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En la noche del 19 de mayo, el Ministro de Salud con funciones delegatarias, radicó en el Senado de la República la solicitud de concepto para convocar a una nueva Consulta Popular.
Lo primero que llama la atención es que, según los Decretos 506 y 528 al Ministro dentro de las funciones presidenciales delegadas, no se le asignaron las referidas a la Consulta Popular (artículo 104 de la Constitución); de entrada, esto configura un abuso de la función pública, artículo 428 del Código Penal, y prevaricato por acción, conforme al artículo 413 del mismo código. Conductas punibles por las que deben ser investigados el Delegatario y los demás Ministros firmantes por parte de la Fiscalía y la Procuraduría.
Además, el documento de la nueva Consulta omite hacer referencia a la voluntad expresada por la Plenaria del Senado el pasado 14 de mayo, rechazando la inicial por inconveniente. Tampoco menciona que el proyecto de reforma laboral continuó su trámite en la Comisión Cuarta del Senado, tras haber prosperado la apelación de su archivo. Nada, como si no hubiera tenido lugar dicha sesión, por tanto, vicia irremediablemente la debida justificación, porque omite una realidad.
De acuerdo con el marco constitucional y legal vigente, en caso de que el Senado no dé su concepto favorable a la realización de una Consulta Popular, no hay cabida a su impugnación o a presentarla nuevamente como lo acaba de hacer el Gobierno, por lo menos mientras las preguntas y las circunstancias sean las mismas; porque esto significaría un desconocimiento de facto al Congreso.
De otro lado, en esta nueva solicitud el Gobierno adicionó cuatro preguntas sobre salud, que resultan ser tanto o más ambiguas que las doce originales, por lo cual resultan improcedentes, según lo advirtió la Corte Constitucional en Sentencia C-551 de 2013 que constituye precedente constitucional obligatorio, las preguntas “manipulativas o directivas de la voluntad del ciudadano, inductivas de la respuesta final, tendenciosas o equívocas” menguan “de manera significativa las condiciones de libertad del sufragante y obviamente desconoce la exigencia de lealtad”.
Con esto, Petro y su Ministro Alfonso Jaramillo -quien recientemente reconoció que están asfixiando económicamente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para presionar la aprobación de la reforma en el Congreso- pretenden disimular su responsabilidad por la grave crisis del sistema, que hoy está estatizado de hecho por la intervención de nueve EPS, que con las estatales suman más de 31 millones de afiliados.
El deterioro en la prestación del servicio ha elevado exponencialmente la tasa de quejas de los usuarios, que ha pasado de 5,2 en 2017 a 30,69 en 2025; solo en el año 2024, se registraron cerca de 1,6 millones, en promedio más de 130.000 por mes, lo que equivale a un aumento del 130% respecto a las cifras que se presentaron en 2019. Igualmente, el número de acciones de tutela ha crecido al mismo ritmo, pasando de 30.181 en 2021 a 84.445 en 2024.
Y, de acuerdo con el Estudio de Cartera No.53 presentado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), al mes de diciembre del año anterior, la deuda total con hospitales y clínicas superaba los $20,3 billones, que significa un aumento de 6,9% frente al reporte de 2023 ($1,3 billones adicionales).
Insistiremos en la improcedencia jurídica de esta nueva Consulta que, desconoce la autonomía y la voluntad del poder Legislativo; malgasta $750 mil millones, en un momento de dificultades fiscales; solapadamente es una herramienta electoral para incendiar y exacerbar la división y de odio, ahora acusando a los Congresistas de “hp esclavistas”, “malandrines de capa caída”, entre otros improperios, que solo contribuyen a debilitar la democracia, el estado de derecho y la institucionalidad.
