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Asumir un cargo público solía ser un honor y una oportunidad para servir al país. Sin embargo, ese mérito se ha desvirtuado con el tiempo, hasta convertirse hoy en una desgracia que implica una alta probabilidad de ser señalado como ladrón, enfrentarse a innumerables procesos judiciales, perder el patrimonio personal y quedar inhabilitado para seguir trabajando.
En mi caso particular, que también es el de muchos otros, en los últimos dos años me han abierto más investigaciones que en los 40 anteriores de labor en el sector público, por presuntamente haberme apropiado o malversado miles de millones de pesos.
Esta situación se origina en haber sido el “ordenador del gasto” en entidades estatales, donde injustamente se termina responsabilizando al director por los errores o malas decisiones de miles de funcionarios a su cargo en las que se basan los actos administrativos. La mayoría de esos colaboradores no fueron nombrados por nosotros, no podían ser removidos por ser funcionarios de carrera, ni tenía sentido hacerlo pues habría significado desmantelar y paralizar las instituciones.
Aunque el director es quien finalmente firma los pagos o contratos, no es él quien revisa cada factura ni los documentos que respaldan esas actuaciones. Volver a examinarlos uno por uno sería materialmente imposible en entidades que realizan cientos de miles de estos trámites al año. Además, ello iría en contra de la lógica de la división del trabajo, donde una decisión final es el resultado del juicio técnico y profesional de muchos otros. Por eso resulta ilógico y desproporcionado atribuirle la responsabilidad al director por errores cometidos por terceros, que la mayoría de las veces ni siquiera era posible conocer.
Por otro lado, si bien debe existir un estricto control del uso de los recursos públicos, esta función se ha desnaturalizado. La elección de directivos de órganos de control por recomendación política debilita el rigor, legitimidad e imparcialidad de sus actuaciones. Con frecuencia, estas personas responden más a los intereses de quienes las nombraron, a veces motivados por retaliaciones políticas, que al verdadero control institucional afectando gravemente la independencia de poderes.
A esto se suma que, frente a la presión mediática por mostrar resultados en la lucha contra la corrupción, se desatan verdaderas cacerías de brujas, con interpretaciones jurídicas forzadas o inéditas, aplicadas retroactivamente, lo que constituye un claro caso de anacronismo legal.
Como resultado, estos servidores públicos son linchados mediáticamente sin que siquiera haya comenzado su juicio. Peor aún, durante los años que dura el proceso deben con frecuencia costear su defensa con recursos propios, mientras ven cerradas las puertas laborales por estar siendo procesados por presuntamente defraudar al Estado.
¿Vale la pena asumir un cargo público? Juzguen ustedes.
