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El marzo de 1992, Colombia entró en racionamiento eléctrico que se prolongó hasta febrero de 1993. El tercero en los 20 años del modelo estatal de planeación centralizada implantado desde la interconexión nacional en los años 70.
Con las leyes 142 y 143 de 1994, se adoptó un modelo competitivo descentralizado con fuerte presencia del sector privado, el cual, en treinta años, no ha presentado ningún racionamiento, a pesar de que en dicho período han ocurrido siete episodios de hidrología crítica, con precipitaciones por debajo del 90% de la media histórica.
Antes de la reforma, las empresas eléctricas no pagaban impuestos y requerían de recursos públicos para servir su endeudamiento y, muchas de ellas, su gasto corriente. Según el Banco Mundial, a finales de los 70, la Nación gastaba anualmente US$ 150 millones supliendo la insuficiente generación de fondos del sector eléctrico. En los ochenta y principios de los noventa, la cifra se elevó a US$ 300 millones.
De una extrema dependencia de los recursos públicos y de ser el principal causante del déficit fiscal y el endeudamiento público, el sector eléctrico se convirtió en una gran fuente de ingresos para la Nación, las entidades territoriales y las corporaciones ambientales. Las empresas de electricidad responden por 6% del impuesto de renta, 8 billones en 2024, pagan más de un billón en impuestos locales y otro tanto en transferencias ambientales y parafiscales propios del sector.
Las inversiones y gastos en salud y educación que han podido realizarse en las últimas décadas habrían sido imposibles sin un sector eléctrico autosostenible financieramente y generador de ingentes recursos fiscales que en los 10 últimos años superaron 50 billones solo en renta.
Fiel a su obsesión de destruir todo lo que tenga participación privada y competencia de mercado, es decir, el “neoliberalismo”, el gobierno de Petro, con la complicidad del bloque de congresistas de la Costa, impulsa en el Congreso un proyecto de ley que arrasaría un sector eléctrico que durante 30 años ha garantizado continuidad del suministro con autosuficiencia financiera y eficiencia económica.
Se trata del proyecto de ley 220 que ya pasó los dos debates del Senado y hace tránsito a Cámara, donde seguramente avanzará sin dificultad pues allí la mayoría gubernamental es más holgada. Todo es malo en ese proyecto, pero lo más aterrador son un par de propuestas, introducidas por la ilustrísima senadora Isabel Cristina Zuleta, que a la letra dicen:
“Todas las empresas del sector energético tendrán un tope de ganancias establecido por un comité...”
“Los Planes de generación de energía serán de obligatorio cumplimiento para el sector”
Las ganancias ya tienen un “tope” fijado por el impuesto de renta. Las que restan después de pagarlo son las que permiten financiar la expansión de la generación sin recurrir a los recursos públicos. La planeación obligatoria y centralizada fue la que tuvimos durante 20 años y causó tres racionamientos.
Si el proyecto 220 se convierte en ley con las propuestas de la senadora Zuleta, ahí sí, apague y vámonos.
