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Las guerras vividas en Colombia desde los primeros años de la vida republicana, normalmente versaban sobre asuntos relacionados con la Constitución política, mediante el enfrentamiento de verdaderos ejércitos cuya finalidad principal consistía en tomarse el poder o defenderlo, para atacar o proteger un determinado orden constitucional.
Guerras internas y constituciones se conectaban irremediablemente, pues algunos sectores cívico-militares consideraban que, mediante el uso de las armas, era necesario imponer un nuevo orden constitucional. A su vez, las autoridades superiores asumían la defensa de lo que consideraban su constitución y su orden institucional, acudiendo a la conformación de ejércitos. Las guerras que precedieron la Constitución de 1863 o surgieron como consecuencia del nuevo orden constitucional de 1886, son ejemplos típicos de la permanente relación ente constitución y violencia.
La relativa estabilización lograda con la reforma de 1910 o con la implementación del frente nacional, como resultado del mal llamado plebiscito de 1957, o finalmente, con el proceso constituyente de 1991, resultado de un gran consenso nacional,’ constituyen valiosos ejemplos de procesos socio políticos y jurídicos, los cuales, en su debido momento, se consideró que eran suficientes para consolidar la estabilidad nacional y dejar en el olvido las denominadas confrontaciones en defensa o en contra de un determinado orden constitucional.
Sin embargo, las tendencias autoritarias y mesiánicas de algunos gobernantes, la cultura de violencia y la deficiente educación cívica de sectores de la sociedad, han dado origen a una nueva guerra, no entre ejércitos, sino entre instituciones. Se trata de la lucha entre un bando, normalmente empotrado en el poder como cabeza visible del poder presidencial, que con sus propósitos autoritarios pretende desconocer las instituciones y las reglas que establecen límites al ejercicio de competencias. Su contradictor se encuentra en importantes sectores de la sociedad civil y de la propia institucionalidad, especialmente los jueces de la República, empeñados en la defensa del orden y el régimen de competencias constitucionalmente establecidos.
Es la “guerra” del siglo XXI, que parece estar viviendo su etapa crítica en el momento actual. Un gobierno empeñado en actuar por fuera y al margen de las instituciones, calificadas por ese propio gobierno, como especie de grilletes que no lo dejan actuar, razón por la cual las acusa de ser causa de los males de la Nación. Un gobierno que se apropia del concepto de pueblo, para tratar de legitimar cualquier tipo de acción, pues, aunque participó en la expedición del nuevo orden constitucional, considera que el mismo, le imposibilita adoptar la decisiones y acciones que considera necesarias para redimir la comunidad.
Se trata de la “guerra” de las instituciones que dependen directamente del ejecutivo, contra aquellas que quieren defender su independencia y autonomía y el orden constitucional. El gobierno propone y toma decisiones y acciones por fuera o en contra del orden constitucional; la institucionalidad, especialmente a través de los jueces, se defiende y anula esas decisiones, pero la “guerra” continúa y la intervención de la sociedad civil podría ser definitiva.
