, para su crecimiento, para la seguridad nacional y el equilibrio fiscal.
Contrario a lo que se ha insinuado, este ha sido un sector que se ha manejado con mucha seriedad en las últimas décadas, con profesionales de primer nivel que le han generado al país decenas de billones de pesos en regalías. Estamos ante un sector complejo, altamente regulado, con cadenas de valor globales y riesgos técnicos, ambientales y financieros que requieren conocimiento profundo, experiencia y criterio.
Colombia es, en muchos sentidos, un caso ejemplar de manejo técnico del sector energético, a pesar de sus desafíos estructurales. Desde la década de los 90, cuando se modernizó la estructura estatal, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se fortaleció Ecopetrol como empresa mixta y se consolidó el sistema regulatorio independiente. Esto derivó en una mayor inversión extranjera, en el aumento de reservas y garantizó el abastecimiento energético con una matriz cada vez más limpia y diversificada.
Para ponerlo en cifras: el sector de hidrocarburos ha generado entre el 15% y 20% de los ingresos fiscales en años recientes; es responsable de buena parte de las exportaciones (más del 30% en promedio entre 2010 y 2020) y de la inversión extranjera directa (ha llegado hasta el 45% en algunos años).
Cuando un sector como este se politiza y las decisiones se basan en ideología y no en rigurosidad técnica, el costo es devastador. Miremos ejemplos.
En México, bajo la administración de López Obrador, se debilitó la autonomía regulatoria, lo que frenó la inversión privada en energía limpia. Cuando AMLO frenó la reforma energética de 2023, que había atraído 200 mil millones de dólares en inversión, el país perdió credibilidad internacional. CFE y Pemex pasaron a ser manejadas por políticos, se suspendieron las subastas y se modificaron las reglas para favorecer lo estatal.
En Argentina, el Kirchnerismo sumió al sector en un manejo errático por décadas. Hubo un congelamiento de tarifas, subsidios insostenibles y controles de precios que desincentivaron la inversión. Hubo una huída masiva de empresas. Hoy la historia es diferente, gracias al rigor en Vaca Muerta.
Y ni hablar el caso de Venezuela, que en la década de los 70 y 80 tenía una de las industrias más eficientes del mundo, dirigida por técnicos de alto nivel y con autonomía operativa. En 2002, Hugo Chávez politizó todo el sector y despidió a más de 18 mil técnicos. Nombró a militares y políticos sin experiencia para manejar PDVSA. De 3 millones de barrilles diarios pasaron a 700 mil.
En Colombia tenemos que hacer una defensa a ultranza de lo técnico, pues la historia nos muestra el desastre inminente al que se ve abocado un país cuando reemplaza conocimiento por la ideología.
